La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, compareció este viernes de mañana ante la Comisión de Hacienda del Senado junto al director de Aduanas, Jaime Borgiani, para justificar la compra de tres escáneres -dos fijos y uno móvil- que fue observada por el Tribunal de Cuentas (TC), organismo que aún no dio el aval para que se siga adelante con la adjudicación. La empresa ganadora, que competía con otras dos, fue S2 Global; el importe total era de cerca de 43 millones de dólares y el contrato tenía una duración de diez años.
Según había manifestado el TC en su momento, el procedimiento que llevó adelante el gobierno vulneraba la “igualdad de los oferentes”, ya que le permitió a S2 Global calificar como confidencial información que era “sustantiva” para evaluar sus antecedentes. “La carta del fabricante y proveedor del sistema (en referencia a la nota que envió Rapiscan Systems) no asume responsabilidad ni compromiso alguno, sino que autoriza todo ello en S2 Global”, alertaba el TC en su resolución.
Además, el TC advierte que S2 Global, con sede en Delaware, “no tiene estados contables propios”. “Presenta los indicadores económico-financieros y de ventas de su casa matriz, pero no ofrece garantías o respaldo alguno de la misma. Por si ello fuera poco, los indicadores de la casa matriz tampoco cumplen con los ratios solicitados en el pliego”, añade la resolución.
Tras esta observación del tribunal, el MEF pidió revisar la decisión, pero el 11 de enero el TC ratificó la observación con la misma mayoría.
Sergio Botana, senador blanco y presidente de la Comisión de Hacienda, señaló en una rueda de prensa que la compra de los escáneres es “imprescindible” para Uruguay, que tiene que dejar, “de una vez por todas”, de ser considerado “una ruta de narcotráfico para ser lo que queremos ser, un puerto de distribución en la región coherente con el prestigio del país”. Arbeleche, en esa misma línea, dijo ante la comisión que la compra fue ajustada a derecho.
“Es absolutamente pertinente y de altísima conveniencia para el interés del país. No podemos postergar un día más tener el contralor, debido a todos los contenedores que se mueven en nuestro puerto, de los que entran y de los que salen. Estamos adquiriendo la capacidad de controlar 70% de los contenedores en vez de 6%, que es nuestra máxima capacidad en el momento actual”, informó Botana.
En ese marco, consideró que las observaciones del TC son “absolutamente políticas, en la medida en que discrepan claramente con el dictamen de los servicios técnicos del propio organismo”. La observación contó con el respaldo de los tres ministros que designó el Frente Amplio (Miguel Aumento, Enrique Cabrera y Diana Marcos) y la presidenta del TC, Susana Díaz, que es neutral. Mientras tanto, los otros tres representantes, designados por el gobierno (Francisco Gallinal, Darwin Machado y Álvaro Ezcurra), votaron en contra de la resolución con la fundamentación de que la División Jurídica del TC aconsejaba aprobar el gasto del MEF sin objeciones legales.
Más allá de las críticas desde el oficialismo, Botana aclaró que “ningún republicano haría algún tipo de cuestionamiento sobre su constitución [del TC] y sobre el procedimiento de sus integrantes”. Eso sí, en lo que pueden discrepar, dijo, es “con el hecho de que postergue un proceso de este tipo sin fundamento legal y sin ser coherentes con la opinión de los propios servicios del TC”.
Además, sostuvo que se hizo oídos sordos a la postura de los servicios contables que entendieron que el proceso “fue ajustado a derecho tanto en lo que es la propia iniciativa como en la necesidad de apostillar la documentación”. “Las justificaciones a los aparatos que presentó cada empresa, su capacidad de brindar el servicio correspondiente y, por supuesto, su solvencia desde el punto de vista económico-financiero”, detalló.
Por su parte, el senador frenteamplista José Carlos Mahía negó que la postura del TC sea meramente política. En diálogo con la diaria, indicó que le “llamó mucho la atención” que en esta “oportunidad” el gobierno “saliera a cuestionar” la resolución del organismo de contralor “porque no estuvo de acuerdo con su visión, mientras que en otras oportunidades, con una mayoría distinta, laudó a favor de posiciones que amparaban las acciones del gobierno con respecto a la terminal del puerto y Katoen Natie”. “Eso no lo cuestionaron”, agregó.
Sin embargo, estableció, hay “dificultades” porque hubo una serie de cuestiones que “quedaron sin contestar más allá del acuerdo que tenemos todos en la importancia de tener un escáner acorde a la demanda, que hoy exige contar con ese tipo de tecnología por los movimientos de contenedores en el puerto, la seguridad y el combate al narcotráfico”. “Que hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero no de esta manera”, sostuvo.
A su vez, cuestionó que se haya aceptado una iniciativa privada cuando todavía había una licitación en marcha, “cosa que va en contra de la normativa vigente”. Las explicaciones de la ministra no fueron convincentes”, expresó.
“Lo que tampoco se explicó es por qué se termina optando por la opción más cara para el Estado”, dijo Mahía, dado que la oferta que ganó la licitación es de alrededor de 43 millones de dólares y la otra propuesta era de, aproximadamente, unos 36 millones de dólares. “Son varias inconsistencias que van en línea con lo que ya el TC señaló en forma crítica al gobierno, que de igual manera decidió seguir de largo en esto”, sostuvo.
Por último, insistió con que “llama mucho la atención” que en este caso se atribuyan razones políticas a esta resolución del ente, cuando “en un tema tan polémico -que hoy está en manos de la Justicia- como es la entrega del puerto no se haya hecho señalamiento alguno”.