“Las limitaciones vienen porque se consideraba al cannabis como un narcótico y, en la lucha contra el narcotráfico, tratan de cortarles la vía del movimiento de dinero. Por eso todo lo que fuera asociado al narcotráfico, que en este caso no lo sería, no está autorizado a abrir cuentas” en el sistema bancario, resumió y explicó a la diaria Ricardo Páez, presidente de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal (Cecam).
En efecto, la normativa de Estados Unidos prohíbe a sus bancos operar con empresas que comercializan drogas. En el caso del cannabis, aunque es legal en algunos estados, la ley federal lo sigue considerando como una sustancia prohibida, lo cual impide la apertura de cuentas bancarias por parte de empresas vinculadas a la producción de cannabis. En Estados Unidos esto sólo está permitido en las instituciones financieras de los estados que regularon el cannabis, pero no en los bancos que operan a nivel federal.
En diciembre de 2013, a través de la Ley 19.172, Uruguay reguló la producción, importación, distribución y venta del cannabis. Desde entonces es una actividad legal y, en teoría, no hay ninguna norma que limite la participación de las empresas en el sistema bancario. Sin embargo, como tienen que operar con bancos internacionales -sobre todo estadounidenses-, los bancos uruguayos no pueden abrir cuentas asociadas a empresas del rubro.
El tema de la regulación del financiamiento del mercado de cannabis está siendo tratado desde el año pasado en la comisión especial con fines legislativos de transparencia, lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado de la Cámara de Representantes, a propuesta del diputado del Frente Amplio Diego Reyes.
En conversación con la diaria, Reyes señaló que por el momento han escuchado a representantes del sector para “armar una puesta a punto del estado de situación y saber qué margen de acción podemos llegar a tener”, que de todos modos adelantó que “es muy limitado”. Una de las opciones, comentó, sería “pedir desde la comisión al gobierno de Estados Unidos que considere a Uruguay una excepción”, con base en informes “que demuestran que hacemos las cosas bien”.
El jueves la comisión recibió a Páez, como presidente de la Cecam, y a la Asociación Uruguaya de Productores de Cannabis. Al término de la visita, Páez expresó que el intercambio fue “muy productivo” y manifestó: “Yo hace siete años que estoy en el rubro, siete años que vengo sufriendo con este tema”. Afirmó que el bloqueo financiero “limita de muchas formas”, pero “fundamentalmente desde el punto de vista operativo”.
Las restricciones, sostuvo Páez, conllevan “un incremento de costos de la operativa”, desde “pagar sueldos” o “comprar insumos” hasta la comercialización, “porque si vas a exportar y tenés que cobrar tus exportaciones no tenés herramientas de protección”, como por ejemplo, “una carta de crédito”. “Tenés que confiar en la contraparte sí o sí”, agregó.
Con todo, el presidente de la Cecam destacó que “la industria ha crecido a partir de la creatividad”. Mencionó que una de las alternativas para las empresas uruguayas ha sido abrir “una cuenta en Suiza o en otro país que permita triangular”, así como “crear una empresa paralela”, aunque esto “genera costos y gastos adicionales”.
“Siempre hay que remar en dulce de leche”
En diálogo con la diaria, Álvaro Callorda, dirigente de la Asociación Uruguaya de Productores de Cannabis, reconoció que el conjunto de limitaciones “vienen de los compromisos internacionales” suscriptos por Uruguay, por lo que la situación excede al gobierno nacional. No obstante, afirmó: “Lo que sí depende de nosotros es, por lo menos, darles a los productores alguna noción de prácticas aceptadas para que haya una mínima seguridad jurídica para los productores y la gente del rubro”.
Según Callorda, en el sector todavía no existe “una lógica global” y “cada repartición del Estado tiene su criterio”, lo que “termina implicando límites que no se condicen con el hecho de que esto sea una actividad legal, promovida y declarada de interés general”. “Siempre hay que remar en dulce de leche”, graficó.
Para Páez, en tanto, “lo que más preocupa es el hecho de funcionar en una industria totalmente legal y que los gobiernos no hayan tomado ninguna iniciativa”. Dijo que es “contradictorio” que “el único actor que vende droga para consumo psicoactivo en nuestro país es el mismo gobierno”, que por intermedio del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) “vende y tiene una cuenta” en el BROU. Entre risas, dijo que “sería bueno” que al Ircca “le cerraran la cuenta” para que aprecie “lo que implica funcionar desde el punto de vista práctico sin un mecanismo bancario”.
A largo plazo, el presidente de la Cecam cree que las restricciones del sistema bancario desaparecerán cuando “se solucione todo el tema en Estados Unidos”, es decir, cuando la comercialización de cannabis “se apruebe a nivel federal”. En ese momento, proyectó, “el dinero que van a manejar es tan grande que van a tener que solucionarlo de una vez por todas”.