Desde las 11.00, el Senado interpela –a instancias del Frente Amplio (FA)– al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, y a la ministra de Salud Pública, Karina Rando, “para que brinden información “en materia de inversiones, política de recursos humanos y, fundamentalmente, acerca de la gestión de la crisis hídrica y de sus consecuencias en cuanto a la disponibilidad de agua potable para el consumo humano”.

El senador de la oposición Enrique Rubio es el miembro interpelante, y el encargado de defender al gobierno será el senador blanco Sergio Botana.

Al inicio de su intervención, Rubio sostuvo que “el Parlamento Nacional no podía ser ajeno a la consideración de la crisis más grave en materia hídrica en el área metropolitana y otros lugares que se ha registrado en nuestro país”, y que “desde ese punto de vista el objetivo de esta convocatoria por parte de la bancada del FA ha sido de informarse sobre la situación, sobre la gestión de la crisis y evaluarla”, y “determinar responsabilidades en caso de que las hubiera”, así como “de intercambiar sobre el plan de contingencia, para un escenario que será muy adverso si no llueve”.

“La cuestión es el agua para consumo humano: si hay, si va a haber y de qué calidad. También tener buena información y transparencia, que la suponemos como intención, pero que es necesaria para la sociedad”, apuntó el senador, y adelantó que se harán consultas acerca de las fechas que tienen las reservas de agua, en el entendido de que “estamos en una etapa de límite crítico”. “Ojalá que llueva, pero en realidad, si esto no sucede, de acuerdo con la composición de lugar que nosotros tenemos, estaríamos en una situación muy dura para la sociedad uruguaya”, vaticinó.

Rubio planteó que a juicio de la oposición “debería haber una especie de comité de crisis y una mesa de respaldo político nacional, teniendo como unidad ejecutora al Sinae para estas circunstancias” porque “nadie se imagina que el Uruguay puede estar en esta situación y que este sea un tema sólo del gobierno”.

“Nuestra actitud es colaborar en este proceso pero tener claridad de hacia dónde vamos”, afirmó. Por el momento, señaló que “hay un manejo de la crisis” que al FA le “deja enormes incertidumbres, dudas y críticas”.

El miembro interpelante dedicó algunos minutos de su introducción a repasar las inversiones realizadas en OSE durante los 15 años de gobierno del FA. “En realidad, como se está mostrando [en una presentación de Power Point que proyectó en la sala] no sólo hay una enorme cobertura de OSE y del agua potable en la población de nuestro país, sino que hubo inversiones muy importantes durante los 15 años que gobernó el FA en nuestro país. Son 1.300 millones de dólares entre agua y saneamiento, de los cuales en la última década [corresponden a] 100 millones de dólares anuales”, aseguró.

Entre las inversiones realizadas en el período 2005-2019, destacó la planta de Aguas Corrientes (55 millones de dólares); la sexta línea de bombeo (70 millones) y otro conjunto de plantas potabilizadoras en el interior del país.

En el marco de la declaratoria de la emergencia agropecuaria, que fue en setiembre de 2022, Rubio cuestionó porqué no se tomó la misma medida pero para lo que refiere a lo hídrico, teniendo en cuenta que Montero había advertido de la baja del rebalse en la represa de Paso Severino. En ese sentido, preguntó: “¿Por qué no tomó medidas en octubre?”.

Por otra parte, señaló que el río Santa Lucía ha sido dañado “profundamente” por los distintos embalses y corrimiento del cauce que hay, en alusión a las denuncias del intendente de Canelones Yamandú Orsi, y los 486 embalses que detectaron académicos para una investigación. “Muchas fueron denunciadas por el intendente Orsi, pero quien tiene responsabilidad e instrumentos para realizar el control satelital de lo que sucede en este país es el Ministerio de Ambiente”, apuntó.

Por otro lado, se refirió a los dichos de Bouvier, quien dijo en febrero que la situación por el agua potable estaba “controlada” y que, además, acusó al representante en OSE por el FA de ser “fatalista”: “¿Dramatizó la oposición o negó la realidad del gobierno? En el día de hoy estamos en esta situación”, sostuvo Rubio.

Asimismo, indicó que no sabe porqué “hubo un informe del gerente general de OSE [Arturo Castagnino] en el que dejaba constancia de que el MSP no firmaba, no daba la autorización expresa [para el aumento de la salinidad en el agua]; consideraba que después que se adoptaron las medidas haría las valoraciones”.

Sin embargo, dijo, “a los pocos días hubo otro mensaje en conjunto con otras autoridades donde hablaban de una situación segura desde el punto de vista de salud humana”. “Hubo mensajes del MSP alertando sobre el problema de los hipertensos, diciendo en el Twitter que hay que extremar los controles de presión arterial y que los hipertensos se les recomienda -en caso de ser posible- agua embotellada”.

En ese marco, indicó que “una cosa son las consideraciones científicas y otra el impacto de la sociedad de los vocablos adquiridos”. Para Rubio, “hablar de la potabilidad del agua de OSE es hablar de la escuela laica y pública de José Pedro Varela. Cuando se toca una fibra de estas características toca la fibra de la población”.

Según Rubio, no se entiende “cómo es posible que ese mix [de agua dulce y salada] se mantenga durante semanas en un horizonte que, según el secretario de Presidencia, puede ser mucho”. “El agua para uso en las casas se va a mantener igual durante un periodo de tiempo prolongado [según dijo Delgado]; desmintió los anuncios que había hecho el presidente de OSE. ¿De donde va a salir esa agua dulce que se va mezclar con este tipo de agua salada? Es un mix que va a llegar a nuestras casas”, expresó.

Rubio apuntó que se está viviendo una “situación de riesgo”, por lo tanto hay que ir “a una alerta”. “Quizá haya que ir más lejos, a declarar una situación de emergencia que se traduzca en otros movimientos”.

Según Rubio, la población “necesita saber dónde estamos parados, y saberlo con claridad” porque ha recibido información que es “difusa y poco clara”, y que “en algunos casos se falta a la verdad.

El cuestionamiento es, dijo, a “cómo se llegó a la emergencia” por el “mal manejo del déficit hídrico y medidas del gobierno”, por ejemplo, al no haber avanzado en las obras de la represa de Casupá o en la reparación de cañerías.

Asimismo, cuestionó las decisiones políticas “con falta de soluciones a futuro”. Entre ellas, mencionó que se haya priorizado el proyecto Neptuno, que tiene un elevado costo y que, a su entender, “no soluciona la falta de reservas de agua para potabilizar ni asegura el abastecimiento ante sequías y hacia 2045”.

Recordó que la bancada del FA presentó una serie de medidas para atender la situación crítica. Entre ellas, una fue la de otorgar un voucher equivalente al valor de 10 bidones de agua embotellada a todos los beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social del Mides, como también evaluar la reiteración de la medida si la situación se mantiene.

Otra era extender el mismo beneficio a todos los jubilados y pensionistas que reciban una remuneración inferior a dos jubilaciones mínimas; exonerar de IVA e IMESI al agua embotellada en todas sus presentaciones que provengan de fuentes naturales y controlar los precios para “evitar la especulación”.

A su vez, evaluar una reducción significativa de la tarifa de OSE a los usuarios del área afectada por el incremento del cloruro de sodio en el producto; desarrollar un plan de contingencia integral que atienda los diferentes escenarios de la crisis e iniciar un proceso de diálogo y acuerdo nacional para realizar grandes obras con perspectiva hacia 2045.

Una de esas propuestas que el FA quiso elevar al Ejecutivo era iniciar una campaña de bien público, cosa que finalmente ocurrió. Sin embargo, Rubio cuestionó que llegó tarde: “Hay medidas que no se pueden postergar. ¿Tiene sentido y eficacia pedir ‘consumo responsable’ en el límite? Acá hay una afectación de la calidad del agua potable y en su acceso”.

Para Ortuño, medidas anuncias son "totalmente insuficientes"

Edgardo Ortuño, director de OSE por el FA, dijo a la diaria que las medidas anunciadas el martes de noche por el gobierno son “totalmente insuficientes”. En cuanto a la seguridad del abastecimiento de agua corriente aún en las actuales condiciones, más allá de los plazos planteados por Raúl Montero, presidente de OSE, “la iniciativa queda corta porque la represa en el Santa Lucia aguas abajo de la Planta de Aguas Corrientes no prolonga las reservas de Paso Severino más allá de 20 días o un poco más”, por lo tanto, “no cambia el ritmo de reducción actual del embalse si no se complementa con alguna medida más significativa”.

Agregó que tampoco bastan “las desalinizadoras planteadas, por su limitada capacidad de producción en relación a la escala de demanda del área metropolitana, como es el caso de la de la UTEC”. Por último, Ortuño dijo que las medidas tampoco son suficientes en el área social, “porque no se facilita la compra ni el acceso al agua embotellada a la población”, tampoco “se bajará el precio eliminando los impuestos”, como planteó la oposición, “y no habrá descuentos en la tarifa de OSE por la menor calidad del servicio, como en 2015 y 2019”.

Además, Ortuñó indicó que en la conferencia se insistió con que el proyecto de Arazatí es la solución para que este problema no ocurra más, pero eso “no es cierto”, y explicó: “No es ni puede ser la solución porque hoy hay una crisis de reserva de agua dulce para producir agua potable en la Planta de Aguas Corrientes que abastece a toda la población, mientras Arazatí producirá una tercera parte, y no sabemos si en forma continua, por la salinidad del Río de la Plata”.

Por último, Ortuño dijo que “la solución es la Represa de Casupá, que agrega 118 millones de metros cúbicos a los 67 millones de Paso Severino”. “Si no se admite, pierde el país y quedamos en el mismo punto que hoy ante una sequía grave, después de invertir millones de dólares en Arazati”, finalizó.