Finalmente, el directorio de Ancap aprobó el jueves el pliego de licitación pública para continuar con el proceso de asociación privada en el sector del pórtland, deficitario desde hace años. El documento, que autoriza distintos esquemas de asociación, fue avalado por tres votos del oficialismo -uno del Partido Colorado (PC) y dos del Partido Nacional (PN)- y rechazado por el representante del Frente Amplio (FA). Cabildo Abierto (CA) no participó en la discusión dado que la votación se superpuso con la renuncia de su director, José Luis Alonso.

De inmediato, el director por el FA, Vicente Iglesias, calificó la resolución de “inconveniente para Ancap y, en definitiva, para todo el país”. Mediante un comunicado, sostuvo que el proceso avanza “sin un debate público, abierto y transparente con toda la sociedad y el conjunto de los actores involucrados”, y reclamó una “ley específica” y un “debate parlamentario” para reglamentar la asociación con una empresa privada.

Consultado al respecto, el senador del PN Sergio Botana dijo a la diaria que “si queremos que un tema no se solucione jamás, entonces lo discutimos en el Parlamento”. El Poder Legislativo, sostuvo, “está para hacer leyes y para controlar”, y no para asumir “responsabilidades ejecutivas”.

No obstante, Botana recordó que a fines de 2021 presentó “ocho proyectos de ley vinculados al tema de los combustibles”, uno de los cuales justamente “proponía la enajenación por ley de las acciones de Cementos del Plata”, la marca comercial de Ancap en el sector del pórtland. En ese entonces, continuó, el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, manifestó en el Parlamento “que prefería hacerlo por la vía administrativa para evitar las rigideces que tiene una ley en un proceso de este tipo”. A su modo de ver, “hubo un clima de aceptación de ese criterio” en el ámbito legislativo.

El senador del FA José Nunes, por el contrario, expresó a la diaria que “es un tema que debe tratarse en el Parlamento”, porque según la Constitución la unión de una empresa estatal con una empresa privada requiere “la aprobación parlamentaria en cada cámara”. Asimismo, al margen de lo jurídico, afirmó que también existe “una cuestión de carácter programático y político”, “porque acá estamos hablando de un recurso natural finito, que es la piedra caliza, y su gestión es de interés nacional”.

A fines de marzo, Ancap informó que a la idea original que había para el sector del pórtland -esto es, la asociación “integral” con un privado en todas las plantas- se le sumaron dos nuevas opciones: una asociación parcial “sólo para exportación” con la planta de Paysandú y una asociación parcial con las plantas de Manga, Minas y Treinta y Tres.

Para cualquiera de las opciones se disponen contratos de comodato por 30 años; la participación de Ancap en la sociedad que se conforme no será menor al 20%, aunque siempre será una participación minoritaria. Está previsto que el proceso licitatorio culmine en el segundo trimestre del año y que la asociación comience a funcionar en 2024.

Sergio Botana: “La competencia gana plata sin sudar”

Los representantes del oficialismo en el directorio de Ancap aseguraron en un comunicado que la asociación privada pretende “rescatar un negocio emblemático para Ancap y para el país y que, por error o por omisión, ha sido fatalmente descuidado”. Afirmaron que, a pesar de que “en los últimos 15 años se ha intentado casi todo”, con cifras de inversión de “una magnitud nunca vista”, “nada fue suficiente y el negocio agoniza en medio de quejas y protestas por aplicar soluciones mágicas, generando falsas expectativas y distorsionando el diagnóstico de una realidad que es cruda y terca”.

Aparte de Cementos del Plata, en el sector del pórtland compiten Cementos Artigas, Cimsa SA y Cielo Azul. Según la mayoría del directorio, Ancap ha perdido espacio “de forma alarmante” y actualmente sólo tiene un tercio del mercado.

Botana agregó que, debido a la “ineficiencia” de Ancap, “los competidores que podrían vender a un precio bastante menor prefieren vender a un precio cercano al de Ancap”, es decir, “la competencia gana plata sin sudar”.

El senador nacionalista resaltó además que la asociación privada “va en favor de la industria de la construcción”. “Mientras en Uruguay no se abarate el cemento va a ser imposible hacer obra pública aprovechando una materia prima nacional. Terminamos haciendo calles de materiales provenientes del petróleo, en vez de hacerlas de cemento, a causa del sobrecosto del cemento. Bajar el precio del cemento es ayudar al obrero de la construcción y mejorar las posibilidades de inversión del país”, manifestó.

En tal sentido, Nunes coincidió en que la producción de pórtland es “una actividad económica esencial para el desarrollo” de la construcción. De todos modos, consideró que el esquema asociativo propuesto por el gobierno “pone en riesgo las oportunidades de empleo” en Lavalleja y Paysandú, donde están ubicadas las plantas de Ancap y donde la industria cementera “ha sido un factor clave para el desarrollo de fuentes de trabajo directas e indirectas”.

La oposición del sindicato

La Federación Ancap (Fancap) también emitió un comunicado luego de la aprobación del pliego. El sindicato criticó el “plan de entrega” del negocio del pórtland por parte del gobierno y sostuvo que “el futuro de un ente del Estado no puede depender de tres votos del directorio”, por eso, “lucharemos hasta el final en defensa de la industria cementera, los yacimientos y las fuentes laborales, y por el cumplimiento del mandato expresado por el pueblo en el referéndum de 2003”, en referencia a la consulta popular que rechazó la desmonopolización de Ancap.

En diálogo con la diaria, Manuel Colina, secretario general de Fancap, comentó que próximamente organizarán asambleas en Manga, Minas y Paysandú “para escuchar a los compañeros y tener su posición, que ya adelanto que es de mucha preocupación y mucha bronca”. Para Fancap, “la privatización hay que enfrentarla con todas las medidas disponibles, sin descartar ninguna”, ya que se trata de “una industria estatal entera, de recursos naturales del Estado que están siendo subastados por chirolas”.

Según Colina, hay alrededor de 550 familias vinculadas a la industria cementera “a las cuales se les está poniendo una incertidumbre sobre su fuente laboral”. Comparó el proceso de asociación privada con la extensión de la concesión del puerto de Montevideo e incluso con el proyecto Neptuno: “Esto tiene las mismas características, que son nefastas para la población, la gente y el Estado. El gobierno sigue adelante, [pero] estamos a tiempo de frenarlo”.

Consultado sobre la ausencia de un representante de CA en la votación del pliego, Colina opinó que los representantes del PC y el PN “aprovecharon una circunstancia”, porque “no es lo mismo tener una votación tres a dos que tres a uno, como terminó siendo”. Al respecto, la diaria se comunicó con Alonso, pero el exdirector de Ancap prefirió no hacer comentarios.