Al igual que la casi totalidad de las delegaciones que se han expresado sobre la iniciativa, el colectivo Memoria en Libertad fue el martes a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado y se manifestó en contra del proyecto de ley de prisión domiciliaria, presentado por la senadora nacionalista Carmen Asiaín, como una versión más “integral” respecto a la propuesta original de Cabildo Abierto (CA).

En un documento que entregó a los senadores de la comisión, al que tuvo acceso la diaria, el colectivo, que agrupa a niñas, niños y adolescentes que fueron víctimas directas del terrorismo de Estado durante la dictadura, expresa que “estos señores que ustedes quieren enviar para sus casas son responsables de cometer hacia nosotros secuestro, abuso sexual, de obligarnos a la clandestinidad o el exilio”. “Muchos de nosotros nacimos en cautiverio después de sufrir torturas en el vientre materno”, agregan.

Más adelante, preguntan: “¿Qué mensaje damos a la sociedad al enviar a sus casas a personas que cometieron graves violaciones a los derechos humanos, que asesinaron por la espalda a personas encapuchadas, que secuestraron y regalaron niños?”. Resaltaron la importancia de que haya “justicia” para “forjar las bases de una convivencia pacífica”; de lo contrario, “no podemos pensarnos como una sociedad democrática”.

A su criterio, “tal y como se redactó”, el proyecto del Partido Nacional (PN) supone “un incumplimiento grave del deber estatal de proteger y promover el estricto respeto de los derechos inherentes a la personalidad humana”.

A grandes rasgos, el proyecto modifica el Código del Proceso Penal para otorgar la excarcelación -mediante decisión de un juez- a partir de los 65 años en determinadas circunstancias, como por ejemplo mujeres imputadas o condenadas con hijos pequeños a cargo. En tanto, desde los 70 años el beneficio se “impondrá de oficio y sin más trámites”, salvo algunas excepciones. La prisión domiciliaria no se aplicará en casos de delitos de abuso sexual o crímenes de lesa humanidad, por ejemplo.

Tanto el Frente Amplio (FA) como organizaciones sociales y académicas han señalado que la mayoría de los represores de la dictadura que cumplen condena en la cárcel de Domingo Arena no fueron imputados por delitos de lesa humanidad, sino por delitos de homicidio, tortura y secuestro, entre otros. Por lo tanto, si su redacción no tiene cambios, el proyecto del PN beneficiaría a más de 20 represores condenados por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.

En diálogo con la diaria, Gabriela Nión, integrante de Memoria en Libertad, apuntó que “hay uno sólo que fue procesado por crímenes de lesa humanidad”, recientemente. El resto de los represores, aunque fueron procesados por crímenes “graves y gravísimos”, al no tener dicha tipificación, “van todos para la casa”. A su entender, pese a que la iniciativa de Asiaín abarca un mayor número de situaciones, “sigue siendo con nombre y apellido”, en referencia a los reos de Domingo Arena.

Marisa Rodríguez, también integrante de Memoria en Libertad, agregó a la diaria que la eventual excarcelación de los represores sería “un mensaje muy contradictorio socialmente”. “Son personas que cometieron crímenes aberrantes, que están detenidos en una cárcel que tiene todas las comodidades y que fueron juzgados con las garantías del debido proceso, a diferencia de lo que pasó en la época del terrorismo de Estado, donde juzgaba la Justicia militar”.

En el documento, el colectivo señala que en mayo de este año había 52 represores imputados, procesados o condenados en investigaciones formalizadas. De ellos, “más de la mitad ya gozan hoy del beneficio de la prisión domiciliaria por razones de salud”, dado que la normativa vigente ya permite la excarcelación, “cuyo fundamento humanitario es indiscutible”, sostiene el colectivo.

Por otra parte, Memoria en Libertad advierte que, al transgredir “los estándares internacionales de protección de los derechos humanos”, la eventual aprobación del proyecto expondría al Estado uruguayo a “ser cuestionado nuevamente por organismos internacionales”.

Así, Memoria en Libertad se manifestó en contra del proyecto de ley de prisión domiciliaria, al igual que otras siete delegaciones que ya han formulado diferentes críticas a la iniciativa en la comisión. De hecho, la única delegación que dio una opinión favorable fue la del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho, cuyo director, el doctor Germán Aller, recomendó la “aprobación definitiva” del proyecto, aunque esto generó discrepancias dentro del instituto. Según supo la diaria, todavía falta que comparezca ante la comisión una delegación del colectivo Jaracandá.

No están los votos

Avanzado su tratamiento, el proyecto del PN por ahora no tiene apoyos suficientes para ser aprobado en el Senado. Adrián Peña, senador del Partido Colorado y presidente de la Comisión de Constitución y Legislación, ha manifestado que, “así como está presentado”, el proyecto “difícilmente cuente con nuestro apoyo”, mientras que el FA ha rechazado la propuesta desde el primer momento.

Semanas atrás, el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, recomendó algunos cambios en la redacción para garantizar que “se trata de una norma humanitaria y democrática” y no “una ventana de impunidad para delito alguno ni una oportunidad de trato privilegiado para colectivo alguno”. Peña afirmó que las sugerencias de Petit “seguramente” serían “un punto de inflexión en el tratamiento del proyecto”.

Sin embargo, consultada al respecto, la senadora del PN Graciela Bianchi, integrante de la comisión, dijo a la diaria que “en este momento” lo que está “más redondeado” es que el proyecto de Asiaín incorpore “algunas modificaciones que propuso el Instituto de Derecho Procesal”, y “ese sería el proyecto definitivo”. Sobre las sugerencias de Petit, aseguró que “no son demasiado diferentes a lo que dijo el instituto”. “No es una cosa que nos moleste demasiado, lo vamos a agregar todo, porque no cambia la sustancia del proyecto”, afirmó Bianchi, quien aclaró que todavía “no hay decisión de votar”.

En tal sentido, el senador de CA Guillermo Domenech, también miembro de la comisión, dijo a la diaria que su partido “obviamente” está dispuesto a votar el proyecto de Asiaín, pero señaló que “somos un voto de nueve”, en referencia a la cantidad de senadores en la comisión. Domenech afirmó que “en el PN no lo apoyan unánimemente” y “creo que Peña tampoco”, por ende, “no tendría la aprobación en comisión”. Si bien dijo que aún no hubo conversaciones “con el resto de la coalición sobre el futuro de ese proyecto”, manifestó: “Sospecho que no tiene viabilidad dentro del resto de los partidos de la coalición”.