La Doctrina de la Seguridad Nacional, los nidos militaristas, los militares constitucionalistas y los relatos que distorsionaron la historia

Para analizar las dinámicas dentro de la institución militar en la antesala del golpe de Estado del 27 de junio de 1973, la diaria dialogó con los historiadores Magdalena Broquetas y Gerardo Caetano.

Previo al análisis, ambos autores repararon en que “hay mucho de la cuestión militar que debe estudiarse mejor” y que “para pensar sobre el golpe debemos ir más atrás indefectiblemente”. El punto de partida serán los años 60, en donde se gestan los procesos más específicos que explican la actitud de las Fuerzas Armadas en 1973, aunque vale reparar en que hay nidos militaristas y golpistas que datan de comienzos del siglo XX.

“Esos tempranos 60, que fueron tan importantes a nivel de la derechización del país por el liberalismo económico y por el conservadurismo social, también presente en las fuerzas de seguridad, como la Policía y las Fuerzas Armadas”, detalló Broquetas y apuntó que “es un período de blanqueamiento del ejército, en donde varios oficiales blancos, cercanos a los ruralistas, ascienden en carrera”.

Ruptura democrática

Es importante esclarecer los procesos que fueron modificando la dinámica interna militar. “En los largos 60, por más que hubo un blanqueamiento del Ejército, cuando gana [la presidencia, Oscar] Gestido hay una reactivación de los militares constitucionalistas como Seregni o [Víctor] Licandro, este último en la Región Militar 4”, introdujo Broquetas.

En 1967 “se producen intentos de golpe de Estado contra Gestido que se frenan”, alertó la historiadora. Los golpes de Estado tienen que ver con factores internos, pero también dependen del visto bueno de los actores transnacionales. Por esto, la opinión de la diplomacia estadounidense es clave. Como desarrolla Broquetas, “no veían golpistas aceptables a la vista, no los vieron hasta febrero. Pero hubo intentos de golpe y querían seguir incidiendo. Dentro del entrenamiento militar, hay cada vez más cupos y cada vez viajan más militares uruguayos a formarse a la Escuela de las Américas de Panamá, donde se instruyen bajo las líneas de ‘ataque exterior’, pero sobre todo en relación a cómo responder la ‘contrainsurgencia’ interna”.

Finalmente, en 1968 se suceden intervenciones de militares en organismos públicos y su participación en la represión de los conflictos gremiales se transforma en moneda corriente. Tras la muerte de Gestido a fines del año anterior, la presidencia de Pacheco Areco comenzó a aplicar medidas prontas de seguridad por lo que quienes resultaban detenidos pasaban a jurisdicciones militares. “Esas fuerzas armadas están imbuidas en la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN)” y se enfocan en la acción cívica y sobre todo represiva, “bajo el pretexto de apoyar “en la contención a la primera línea de defensa que era la Policía”, explicó Broquetas.

La interna militar cambió mucho. “No en vano, Seregni, Licandro y todos los oficiales más jóvenes que los seguían piden paso a retiro a fines del 68”, contó la doctora en Historia y precisó que para enero de 1969 “son pocos los militares demócratas, las Fuerzas Armadas ya están muy autodepuradas”.

En setiembre de 1971, luego de la famosa fuga del Penal de Punta Carretas, Pacheco Areco encomienda al ejército “la conducción de la lucha antisubversiva, en la que se mostrarían muy eficaces. En poco menos de un año desmantelan el brazo militar del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN) y de las organizaciones armadas”, admite Broquetas, al tiempo que enumera otros eventos que suceden en simultáneo en ese período: “Se vota primero el estado de guerra interno, después la Ley de Seguridad del Estado y ya prácticamente la justicia ordinaria no tiene injerencia sobre los detenidos, que están bajo la justicia militar”. Esta “carecía de imparcialidad y los llamados ‘jueces militares’ eran funcionarios sometidos a jerarquías. No hay justicia, el Ejecutivo es autoritario y continúa gobernando con una legalidad de excepción”, completó la historiadora.

Entre agosto y setiembre hay pronunciamientos muy claros de las Fuerzas Armadas en donde dicen: “Hemos desmantelado la subversión, pero hay otros frentes. Tenemos mucho que hacer”. “Y ahí aparece la cuestión de la lucha contra los ilícitos económicos que tiene mucho más que ver con la DSN y mucho menos que ver –y es lo que más se ha explotado– con las famosas charlas entre militares y detenidos tupamaros”, analizó Broquetas.

Posteriormente, otro ejemplo de corrimiento de militares democráticos es el de Juan José Zorrilla, comandante de la Armada impulsado por la lista 15 del Partido Colorado, que se manifestó en contra del golpe en varias reuniones –en las que estaban Álvarez y Cristi– y la gran mayoría de la Armada lo respaldó. Como consecuencia protagoniza el bloqueo de Ciudad Vieja el 8 de febrero.

Poco después renunció a su cargo y “pusieron en la Armada a gente golpista. De modo que efectivamente no es solamente el asalto al poder de los militares, sino que van zigzagueando habilitados por ciertos respaldos políticos, primero con Pacheco y luego con Bordaberry. A partir del pacto de Boiso Lanza [12 de febrero], ya de hecho hay un cogobierno civil militar”, acota Caetano.

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Relatos

Para el historiador “hay todo un relato que dice que ‘los militares estaban calmos, eran profesionales, más allá de que había algún loquito, pero todo se desbarrancó cuando le transfieren la dirección de la lucha antisubversiva, luego de la gran fuga del 6 de setiembre de 1971’. Estos relatos señalan que si esto no hubiera ocurrido, los militares no proseguían su marcha golpista, lo que por lo menos resulta muy controversial”. Algo similar hubiera ocurrido después del 14 de abril, con la declaración del estado de guerra interno. A esos discursos los agrupa bajo una interpretación que afirma que si no hubiera habido tupamaros, no hubiera habido golpismo militar.

“Este relato resulta sesgado. Hay profusa documentación que evidencia que había un golpismo militar de larga duración, que ese golpismo militar se reactiva en muchos aspectos con el contexto de Guerra Fría, la lógica anticomunista, la DSN impulsada por los Estados Unidos, que en los años 60 incluso encuentra liderazgos y redes de organización y que ya participaba en la represión directa al MLN, participaba en torturas, ya había grupos paramilitares, antes de que formalmente Pacheco pasara el poder, después de la huida de Punta Carretas”, aclaró. En la misma línea, su colega recalcó la cruenta participación del ejército “en la represión a los sindicatos y a los trabajadores, con muy malos tratos; a los bancarios y a los frigoríficos en el Cerro”.

“El desborde de los marcos constitucionales por parte del ejército no se activó en el 71, ya venía incubándose antes”, sentenció Caetano. Para Broquetas, existe un claro doble juego en este proceso: “Mientras en la interna militar van ganando terreno los sectores golpistas y derechistas, con la idea del enemigo interno y con la DSN introyectada; en simultáneo es el propio Poder Ejecutivo, a veces incluso con el aval del Parlamento, el que les va ampliando el espacio de acción”.

El proceso al golpe

“Cuando hablamos del golpe nos referimos a todo un proceso al golpe. En general se habla de febrero y de junio, pero en realidad, en este tramo final habría que hablar de etapas”, coincidieron los autores. El primer momento es octubre de 1972, cuando el ejército, omitiendo incluso a su comandante en jefe, el general Florencio Gravina, desconoció la orden del ministro [Augusto Legnani] y por lo tanto del presidente, de liberar a cuatro médicos que estaban detenidos a disposición de la Justicia Militar y que habían sido torturados. En ese mismo momento también detienen a Jorge Batlle, líder de la lista 15 del Partido Colorado.

“Hay una gran crisis institucional, lo de octubre es una insubordinación militar al punto de que Gravina pide pase a retiro, los ministros quincistas renuncian a los ministerios que ocupaban; la [lista] 15 no pasa a ser oposición parlamentaria, pero se va del gabinete. De hecho, se rearma todo el gabinete y es un momento clave en esa autonomización del poder militar, que va a desembocar casi que en una coyuntura muy similar a la de febrero”, resumió Broquetas.

Frente a esta situación, se realiza un intento para desarticular ese movimiento golpista, que de manera contundente había denunciado el senador Vasconcellos a comienzos de febrero de 1973. Se suplanta a Armando Malet por un veterano general, Antonio Francese, “pensando que al frente del Ministerio de Defensa va a poder desarticular al grupo golpista y no puede”, aclara la historiadora. “Lo de febrero también es una insubordinación, un alzamiento, en donde pierde el poder civil, y aunque no le importaba mucho perder en aquellas circunstancias, pierde también Bordaberry”. Caetano acotó que este último actor “era parte del problema, desde su desafección de las ideas democráticas”.

En febrero pasa de todo: “Las regiones militares están copadas por militares golpistas de la Logia Tenientes de Artigas: [Esteban] Cristi en la N°1, en la N°2 está [Eduardo] Zubía, en la N°3 [Rodolfo] Zubía y en la N°4 [Julio] Vadora”, planteó Broquetas. Las regiones militares eran las que ostentaban el verdadero poder. 

Sin caudillos

El ascenso por concurso de Gregorio Álvarez al generalato en diciembre de 1970, sucedido por su designación como primer secretario del Estado Mayor Conjunto (Esmaco) del ejército, consolida un liderazgo militar en pleno ascenso. Con Esteban Cristi configuraron en aquellos años decisivos “una dupla que combinaba dos expresiones”, según analizó Caetano, debido a que este último “representaba al núcleo gorila-militar más duro” y juntos protagonizaron prácticamente todos los episodios que marcaron aquella coyuntura: “Fueron quienes tomaron el Palacio Legislativo, quienes manejaron toda la parafernalia de febrero y quienes lideraron las conversaciones de la llamada ‘Tregua armada’ en el 72”. Estos dos personajes expresaban una interna militar compleja que “nunca tuvo un solo líder”, en contraste con las dictaduras de Chile con Augusto Pinochet o de Argentina con Jorge Rafael Videla.

A pesar de que Gregorio Álvarez no pertenecía a la Logia Tenientes de Artigas y convocaba a otros sectores militares, no era peruanista. “Era ambicioso, hiperactivo, con una clara vocación de poder, también pragmático e inescrupuloso”, acotó Caetano. Álvarez se convirtió en el militar más joven de la historia del Ejército uruguayo ascendido al generalato por concurso, superando el récord anterior que ostentaba Seregni.

En ese ascenso de Álvarez hay un dato que es relevante por donde se lo mire: “En su tesis, por la cual ascendió, describía procesos y objetivos que se parecían mucho al golpe de Estado que finalmente se confirmó”, destacó el historiador, apuntando a que esto fue advertido por Bordaberry y Sanguinetti.

Finalmente, para Broquetas “a nadie le queda duda que en febrero hay un golpe, pero hay que recontextualizar qué significaba el golpe en ese momento, cómo se juzgaba la presidencia de Bordaberry en ese momento, puesto que era un presidente sin apoyos y con una legitimidad muy cuestionada. Hay muchas jugadas subterráneas, por derecha, por izquierda y en las facciones militares”. 

Nidos golpistas

Según relató Caetano, hay una lógica de larga duración de un espacio de golpismo militar que se remonta a comienzos de siglo. A modo de ejemplo, “está el famoso complot del coronel Dubra, riverista, que se da en la segunda presidencia de José Batlle y Ordóñez, en 1914”, detalló.

El historiador enumeró intentos de golpe de Estado y rumores de golpe en los 40, que se afirmaron bastante en los 50 y particularmente en los años 60. Es decir, “la idea de ‘nidos militaristas’ no es un fenómeno inédito que emerja en los 60, ya los había en el viejo ejército que era colorado, pero antibatllista, también reafirmado en la segunda posguerra, fuertemente influido en el marco de la Guerra Fría por la presión norteamericana”, narró.

“A eso se suman luego, como siempre enfatizaba Seregni, las disputas entre los oficiales batllistas que habían sido perjudicados durante el terrismo con aquellos que habían sido promovidos en ese momento, conflicto que se profundizó en la interna del ejército en los tiempos de Luis Batlle. Muchas de esas rispideces van a detonar cuando en los dos colegiados blancos haya una política persistente del Partido Nacional, desde la vieja idea referida por Luis Alberto de Herrera, en el sentido de que había que ‘echarle agua al vino’, es decir, nombrar generales blancos para equilibrar la cúpula castrense. La mayoría de esos generales van a converger en la dictadura y van a ser referentes sumamente importantes del último impulso golpista”, contextualizó el historiador.

El ejército en democracia

Parte de la salida democrática estuvo marcada por el proceso que involucró la Ley de Caducidad y que ha limitado a una “justicia por goteo, bajo un marco institucional imperfecto y restrictivo, con falta de voluntad política. ¿Cómo hacer hablar a una corporación que sigue teniendo pactos y poder político?”, cuestionó Broquetas.

Caetano puso sobre la mesa el argumento de que “las sentencias de la causa Gelman y de la de las Muchachas de Abril, Tassino y González, afirman que el Estado debe modificar los planes de enseñanza del ejército desde lógicas de respeto irrestricto a los derechos humanos”. Pero la historiadora enfatizó que “no hubo una auténtica depuración de los programas, ni de la mentalidad, ni modificaciones efectivas en la institución y formación militar. Eso es parte de cómo se salió de la dictadura”.

Según muchos testimonios que hemos escuchado, señala Caetano, “hasta en el año 84 los alféreces practicaban tiro con muñecos con la cara de Wilson Ferreira Aldunate y de Liber Seregni. Si a esto sumamos los cánticos que cada tanto se escuchan en los cuarteles hasta hoy, surge evidencia sobre que no ha habido un cambio efectivo en la formación militar y que este aspecto, inescindible de la búsqueda de la verdad y la justicia, sigue siendo una cuenta pendiente y un imperativo de nuestra democracia”.

Broquetas atribuyó la dificultad del asunto a que “es un pasado que no pasó. Estamos ante un tema no cerrado y en donde la impunidad campea en los espacios más insólitos” y “no hay punto final, la memoria histórica no tiene una dinámica de decreto”.

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