El Partido Comunista del Uruguay (PCU) vuelve a tener en carpeta el caso del diputado Gerardo Núñez, luego de que en marzo de 2022, hace unos 11 meses, resolviera tomarse licencia de su actividad parlamentaria. Es que en las últimas horas la jueza de feria María Fátima Boné resolvió el archivo de la causa en el juzgado especializado de Familia de quinto turno, donde una expareja del legislador frenteamplista había radicado una denuncia por violencia de género.

A raíz de la denuncia, la jueza Karen Cuadrado había dispuesto diversas medidas cautelares, como la prohibición de acercamiento y de comunicación de Núñez a la víctima, además de la obligación de concurrir a un programa enfocado en hombres que deciden dejar de ejercer violencia de género. Estas medidas cautelares vencieron en octubre y, según informó Montevideo Portal y confirmó la diaria con fuentes del caso, el 26 de enero la jueza de feria archivó la causa, lo que implica dar por cerrado el tema y no elevar la denuncia a un juzgado penal.

Fuentes judiciales explicaron a la diaria que los juzgados especializados de Familia no están abocados a disponer penas sino a imponer medidas que eviten la continuación de situaciones de violencia. En general, si esas medidas se cumplen y no se registran nuevos episodios violentos, los casos se dan por cerrados. En esta causa, además, según indicó la abogada del diputado, Núñez pidió que hubiese pericias psicológicas y psiquiátricas para ambas partes, pero la defensa de la denunciante solicitó evitar esta situación, lo que derivó en que no hubiese más actuaciones.

Este caso no tiene vinculación directa desde el punto de vista judicial con otro que también involucraba a Núñez: una denuncia anónima a través de redes sociales que indicaba que él “se aprovechó” y pasaron “cosas que no tendrían que haber pasado” durante un encuentro entre él y otra persona. Ese tema derivó en una denuncia penal por difamación que Núñez presentó contra quien hizo la denuncia en redes, caso que tomó la fiscal de Flagrancia de cuarto turno, Brenda Puppo, y que se saldó con un acuerdo reparatorio que consistió en que la misma persona que había escrito la publicación se retractara.

Análisis en la interna del PCU y en el TCP

Ahora, según pudo saber la diaria en contacto con fuentes dirigenciales del PCU, el tema “se está por analizar”. Es que el fallo es reciente y la cúpula del partido aún no lo evaluó, alegan. En la interna comunista deberán resolver si Núñez retorna a su banca o si continúa su suplente, Micaela Melgar.

Se manifestó que la resolución que se tome sobre el caso “debería ser rápida”, porque el Parlamento está a punto de retomar su actividad normal y los diputados “están empezando a trabajar” en los diversos temas, pero el problema radica en que “hay distintas opiniones” sobre lo que debe resolverse, ya que hay quienes piensan que el archivo de la causa no es razón suficiente como para que vuelva Núñez.

En todo caso, todos dan por hecho que la decisión final en torno a la banca debe ser tomada por el PCU, que lo resolverá internamente, aunque probablemente se espere a que haya un dictamen del Tribunal de Conducta Política (TPC) del Frente Amplio (FA), que aún continúa evaluando el caso.

El TCP demoró meses en comenzar a tratar el caso debido a dificultades normativas. Entre otros elementos, nadie había presentado una denuncia ante ese organismo y no se contaba con el testimonio de la víctima. Finalmente, luego de algunas idas y vueltas, se interpretó que había margen de acción para que el tribunal tomara cartas en el asunto y así lo hizo.

La presidenta de la comisión de Género y Feminismo del FA, Patricia González, declaró a la diaria que, a raíz de “las dificultades” que tenía el TCP para intervenir en una situación de este tipo, vinculada a un accionar por fuera del ámbito político-partidario y del parlamentario, se buscó “hacer una adecuación normativa” para casos similares en el futuro.

“Teníamos dificultades en términos normativos porque, en nuestro ordenamiento jurídico, lo personal queda por fuera. En relación a eso tenemos una propuesta que hicimos a fines del año pasado, de modificación del estatuto del FA, para incorporar algunos condicionamientos en relación a este tema, como que la ética política tiene que ver con la ética antipatriarcal y antirracista que dispone la fuerza política, por tanto eso guía la ética de los dirigentes y de los militantes”, apuntó.

Esa reformulación del estatuto actualmente “está en discusión en bases y sectores”, luego de ser propuesta en diciembre, y de aprobarse permitirá al TCP “un trabajo más efectivo”, incluso en lo vinculado a la vida personal de los dirigentes, estimó González.

Fuentes del TCP indicaron a la diaria que, en referencia al caso de Núñez, está previsto llegar a una resolución en febrero y se emitirá un dictamen que incluirá, en caso de que lo amerite, posibles sanciones. Luego de eso, está previsto que el FA reúna a su Plenario entre marzo y abril, y en esa instancia, con el dictamen del TCP sobre la mesa, se analice la situación.