Que los sindicatos consideran que la ley que reformó el sistema de jubilaciones y pensiones es negativa no está en duda. Que les gustaría derogarla, tampoco. El problema radica en que no se puede impulsar un referéndum para ello, como ocurrió con 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), y sólo puede irse a una reforma constitucional, cuya forma más viable, por el panorama político partidario actual, es la iniciativa popular. La duda que está en el aire en la mayoría de las agrupaciones de trabajadores es qué debe incluir una consulta popular de este tipo para derogar la ley, e incluso hay dirigentes sindicales que plantean una duda de oportunidad.
El primer paso que se dio desde el PIT-CNT fue consultar al abogado constitucionalista José Korzeniak, a quien se le solicitó un informe sobre cuáles son efectivamente las posibilidades para derogar la ley y, en caso de que tuviese que modificarse la Constitución, cómo podría hacerse. En diálogo con la diaria Korzeniak confirmó que ya envió el documento y contó que en la Constitución se puede poner y cambiar “cualquier cosa”, sin limitaciones, y que “vale más que una ley”.
“Una de las cosas que se puede poner” es que queda sin efecto la ley aprobada recientemente, o también puede optarse por opciones de bajar la edad para jubilarse, etcétera. En todo caso, dijo que debe hacerse un “proyecto articulado que tiene que tener seriedad” y contó que se puso a la orden para ayudar en la redacción.
En el ámbito sindical, hay organizaciones que ya tienen decidido impulsar en la interna del PIT-CNT un proceso de reforma constitucional. Es el caso de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Su presidenta, Karina Sosa, manifestó a la diaria que su sindicato ya “en el año 96 planteó un plebiscito de estas características para eliminar las AFAP” pero, además de eso, buscarán ir contra el aumento de la edad de jubilarse y a “darles a los jubilados que menos ganan la posibilidad de que se aumente su ingreso”. Aseguró que existe la posibilidad de “poner en la Constitución cuestiones como estas” porque “ya se hicieron las consultas correspondientes”, pero “el tema es cómo esto políticamente se baja a la población para que tenga adhesión”. En su opinión, “esos tres puntos son de fácil transmisión a la opinión pública”.
En el ámbito social, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua también tiene decidido solicitar en la Intersocial (que integran además el PIT-CNT y la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay, entre otros) ir por el camino de una reforma constitucional. Su secretario general, Gustavo González, dijo a la diaria que hace “más de 15 días” que el Ejecutivo de la organización “decidió que de aprobarse la ley sería importante agarrar algún instrumento de democracia directa para que el pueblo se exprese”. La idea es hacerlo “con el conjunto del movimiento popular” y por eso impulsarán su discusión.
González dijo que es “la pregunta del millón” qué contenidos tendría la reforma. “Si es por nosotros, derogar toda la ley, es un cuerpo jurídico que no beneficia a trabajadores y trabajadoras, y deberá hacerse otra reforma con todos los actores y el tiempo suficiente y que toque todo el problema de la seguridad social, no como esta, que es una reforma meramente jubilatoria”.
Gerardo Rodríguez, expresidente de la Federación Ancap y dirigente del PIT-CNT, consideró en diálogo con la diaria que le gustaría que esta discusión “desemboque en el congreso del Pueblo”, que tendrá lugar en el segundo semestre, porque allí la definición “quedaría blindada de un simbolismo superior”.
Sergio Sommaruga, dirigente del sindicato de la enseñanza privada y del PIT-CNT, dijo a la diaria que además del informe de Korzeniak la central sindical recogerá “otros insumos como los provenientes de la sala de abogados del propio PIT-CNT”. Pero más allá de eso, “hay otra discusión que es estrictamente política”, que tiene que ver con “la valoración táctica” y de “la oportunidad”. En este sentido, planteó “contemplar” dos elementos: que este año hay una nueva ronda de Consejos de Salarios, que suele concentrar la atención de los sindicatos, y también el debate por la Rendición de Cuentas, la última en la que el gobierno puede aumentar su gasto. En ese contexto, una campaña de recolección de firmas “implica fuerza militante” en la propia recolección pero también en la propaganda y la difusión, además de dinero.
Pese a ello, dijo estar “absolutamente convencido de que la reforma jubilatoria es un retroceso” y que “el recurso que nos queda es el del plebiscito” y, en su opinión personal, “hay que recurrir”. Sin embargo, no considera que sea el Congreso del Pueblo una instancia como para discutir esto, porque allí el debate debe centrarse en “transformaciones estructurales de fondo”, como las vinculadas a la “pobreza infantil” y “el déficit habitacional”.
Por su parte, Fernando Gambera, encargado de Comunicación y Propaganda del PIT-CNT además de secretario general de la Asociación de Bancarios del Uruguay, dijo que “la duda” que tiene radica en “cuáles son las opciones” porque para una reforma constitucional hay que “aportar el texto, qué es lo que se votaría”, lo que sería necesario definir antes de hacer un “análisis político”.
En este sentido, Gambera planteó que esta discusión tiene un grado de dificultad mayor que el del referéndum sobre la LUC, “con el condimento de que es en simultáneo con una elección nacional”, porque de juntarse las firmas, el plebiscito sería el mismo día. “Hay que tener todo arriba de la mesa y evaluar costo-beneficio”, sentenció.
Del lado del Frente Amplio, según informó El Observador y confirmó la diaria, su Mesa Política resolvió conformar una delegación que se reunirá la semana que viene con dirigentes del PIT-CNT. Se trata del dirigente comunista Juan Castillo, el seregnista Jorge Polgar, los socialistas Daniel Olesker y Daniela Brandon, y Mercedes Romero por parte de las bases. Según supo la diaria, principalmente lo importante es “tener idea de cuál es la posición del PIT-CNT” y “sobre todo discutir de política”.