La Mesa Política Nacional del Frente Amplio manifestó el lunes su rechazo ante las medidas aplicadas por el gobierno de Nicaragua “contra más de 300 dirigentes políticos y sociales, referentes religiosos y culturales, periodistas y activistas a favor de los Derechos Humanos opositores o críticos al gobierno del presidente, Daniel Ortega”.

En esa línea, el FA expresó “su firme rechazo” a las medidas que “vulneran las libertades y el derecho a la nacionalidad, la ciudadanía y la propiedad establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

El 9 de febrero Ortega ordenó la excarcelación de 222 presos políticos, entre ellos, Dora María Téllez, “comandante 2” de la revolución y exministra sandinista, y Cristiana Chamorro, encarcelada tras su intento de postularse a la presidencia en las elecciones de 2021.

Hasta entonces recluidas en diferentes cárceles, luego de ser liberadas fueron enviadas a Estados Unidos en un chárter. Antes de aterrizar se conoció la noticia de que la Asamblea Nacional de Nicaragua había aprobado una reforma constitucional que les revocó la nacionalidad a más de 300 personas, entre ellas, quienes fueron privadas de libertad.

En este marco, el FA manifestó “su honda preocupación y dolor” por la crisis política e institucional que atraviesa el país y denunció que “la condición de apátridas”, que decretó el gobierno de Ortega “coloca” a las personas en una “situación de vulnerabilidad e indefensión inadmisible”.

Por otra parte, la fuerza política señaló que este escenario se ve agravado “por injerencias externas y sanciones unilaterales promovidas y/o impuestas por sucesivos gobiernos de los Estados Unidos de América y cuyas consecuencias sociales y económicas impactan duramente sobre los sectores más vulnerables y desprotegidos de su población”.

En esa línea, indicaron que “la superación” de la crisis requiere establecer “mecanismos de diálogo inclusivo, responsable y productivo”, que deben ser auspiciados por la comunidad internacional, pero sin apartarse del “principio de no intervención en los asuntos internos de los países”, que está consagrado en las cartas de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.

“No hay excusas para avasallar las libertades de expresión, asociación y manifestación pacífica. Cualquier limitación a las mismas ha de contar con las garantías del derecho interno, el que no debe estar contrapuesto al derecho internacional cuyos compromisos se han asumido”, indicaron.

El órgano partidario consideró, además, que el país centroamericano enfrenta un problema que no es ajeno a “situaciones similares” de otros países de la región, que asimismo “ameritan la atención y seguimiento” por parte del FA.

En febrero, algunos referentes del partido adhirieron con sus firmas a una petición en la plataforma change.org que condenaba la “violencia sistemática de los derechos humanos” en Nicaragua. El exministro de Economía y Finanzas Danilo Astori, el diputado de Fuerza Renovadora Gustavo Olmos, las exsenadoras Mónica Xavier y Constanza Moreira, el exintendente de Montevideo Ricardo Ehrlich, el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Álvaro García y el presidente del Partido Demócrata Cristiano, Jorge Rodríguez, fueron algunos de los que firmaron.