Sobre las 15.30, una delegación del Frente Amplio (FA) llegó a la Torre Ejecutiva para mantener una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou con la idea de plantear propuestas y discutir acciones conjuntas a tomar en el marco de la crisis hídrica que atraviesa el país, sobre todo respecto de la calidad del agua de OSE en Montevideo y la zona metropolitana, que desde abril ha tenido aumentos en sus niveles de salinidad para, justamente, evitar el desabastecimiento.

El presidente del FA, Fernando Pereira, concurrió acompañado por la vicepresidenta de esa fuerza política, Verónica Piñeiro; la senadora Liliam Kechichian y la diputada Lucía Etcheverry como representantes de la bancada opositora en el Parlamento; el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo (IM), Guillermo Moncecchi, en nombre de los gobiernos departamentales; y el director de OSE por el FA, Edgardo Ortuño. Por parte del gobierno sólo estuvo el presidente acompañado por el vocero presidencial, Aparicio Ponce de León.

En un documento entregado a la prensa, donde se resumen algunas de las propuestas realizadas, el FA recordó que en enero ya llevó 13 puntos al gobierno para prever lo que podría pasar con la sequía. También lo mencionó Pereira en una rueda de prensa, al término de la reunión de este miércoles, y apuntó contra las medidas anunciadas el martes por la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche: “Ayer se tomaron medidas que el FA había reclamado en el Parlamento, entre ellas incluir en el agua a cerca de medio millón de personas que efectivamente tienen carencias económicas importantes”.

Por otra parte, el FA planteó que “se convoque al Sinae [Sistema Nacional de Emergencias] coordinando el equipo de Presidencia” y las intendencias departamentales de Montevideo y Canelones, además de pedirle al mandatario que “eventualmente” analice generar “un diálogo social con empresarios, trabajadores, académicos y los partidos políticos para ver posibles respuestas a los problemas que se van a venir en los próximos días”, en los que, según Pereira, “va a ir empeorando la situación”. Sobre esta propuesta en particular, Lacalle Pou “quedó de pensarlo”.

No obstante, una propuesta rechazada de plano por el presidente fue la de no cobrar la cuenta de OSE “a aquellos hogares que paguen menos de 1.000 pesos de agua”; la negativa fue “por entender que OSE tiene que enfrentar un conjunto de obras, pero no es el momento para esta renuncia fiscal”. A entender de Pereira, “si un hogar no está accediendo a la calidad de agua que le prometen, no le pueden cobrar lo mismo”.

Respecto de las obras de infraestructura que enfrenta OSE, anunciadas por el presidente el 19 de junio y entre las que se encuentran un embalse y una obra de infraestructura “con cañería para tener más agua potable” en el río San José, Pereira recordó que es una medida que “estuvo en la agenda de OSE hace semanas”, pero desde el gobierno “dijeron que no para economizar 20 millones de dólares que van a gastar después”.

Asimismo, desde el punto de vista del FA, “es una obra que se va a demorar” y, según “informes” que tiene la fuerza política, llevará “más de 30 días”, que fue el tiempo estimado por Lacalle durante su conferencia de prensa.

Según el dirigente, el gobierno va “resolviendo el tema de a poco”. Para el FA, “hay dos soluciones que pueden abarcar esa cantidad de habitantes” que componen la zona afectada: “o el agua de la red o el agua embotellada, que requiere una logística muy aceitada”, pero plantearon “que desde el Sinae se puede acordar esa logística, que es donde puede estar el cuello de botella”. “Las otras medidas son bienvenidas, pero si querés cubrir a toda esa población, todos nuestros técnicos y científicos acuerdan –y el gobierno también– que estas son las únicas dos vías”.

Pereira reiteró “la necesidad de un plan de contingencia ante una eventual posibilidad de quedarnos sin agua para consumo humano” y recordó que “ya no es potable de acuerdo a los valores que tiene, sólo se dice que no la pueden beber las mujeres embarazadas, las personas hipertensas o aquellos que tengan problemas renales, dentro de pocos días puede pasar a ser no bebible para el resto de la sociedad”.

Coordinación con las intendencias

La Intendencia de Canelones tiene “muchos frentes abiertos”, manifestó Orsi luego de la reunión. En particular, dijo que para el abastecimiento del agua se vuelve “clave la logística” y es “una parte que falta cubrir”.

“OSE tiene dispositivos. Nosotros ponemos, por ejemplo, una planta potabilizadora de 20.000 litros para donde se precise y que se mueve: puede ser para un centro de salud, para un centro educativo o para una comunidad. Eso está pronto, está ahí”, aseguró.

Por otra parte, consultado sobre las denuncias que ha hecho de las empresas areneras que operan en el río Santa Lucía, Orsi explicó que desde la comuna canaria se hizo “la denuncia pública”, pero antes “disparamos la denuncia en los organismos que corresponden”, y el diálogo interinstitucional por este tema “está cada vez más aceitado, a tal punto que ha habido sanciones”.

“El problema es que creo que con las sanciones no alcanza. Hay un tema de monitoreo y de vigilancia que vamos a tener que fortalecer, reforzar con algún ministerio sistemas de monitoreo, ya sea aéreo o el que podamos para que no nos pasen esas cosas”, agregó.

En tanto, Moncecchi aseguró que la IM puso “a disposición” todo lo que se ha “aprendido” desde mayo, cuando se comenzó a trabajar “en el acceso al agua por parte de la población”. Por eso se le pidió al presidente “enfatizar la coordinación” y así “identificar los lugares a donde llegar, desde el rol de unos y otros, para llegar a un público más amplio”.