La idea que tiene el gobierno de elaborar un nuevo proyecto de ley para fusionar el Banco Hipotecario (BHU) con el Banco República (BROU) para resolver, al menos parcialmente, la situación de los deudores en unidades reajustables (UR) del BHU y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), partió las aguas. En ese marco, en la reunión que el presidente Luis Lacalle Pou mantuvo el martes con los senadores Germán Coutinho (del Partido Colorado), Carlos Camy y Sergio Botana (ambos del Partido Nacional), el colorado expresó que hay “una solución” para “unas 2.500 familias” que, en caso de que se avance en el documento, “no van a pagar nada”. Por esto, el BHU resignaría unos 330 millones de dólares.

El grupo de deudores en UR son aproximadamente unas 20.000 personas. En su momento, estas personas tomaron créditos estatales en UR para la construcción de viviendas y entienden que fueron perjudicadas debido a la variable de ajuste de la UR, que es el índice medio de salarios. Si bien aún no hay un proyecto redactado que vaya en ese sentido -pese a que se han presentado varios para encontrar una solución para los deudores- tiene ciertas resistencias en la oposición y también en el sindicalismo.

Por ejemplo, el expresidente del BROU y del BHU, Jorge Polgar, opinó en diálogo con la diaria que la idea de fusionar ambos entes, en principio, “no es una buena noticia”, porque “está hecho en el medio de viabilizar una operación política de quitas de deudas, o sea, dineros que el BHU dejaría de recibir contra su patrimonio”.

“Es una política que no obedece a un diagnóstico de cartera social problemática en situación de vulnerabilidad, sino que tiene que ver con lógicas de políticas y electorales. Lo que corresponde es que vaya contra los dineros del gobierno central y no contra un banco público, que se debilitaría y que tiene que hacer frente a la competencia del mercado y a sus depositantes”.

La idea de licuar los “efectos negativos” de estas quitas a un conjunto de deudores “lo único que hace es empeorar el tema”. En ese sentido, recordó que en los 2000 el BHU “estaba fundido”, entre otras cosas, “por las malas políticas de recuperación de esos créditos de altísima morosidad”. “La cartera social y su problemática fue atendida en la reestructura del sistema público de vivienda y del BHU en el gobierno del Frente Amplio [FA] y miles de familias viabilizaron su situación de vivienda, volvieron al sistema de pago y algunas obtuvieron quitas en la ANV”, dijo.

En ese punto de vista, opinó, es una solución “injusta” gastar 300 millones de dólares “en gente que tuvo el acceso en su gran mayoría a una solución de vivienda hace años y que no tiene problemas de pago, en lugar de atender a la población que más lo necesita”. “Llevar una cartera con problemas de pago o con promesas de quita al BROU es un riesgo para el BROU desde el punto de vista de someterlo a fragilidades futuras en cuanto a volver a la historia de clientes que no le pagan”.

Agregó que esto “no tiene que ver” con la “justicia” del acceso a la vivienda, sino que “son dineros muy importantes que el gobierno disfraza en contra del patrimonio de los bancos públicos, de empresas públicas, y no con dinero del gobierno central. Es un daño no sólo al patrimonio del BHU, sino un lastre para el BROU”.

En ese sentido, estableció que le resulta “interesante y paradójico” que se esté hablando de un monto similar a la capitalización del BHU: “Al BHU lo fundieron previo a la crisis de 2002 y en el gobierno de FA se capitalizó por 240 millones de dólares. Acá se gastan más de esa cifra”.

Otras críticas

Con base en lo leído en la prensa, la diputada frenteamplista Lucía Etcheverry opinó que la propuesta está “orientada” a amplificar las medidas “que el gobierno eventualmente estaría anunciando respecto de los reclamos de los deudores”. En diálogo con la diaria, agregó que el BHU y el BROU “tienen una historia de especificidades que son bien particulares y, por lo tanto, hay que analizarlas en ese contexto”.

“El rol que juega el BHU exclusivamente no puede compararse con lo que es el BROU, que tiene otros productos que ofrecer a sus clientes”, indicó. Además, Etcheverry recordó que, “según dijo su presidenta, Casilda Echeverría, el BHU está muy bien posicionado, es un banco solvente y fuerte y que tiene una prevalencia en lo que son los préstamos hipotecarios y una morosidad de menos del 1%”.

Para Etcheverry, una vez que llegue el proyecto, “vale la pena analizarlo con seriedad, pero fundamentalmente despejado de estos otros planteos”, en alusión a buscar una solución para los deudores. “Me parece que hay que despejar ese tema para instalar este otro que están planteando”, insistió, porque “terminan mezclándose los temas”.

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Bancarios del Uruguay, Fernando Gambera, comentó a la diaria que han hecho averiguaciones tanto en el BHU como en el BROU sobre esta posible fusión, pero “ni las jerarquías administrativas ni políticas” de ambos directorios “tienen información alguna sobre este pelotazo”.

Gambera consideró que el “problema original” que se quiere solucionar es el de endeudamiento, “que tiene muchas idas y vueltas”. “Está muy manida, son deudas a largo plazo y demás. Preocupa que la solución a un problema de endeudamiento y deudores sea eliminar el instrumento, un banco, cuando en realidad nosotros reivindicamos que es bueno que el Estado tenga una herramienta financiera que sea el BHU y que lleve políticas de acceso al crédito para la vivienda y que, de alguna manera, sea testigo e incursione en la competencia junto al resto del sistema financiero para las oportunidades de acceso a ese crédito a la vivienda”, expresó.

Por lo tanto, estableció, les parece que como punto de partida es “bastante negativo” que “se enganche a un tema de endeudamiento la eliminación lisa y llana de un organismo del Estado”. “Es como si mañana existiera un endeudamiento del sector rural con el combustible que necesita y parte de la solución para la producción rural sea eliminar Ancap. Es aquello de muerto el perro se acabó la rabia”, ejemplificó.

En definitiva, opinó, “alguien va a ocupar ese lugar de la economía, y probablemente en el mercado del crédito para la vivienda lo ocupe el sector privado casi en su totalidad”.