Está previsto que el martes se ponga a consideración del plenario de la Cámara de Diputados el proyecto de “corresponsabilidad en la crianza”, mejor conocido como de “tenencia compartida”, una iniciativa impulsada por el Partido Nacional y Cabildo Abierto (CA) y rechazada en bloque por el Frente Amplio (FA). Como en cualquier votación con esas características, con el oficialismo en dominio de la mayoría parlamentaria la tendencia es auspiciosa para los promotores del proyecto, pero en realidad este caso es un poco más complejo porque varios diputados colorados se manifestaron en contra y otros tantos están en duda.
Para situaciones como esta, en las que se pretende anticipar el resultado final, sería beneficioso tener una calculadora a mano. La coalición de gobierno tiene 56 diputados, el FA 42 y el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) uno. Así se conforma la plana de 99. En filas del Partido Nacional, se espera que sus 30 diputados voten en bloque a favor del proyecto y lo mismo sucede con los 10 de CA. Sin embargo, de ese partido se desprendió meses atrás Eduardo Lust, que dio su voto cuando el proyecto se aprobó en comisión en diciembre pero luego le dirigió fuertes críticas, e incluso afirmó que está “mal redactado”.
En el Partido Colorado, que tiene 13 diputados, la situación es más entreverada, porque los representantes del sector Batllistas, que son cuatro, en principio son favorables al proyecto, al igual que Gustavo Zubía, de Tercera Vía. Sin embargo, según pudo saber la diaria en diálogo con varios dirigentes, entre los ocho diputados del sector Ciudadanos es que está el ida y vuelta, ya que algunos son contrarios, como María Eugenia Roselló, Felipe Schipani y Nibia Reisch, mientras que otros dos se mantienen en duda, como Juan Moreno y Jorge Alvear. Los restantes tres estarían de acuerdo: se trata de Ope Pasquet, Martín Melazzi y Walter Cervini.
Por su parte, Daniel Peña, del Partido de la Gente, confirmó a la diaria su voto favorable. Iván Posada, del Partido Independiente, es contrario al proyecto, mientras que César Vega, del PERI, en principio está en contra pero advierte que podría cambiar su postura el martes, durante la discusión en el plenario. En diálogo con la diaria, este último dijo que estará “muy atento a lo que se discute” ese día porque “es un tema complejo” con “argumentos arriba de la mesa en un sentido y en el otro que son muy válidos”, por lo que “podría ser” que cambie de postura.
En estas circunstancias, aunque los dos diputados de Ciudadanos que están en duda se posicionen en contra, estarían los 50 votos para que se apruebe el proyecto. Pero como la diferencia es de un solo voto, la reunión de la bancada de diputados de Ciudadanos que habrá este lunes será de trascendencia para el futuro del proyecto. Es que los contrarios al texto tienen esperanzas de que en el diálogo que allí surja se pueda convencer a los que en principio están a favor. Pero hay otra posibilidad y es que se resuelva volver a impulsar las modificaciones que meses atrás propuso Roselló y que no fueron tomadas en cuenta por el resto de la coalición de gobierno.
“No es descartable” un acuerdo en Ciudadanos
El diputado Pasquet, uno de los favorables al texto en discusión, comentó a la diaria que “no hay todavía una posición de bancada definida” y para eso van a “conversar”, “a ver qué es lo que sucede [a partir] del análisis colectivo”. De todas formas, señaló que no le parece que “este sea un tema para exigir disciplina partidaria”, ya que “no es un asunto político que exija la votación en bloque”. “Trataremos de llegar a un acuerdo porque lo deseable siempre es que la bancada vote de acuerdo, pero no es una cuestión de exigirlo ni de imponerlo”, apuntó. De todas formas, dijo que “no es descartable” un posible acuerdo.
Los dos que en principio aparecen en duda, Alvear y Moreno, también conversaron con la diaria. El primero señaló que terminará de definir su postura este lunes, pero interpreta que al final “cada uno va a tomar su decisión personal”. Moreno, en tanto, dijo que en principio tiene “una opinión buena” sobre el proyecto en discusión pero está “tratando de buscar los consensos”, ya que él era uno de los promotores de las modificaciones propuestas por Roselló, que a su entender mejoran “muchísimo” el texto.
Precisamente, Roselló declaró a la diaria que siempre trató de “mantener diálogo con los legisladores de la coalición que impulsan el proyecto de ley”, pese a que ello no sucedió y que sus modificaciones “no fueron estudiadas en la comisión”, lo que interpretó como “una descortesía”. “Más allá de que tengamos discrepancias, el diálogo siempre tiene que ser el camino”, afirmó. Con respecto al texto que se pondrá a consideración, dijo que “no resuelve el problema planteado” y “es un arma de doble filo”. Y sobre la posibilidad de volver a presentar las modificaciones en el plenario de la cámara baja, dio por descontado que no se aprobarían, al igual que sucedió en comisión.
Schipani, en tanto, también cuestionó en diálogo con la diaria que “no hubo ninguna instancia de negociación con quienes planteábamos algún tipo de reparo” al proyecto, aunque “si hay una mayoría para aprobarlo en esas condiciones, es legítimo que así ocurra”. En cuanto al proyecto que finalmente se pondrá en discusión, dijo que “es cierto que hay un problema que fundamentalmente perjudica a muchísimos padres que se ven impedidos de ver a sus hijos” pero “esta no es la solución”.
“El tema que hay que trabajar y procurar modificar es la ley de violencia basada en género (19.580, aprobada en 2017), que justamente genera estas circunstancias, y un tema mucho más de fondo que es de recursos, que el Poder Judicial no tiene los recursos como para atender estas circunstancias en los plazos que establece la ley. No tiene peritos, no tiene defensores de oficio para las partes, no tiene defensores para los niños, o sea que en el fondo es un tema de recursos”, apuntó. Así las cosas, con el proyecto en discusión, “lo que estamos generando es una puerta que puede tener un efecto contrario al buscado, puede exponer a muchos niños a situaciones de violencia”, consideró.
Apuntes similares hizo Posada, del PI, que en contacto con la diaria dijo que “hay una visión realmente equivocada de querer solucionar problemas severos que tiene la parte procesal de la ley 19.580, en otra ley, que en realidad no es donde están los problemas”. “Hay que modificar la parte procesal de la ley de violencia de género”, consideró el diputado, porque “cuando uno se enfrenta a un problema tiene que ir al origen”.
La Maestría en Derechos de Infancia de la Udelar expresó su “profunda preocupación” por el proyecto de tenencia compartida
La coordinación académica de la Maestría en Derechos de Infancia y Políticas Públicas de la Universidad de la República (Udelar), integrada por las facultades de Ciencias Sociales, Derecho, Medicina y Psicología, emitió un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación por la posible aprobación del proyecto de ley” que mañana será puesto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados.
“Este proyecto busca resolver los conflictos entre adultos relativizando el peso de la opinión de niños, niñas y adolescentes al momento de decidir las formas de tenencia y régimen de visitas tomando la tenencia compartida como primera opción. Esta postura desconoce la evidencia científica en relación con el desarrollo infantil y las actitudes que los niños y niñas asumen ante situaciones de violencia doméstica, ya sea desde el lugar de víctimas directas o de testigos”, apunta el escrito de la coordinación académica.
“Bebés, niñas y niños pequeños tienen necesidades específicas de atención y cuidado que pueden no ser satisfechas adecuadamente en un esquema de tenencia compartida. Por lo tanto, es crucial que [la tenencia] se diseñe cuidadosamente para garantizar un entorno que otorgue estabilidad y seguridad afectiva para un desarrollo saludable. Nada de esto menciona la ley”, cuestionaron los académicos.
Por otro lado, señalan que “el proyecto de ley es innecesario dado que la tenencia compartida ya existe en nuestra legislación y las situaciones de padres que sienten vulnerados sus derechos por la lentitud de los procesos judiciales podrían resolverse dotando al Poder Judicial de los recursos técnicos necesarios para tomar decisiones con las mayores garantías para las partes”.