La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) presentó dos nuevos proyectos de ley relacionados con el voto exterior. En concreto, el senador Mario Bergara elevó, nuevamente, una propuesta para que se logre aprobar el voto consular, mientras que su par José Carlos Mahía busca que se modifique el artículo quinto de la Ley 13.882, que refiere a “ciudadanos con inscripción vigente en el Registro Cívico Nacional”, para que se flexibilice la posibilidad de que uruguayos que estén en el extranjero puedan levantar la exclusión de votar y de esta manera queden habilitados para hacerlo.

El proyecto de ley de Bergara plantea en su exposición de motivos que “debe ser prioridad de todo Estado democrático velar y garantizar” el derecho al ejercicio del sufragio. En ese sentido, se basa en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de 1948, entre otros documentos y organizaciones internacionales que se han expedido sobre el tema, como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Organización Internacional para las Migraciones.

Según expuso el senador, “la diáspora uruguaya contribuye al desarrollo del Uruguay con aportes materiales como donaciones, remesas, envío de dinero para asistir daños ocasionados por desastres naturales, turismo e investigaciones científicas y tecnológicas; e inmateriales, organización de actividades culturales de interés nacional, talentos en áreas como la deportiva, musical y científica, entre muchas otras”.

Sostuvo que el avance de las telecomunicaciones y el “acortamiento” de las distancias “hacen del mundo un espacio interconectado”. Afirmó que el movimiento de personas es “creciente” y que “el mayor flujo de personas lleva a que los ciudadanos generen vínculos económicos, jurídicos y emotivos con otras naciones”.

Según se estima en el proyecto, hay cerca de 600.000 uruguayos fuera de fronteras, lo que representa 17% de la población del país. Es por eso que, según indica el proyecto, el Estado tiene la “obligación con respecto a sus ciudadanos que residen en el exterior de garantizar su derecho al sufragio”.

Si bien el tema ronda desde hace años en el Parlamento, desde el oficialismo entienden que ya está laudado. Por ejemplo, el senador del Partido Colorado Germán Coutinho dijo a la diaria que “el pueblo ya laudó” el tema, en referencia al plebiscito de 2009 en el que se intentó cambiar la Constitución, pero no se logró porque llegó a 37% y se necesitaba más de 50% de adhesiones.

“Después se intentó buscar por otros mecanismos”, agregó el colorado, puesto que en la pasada legislatura –en la que el FA tenía la mayoría parlamentaria– se aprobó la Ley 19.654, donde se declaraba que tenían “carácter interpretativo” algunos artículos de la Constitución, por ejemplo, “que el hecho de residir fuera del país no obsta al ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía”. Eso llevó a que se creara una comisión honoraria con el cometido de analizar “las alternativas jurídicas para la instrumentación del voto” en el exterior. Al respecto, esa comisión propuso el “voto a distancia” como “la mejor forma” de habilitar el sufragio en el exterior.

En 2020, sin embargo, ante una acción promovida por el oficialismo, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional ese artículo. “En este arranque parlamentario pensé que el FA iba a ir por temas más importantes, y por cuestiones del día a día, no por temas electorales”, agregó Coutinho.

En tanto, el senador por el Partido Nacional Amin Niffouri dijo que al proyecto “hay que estudiarlo bien”, pero que “no es un tema nuevo”. En ese sentido, aseguró que “tampoco aporta presentarlo en momentos en que estamos próximos a elecciones”. “Son temas que hay que hablarlos, y buscar los consensos con tiempo. Más allá de la opinión que se puede tener, favorable o no, a este proyecto, yo comparto mantener como estamos”, estableció en conversación con la diaria.

Otros puntos

El proyecto de Mahía indica que la disposición vigente ordena la exclusión definitiva del Registro Cívico de todos los ciudadanos que “no hayan participado en las últimas dos elecciones y no se hayan presentado dentro de un plazo de tres años a regularizar su situación”. Según se afirma en la exposición de motivos del proyecto, esta medida constituye un “exceso de celo” porque “prácticamente se está disponiendo la muerte ciudadana de las personas, por no haber cumplido con la obligatoriedad del voto”.

En diálogo con la diaria, Mahía indicó que el derecho al voto de los uruguayos es “sagrado esté donde esté” y es “parte de su identidad ciudadana”. “Más allá de esto, lo que intenta el proyecto es restaurar una situación que genera una dificultad muy grande para los uruguayos residentes en el exterior y que puede ser subsanable con voluntad política”, indicó.

En síntesis, el proyecto de ley “habilita y estimula” a que mantenga su derecho al voto y que además la Corte Electoral dé los pasos institucionales para que por medios electrónicos se habilite a que la persona pueda “rehabilitarse como inscripta en el padrón electoral”.