El proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza, comúnmente conocido como de tenencia compartida, se votará en el pleno de la Cámara de Representantes el 11 de abril, en la que será la instancia definitiva para su aprobación, en tanto consiga la totalidad de los votos de la coalición de gobierno, frente al rechazo anunciado de antemano del Frente Amplio.

El viernes pasado, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y Unicef se pronunciaron sobre el proyecto a través de comunicados en los que hicieron advertencias sobre las consecuencias que podría tener el proyecto en caso de ser aprobado y llamaron a los representantes a legislar colocando a las infancias como prioridad.

Ope Pasquet, diputado colorado y presidente de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la cámara baja, señaló a la diaria que en el oficialismo están “todos de acuerdo” en el punto que las instituciones plantean como “criterio rector en esta materia”, que es “el interés superior del niño, niña o adolescente”. Sin embargo, para el diputado se equivocan “en la interpretación del texto, porque [el proyecto] no va en contra de ese principio, sino que lo recalca, lo enfatiza, y lo señala como el norte de la brújula”.

“Inoportunas”: de esa forma calificó el diputado por el Partido Nacional Diego Echeverría las opiniones de Unicef y la INDDHH. Si bien consideró que las manifestaciones sobre estos temas “están dentro de las responsabilidades y facultades de las instituciones”, resaltó en diálogo con la diaria que ya “tuvieron oportunidad de hacerlo, de manifestarse y de escuchar”.

Días atrás, el diputado de la misma fuerza política Rodrigo Goñi señaló que no comparte el contenido de los comunicados y, al igual que Echeverría, afirmó que las instituciones ya tuvieron la “oportunidad” de presentar sus percepciones sobre el proyecto en las comisiones que lo abordaron en ambas cámaras.

Por otro lado, el nacionalista enfatizó en que los planteos de ambas instituciones son “impertinentes”. “Luego de ocho años de tratamiento legislativo en las dos cámaras”, dijo Goñi en referencia a que el proyecto original de Luis Lacalle Pou –que tomó como base el Partido Nacional en este nuevo período– entró en 2016, “de escuchar a decenas de organizaciones, tanto en el ámbito parlamentario como en amplios debates en los diversos medios, y a muy pocos días de su votación definitiva, no se entiende esta acción de reiterar sus posturas por parte de la INDDHH y de Unicef a través de comunicados públicos y cartas a los legisladores”, expresó.

En la Cámara de Senadores el proyecto ya fue aprobado. En diálogo con la diaria, Raúl Lozano, senador cabildante, apuntó en la misma línea que Goñi: “No es un proyecto de ley nuevo, tiene más de dos años, tuvieron más que suficiente tiempo como para expedirse y hacer sus planteos”. Según el senador, este no es el “momento oportuno” para pronunciarse, si se considera que el proyecto ya “se terminó de trabajar y está pronto para votarse en el Plenario”, aunque matizó que “cualquier organización tiene su derecho a opinar” y “eso está fuera de discusión”, pese a que en esta ocasión “está un poco a destiempo”.

Si bien la INDDHH expresó al Parlamento su preocupación respecto del proyecto de tenencia compartida en varias oportunidades entre 2021 y 2022, el año pasado la institución renovó su directorio, por lo que el del viernes fue el primer posicionamiento formal del nuevo Consejo Directivo frente a la iniciativa. Como punto central, la INDDHH pidió a los legisladores revisar el artículo 4, que “puede implicar la vinculación entre el niño o la niña y su posible agresor o agresora”.

Respecto del cambio de directorio y, por tanto, de la continuidad de la opinión de la INDDHH sobre el proyecto a través de los consejos directivos, Pasquet opinó que “no es cuestión de personas” sino que “es la institución que opina” y “los conceptos que manejan, que están equivocados”. En la misma línea, Echeverría dijo que “uno tiene que escuchar, compartiendo o no, los pronunciamientos de las instituciones como tales. No podemos entrar en cómo están compuestas”. Lozano, sin embargo, concluyó que “al cambiar las autoridades debería haber cambiado en cierta forma algún tipo de prejuicio que pudieran tener, pero es la opinión de ellos y los legisladores están para legislar”.