Algunos grupos de personas con banderas del Espacio 40, el sector del Partido Nacional liderado por el ministro Javier García, y hasta un avión, de esos que arrastran carteles y se suelen ver sobrevolando las playas, esperaban en los alrededores del Palacio Legislativo a que arribara el presidente Luis Lacalle Pou. Enfrente a los de Espacio 40 también había otro grupo de personas que lo estaba esperando, pero eran opositores, ya que sostenían una pancarta que decía “Herrerismo con H de Hambre”.
El mandatario llegó a las 18.00 para brindar un mensaje ante la Asamblea General, con un balance de los tres años de gestión del gobierno y los famosos anuncios de reducción del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) y el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF). A diferencia de las veces anteriores en las que Lacalle Pou se presentó ante la Asamblea General, la organización dejó entrar al público al Salón de los Pasos Perdidos, en donde al final no faltó el tour de selfies del presidente.
“Nos gusta rendir cuentas, venimos a relatar lo que hicimos y también lo que pensamos hacer”, empezó Lacalle Pou, una vez acomodado en el Parlamento. Recordó que dos de sus tres años de gobierno estuvieron marcados por la emergencia sanitaria, la cual “todos los uruguayos, conjuntamente con el gobierno, pudimos atravesar haciendo uso de nuestra libertad de manera responsable”. No obstante, afirmó que la pandemia “no fue obstáculo para que el gobierno llevara adelante el plan que había planificado”.
El mandatario aseguró que, una vez superada la pandemia, Uruguay actualmente “demuestra una recuperación”. Señaló que 2022 cerró con un crecimiento económico “superior al 5%”, con un récord de exportaciones y con “el menor riesgo país de toda América del Sur”. Por esto, sostuvo, “nos hemos ganado el reconocimiento internacional, gracias al desempeño de nuestras finanzas”.
Asimismo, apuntó que en el 2022 “hubo un récord de personas que dejaron de estar en la informalidad”, y que, al mismo tiempo, la tasa de desempleo marcó “registros menores que los del año 2019”. También señaló que durante el año pasado fue récord en materia de “proyectos de inversiones al amparo de la Comap [Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones]”. Dicho esto, manifestó: “Tenemos razones para creer en las oportunidades que tiene nuestro país por delante”.
Rebajas del IASS y el IRPF
Sobre el final de su discurso, el presidente anunció las características de las rebajas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS), que había adelantado previamente. Señaló que cerca de 63.000 trabajadores “van a dejar de pagar el IRPF” y alrededor de 20.000 jubilados dejarán de pagar el IASS. Las modificaciones impositivas, sostuvo, “van a beneficiar al 75% de los contribuyentes”.
“A lo largo del discurso he hablado de crecimiento económico, aumento de empleo, finanzas equilibradas, cumplimiento de metas fiscales y del apoyo creciente a los más vulnerables”, expresó el presidente, “hemos demostrado que con dedicación, esfuerzo y respeto por el dinero de los uruguayos se pueden conjugar todas estas cosas”. Por eso mismo, sostuvo, “hoy queremos anunciar otra acción más”, y manifestó: “Estamos en condiciones de proceder a una baja de impuestos”. Y así se ganó los aplausos de la Asamblea General.
- Leé más sobre esto: El FA advirtió, tras anuncios de Lacalle Pou, que “para 70% de las familias uruguayas de menores ingresos no hay ninguna medida”
La reforma educativa: “Salir de la zona de confort”
La transformación educativa fue uno de los temas que Lacalle Pou abordó con mayor detenimiento. Señaló que su administración se propuso “dejar de lado los discursos y pasar realmente a la acción”, con referencia a la reforma curricular impulsada por el gobierno desde la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
El mandatario destacó “la participación de docentes que tomaron las experiencias exitosas, muchas de ellas en nuestro país y, por supuesto, las sugerencias técnicas” para su elaboración, lo que implicó “una nueva forma de enseñar que tiene que estar adecuada a los tiempos que corren”.
“Todos sabemos que el problema está de los dos lados: lo que se enseña, que muchas veces está alejado de la realidad y, por otro lado, que los niños, adolescentes y jóvenes no creen -no ven- en la educación una herramienta de superación”, consideró, al tiempo que entendió que por eso se debe “salir de la zona de confort”.
Se apuesta a “concretar una transformación curricular basada en competencias”, que busca “fortalecer los centros educativos, esto se hace fortaleciendo los equipos de supervisión de dirección, realizando concursos, [brindando] cursos a directores y llamando a inspectores”, sostuvo.
En paralelo, Lacalle Pou anunció que se van “a multiplicar los centros María Espínola: pasamos de 12 a 29 y, si todo sale bien, vamos a terminar el 2023 con 43 de estos centros cuyas bondades ya conocemos”.
En el sentido programático, destacó la elaboración de “un marco curricular nacional, estableciendo diez competencias generales”, y la aplicación de “un nuevo plan de educación básica integrada de tres a 15 años”.
“La transformación educativa se propone algo que reclamábamos al gobierno anterior y que sé que puede ser un proceso traumático para algunos”, admitió Lacalle Pou, quien además señaló “la permanencia de los docentes de manera efectiva durante tres años en un centro educativo”, como una de las características de la transformación educativa.
Trabajo y seguridad social
“En materia laboral, a casi tres años de haber decretado la emergencia sanitaria, nuestro país se ha recuperado enormemente”, dijo Lacalle Pou, y repasó que “la tasa de desempleo es menor a la que había incluso antes de la pandemia, de nuevo, cifras: en 2019 había 158.294 desempleados y en 2022, 141.326, 17.0000 hombres y mujeres que hoy ya no están desempleados”.
Asimismo, sostuvo que el número de trabajadores en seguro de paro disminuyó: “Tuvimos un aumento enorme en 2020 y 2021, el promedio de 2022 fue de 46.000, mientras que en 2021 superaba los 61.000”.
También mencionó brevemente que en el Senado se está tratando un proyecto de personería jurídica para los sindicatos, algo que a su juicio “va a generar un funcionamiento mucho más garantista”.
Destacó que el año pasado el gobierno firmó un acuerdo con el sector público para recuperar el poder adquisitivo y este año “será fundamental” la recuperación del salario del sector privado.
Luego Lacalle Pou se centró en el proyecto de la reforma de la seguridad social, que tiene media sanción en el Parlamento. “¿Somos conscientes que la automatización, la rotación de los puestos de trabajadores y los trabajadores por cuenta propia aumentaran? Uruguay ya está transitando estos cambios y es necesario que las leyes acompañen esta dinámica actual” afirmó, y resaltó que es una reforma “progresiva”, “inclusiva” y “solidaria”.
Vivienda: proyecto para solucionar proyecto de deudores del BHU
En materia de vivienda, mencionó las distintas iniciativas respecto a deudores del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), en particular la del Partido Nacional y la de Cabildo Abierto. “Quien habla asumió un compromiso durante la campaña con este tema. Es cierto, cuando algunos deudores me cruzan y me dicen que todavía no aportamos la solución... Mi respuesta es serena y [digo] tranquilamente que el paso del tiempo solo ha sido para tener una mejor solución y más abarcativa. En las próximas semanas vamos a tener noticias formales al respecto”.
El mandatario recordó que al momento de asumir, en marzo de 2020, anunció “que la vivienda popular tendría prioridad” en la gestión, y que una de las “mayores preocupaciones eran y son las personas que viven en condiciones precarias y no pueden acceder a una vivienda”.
“En mayo [de 2022] se lanzó el Plan Avanzar, destinando una inversión de 480 millones de dólares, haciendo la mayor inversión que cualquier administración haya hecho antes en política dirigida a los asentamientos”, sostuvo, y señaló que el plan “va a dar solución a 15.000 hogares y cerca de 50.000 personas”.
Con relación a este plan -ejecutado en conjunto con las intendencias departamentales- “hoy hay obras anticipadas en Paysandú, Cerro Largo, Tacuarembó, Florida”, mientras que “desde diciembre” comenzaron “en Flores, Río Negro, Rivera y Maldonado”, lo que es posible, según Lacalle Pou, gracias al trabajo interinstitucional.
Seguridad: “Queda mucho por hacer”
En materia de “seguridad ciudadana”, continuó el mandatario, “debemos aceptar que el delito de homicidio ha sido el más complejo”. “Es el que más nos ha costado, es el que más le tenemos que dedicar”, admitió.
Sin embargo, puntualizó que las cifras indican que “estamos un 2,8% más bajo que en el año 2019”. Y señaló que también se registró una disminución de 18% de los hurtos, de 23,5% de las rapiñas y de 40% de las denuncias de abigeato, siempre en comparación a los datos de 2019. “No los quiero aburrir con cifras, pero es bueno decirlas para no dejar los conceptos sobrevolando. Si bien los registros durante nuestro gobierno han mejorado sensiblemente, queda mucho por hacer”, expresó.
Además, Lacalle Pou aseguró que “se sigue fortaleciendo el combate al narcotráfico” y valoró que durante 2022 “se hicieron 1.652 allanamientos y se tapiaron 65 bocas de pasta base”.
Detrás de las cifras, sostuvo, hay un trabajo “profesional y técnico”, a partir de “una mejora en la infraestructura, un cambio en el despliegue territorial y una mejora en las condiciones laborales de los policías”. En ese sentido, destacó que el año pasado se firmó un convenio colectivo entre el Ministerio del Interior y los sindicatos policiales, que pautó un aumento de 11,4% del sueldo mínimo de los policías ejecutivos. “Se privilegió el aumento de los salarios más bajos”, resaltó. Mencionó también que se crearon 650 nuevos cargos que serán ocupados en 2023.
Por otra parte, Lacalle Pou dijo que “se ha trabajado fuertemente en atender a la población carcelaria”, con un “esfuerzo enorme” en “tratar de reducir el hacinamiento”, así como en “mejorar las condiciones de rehabilitación”. Indicó que el año pasado se construyeron 753 nuevas plazas en el sistema penitenciario.