El hecho de que los dos diputados de Cabildo Abierto (CA) que integran la comisión especial que trata la reforma jubilatoria decidieran no participar en una instancia previa en la que legisladores oficialistas intercambiaron con las principales autoridades relacionadas al proyecto sobre cómo será el trabajo en la comisión se vio algo matizado por la decisión de Eduardo Lust, diputado cabildante, de asistir a título personal a la comisión para evacuar algunas dudas que tenía personalmente, más allá de que no integra el ámbito que estudiará a fondo lo aprobado por el Senado a fines del año pasado.

La idea de CA de no asistir no fue una sorpresa para los integrantes de la comisión, según comentaron algunos asistentes a la diaria. Si bien hubo varias idas y vueltas, la decisión se tomó pocos días antes de la convocatoria de este lunes. Martín Sodano, diputado de CA que integra la comisión, justificó que para ir a este tipo de reuniones, “que son en un búnker” donde no van “a corregir nada”, lo mejor era no ir, para así plantear los reparos en la discusión parlamentaria.

Las críticas al proyecto por parte de CA ya rondaban la antesala del tratamiento en Diputados; en ese momento, los cabildantes ya adelantaban que discrepaban con que el cálculo en el sueldo básico jubilatorio pase de 10 a 25 años y también había quejas en lo que refiere a las pensiones por invalidez y certificaciones médicas.

Asimismo, el legislador sostuvo que Rodolfo Saldain, redactor del proyecto de ley, “salió públicamente a la prensa diciendo que la ley no se vota y está sellada”, algo que incomodó a los diputados integrantes de la coalición y también a buena parte del partido liderado por el senador Guido Manini Ríos. En concreto, para Sodano, este tipo de “reuniones informales” no genera el “debate verdadero de la comisión, donde no quedan las constancias de cuál es la posición de cada partido político”.

Por su parte, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez apuntó que esperan que “de aquí en adelante” el “ánimo con el cual compareció el colega Lust sea el de todo CA”. “Queremos conversar con nuestros colegas, recibir los planteos ─que lo venimos haciendo de forma bilateral─ y poder responderles a ellos directamente, por eso entendemos que es importante que ellos participen en estas instancias. Le da mayor contundencia a los procesos”, consideró en rueda de prensa.

En ese marco, opinó que no les parecía correcto que se formularan planteos a través de los medios: “No lo hemos hecho ni lo vamos a hacer, formular planteos y mucho menos responderlos a través de la prensa. Debe ser in situ, en un determinado ámbito, que no sea por la prensa, sino cara a cara como la gente de bien conversa las cosas”, expresó, y auguró tener un “buen diálogo” que “sin ser el 100% de lo que uno puede llegar a pretender llegue a construir una salida, una síntesis de todos los planteos”.

El que habló en nombre del Poder Ejecutivo fue Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social, quien consideró que la reunión previa fue “fructífera”, pese a la no asistencia de los cabildantes, y aseguró que la postura de los legisladores de CA “no molestó”.

En suma, remarcó la presencia de la representante del BPS por CA, Araceli Desiderio, y del propio Lust. “Uno tiene arriba de la mesa muy claro el acuerdo, que dimos todos la palabra ─los líderes de todos los partidos de la coalición─ que íbamos a acompañar este proyecto que entró al Senado, y que además CA votó en el Senado así que el episodio de si estaban los representantes de CA en la reunión es totalmente adjetivo. Lo importante es el compromiso político que existe y que se ha ratificado hasta ahora en todas las instancias parlamentarias”, consideró.

En tanto, sobre los costos políticos, algo planteado por Sodano, Mieres consideró que “si uno gobernara con base en el cálculo del costo político”, no se estaría “cumpliendo con el mandato de la ciudadanía”, que “pidió que llevemos adelante un programa de gobierno, que nos hagamos cargo de los problemas del país y que los encaremos para resolverlo”.

Lust le bajó el tono a la polémica y dijo que asistió a escuchar y hacerles preguntas a las autoridades porque este martes, que será la instancia formal en la comisión especial, tiene una cita con el médico y luego debe tomar exámenes en la Facultad de Derecho, donde ejerce la docencia. En concreto, el cabildante consideró que era “de importancia” la reunión, porque lo hacía la coalición en su conjunto. “La reforma hay que hacerla. En su mayoría está de acuerdo, y en otros son temas a conversar. Tampoco uno es el dueño del texto”, apuntó.

De “inconstitucionalidades”

Sodano entiende que en el proyecto de reforma se encuentran algunas “inconstitucionalidades”. A modo de ejemplo, sin entrar en detalles, citó la creación de la Agencia Reguladora de la Seguridad Social y los cambios establecidos para el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS). Sin embargo, Lust ─que es abogado constitucionalista─ consideró que “inconstitucionalidad notoria, que la Corte declara como a tapa cerrada”, por el momento, “no hay”. Aun así, expresó que podría haberla, pero que se tendría que estudiar “con detenimiento”.

Por su parte, Rodríguez contestó a Sodano que “no es de recibo” el planteo sobre la agencia. En esa línea, expresó que en el Estado “han existido agencias reguladoras por encima de entes que establece la Constitución y eso no ha determinado su inconstitucionalidad”. Por lo tanto, sostuvo, el caso de la agencia sería “análogo a otros casos que han existido”.

En cuanto al IASS, dijo que está “demostrado en sentido público y manifiesto” el compromiso del presidente Luis Lacalle Pou de reducir gradualmente el IASS en etapas, cosa que anunciaría el 2 de marzo en su comparecencia ante la Asamblea General para hacer un balance de su tercer año al frente de la Presidencia. “Se hará pública cuál será la primera etapa de esa reducción. Es una discusión a la que no le encontramos el sentido”, concluyó Rodríguez.

La comisión especial de Diputados recibirá este martes a las 10.00 a las autoridades de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Economía y Finanzas, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la Comisión de Expertos que elevó recomendaciones al Poder Ejecutivo para que redactara el proyecto. Según indicaron a la diaria, la idea es que el tratamiento no pase más allá del 30 de marzo. De todos modos, aclararon que no hay un plazo.