En lo que refiere a la programación macroeconómica, según consta en la exposición de motivos del proyecto de Rendición de Cuentas presentado este viernes al Parlamento, el gobierno anticipa que la economía registrará “cierto dinamismo” luego de la desaceleración correspondiente al primer semestre, impulsada por la aceleración del consumo privado producto de la recuperación del salario y el empleo.

Concretamente, el PIB crecería apenas 1,3% este año, una estimación que está en línea con la que se desprende de la última encuesta de expectativas relevada por el Banco Central del Uruguay (BCU), y que es menor que la presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en febrero (2%) y en la Rendición pasada (3%). Es importante notar que en los últimos meses las expectativas de los analistas se han corregido a la baja de forma significativa, reduciéndose más de la mitad entre noviembre (3,0%) y junio (1,2%).

Para el año que viene, en tanto, la proyección oficial indica ahora una expansión del entorno de 3,7%. Además de la sequía, que es “la de mayor duración y severidad del último siglo”, la creciente inestabilidad de Argentina y la fuga de consumo hacia ese país podrían tener impactos adicionales sobre la dinámica de la actividad económica en los próximos meses. “En lo que refiere al mercado de trabajo, se proyecta que la trayectoria conjunta de los salarios y el empleo evolucione en línea con la actividad económica”.

Asimismo, en el frente de los precios, el gobierno estima que la inflación se ubicaría en el entorno de 6,7% hacia el cierre de este año (siete décimas por encima del techo del rango meta) y que registrará una moderación adicional hacia 2024 (5,8%). Como en las instancias previas, las proyecciones oficiales contrastan con las de los analistas, que proyectan una inflación de 7% y de 6,7% para este año y el que viene, respectivamente. La brecha es incluso mayor si se comparan con las expectativas empresariales, que están ancladas en torno a 8% (y son claves dado el rol que cumplen en los mecanismos de formación de precios).

Esto es particularmente relevante a la luz de los lineamientos presentados el viernes por el Poder Ejecutivo de cara a la décima ronda de negociación colectiva, que es fundamental para cumplir con el compromiso asumido de llevar el poder de compra del salario al mismo nivel que tenía en 2019.

En lo que refiere al tipo de cambio, cuya caída sostenida viene siendo objeto de crecientes críticas desde diversos ámbitos, el escenario presentado en esta instancia incorpora un cambio de tendencia, con una depreciación esperada de 6,7% para el cierre de este año. El atraso cambiario se ha venido profundizando en el último año y Uruguay muestra desvíos significativos frente a todas las referencias relevantes, ya sean socios comerciales o economías competidoras.

De hecho, la última encuesta de expectativas empresariales realizada por la consultora Exante en mayo revela que la dimensión de la competitividad es la que sale peor evaluada, pues es calificada como “mala” por 30% de los ejecutivos encuestados (sólo 29% entiende que es “buena”, lo que contrasta marcadamente con la elevada aprobación que obtiene el gobierno en el resto de las áreas).

Revertir esta situación resulta problemático, dado que entra en conflicto con otros objetivos. En particular, la caída del tipo de cambio ha sido un factor central detrás de la moderación de los precios observada en los últimos meses, y, por ende, de la mejora del poder de compra que ha venido procesándose.

Asimismo, esta Rendición de Cuentas también trajo novedades en la órbita de las cuentas públicas, ya que la proyección del déficit global del sector público se revisó al alza, pasando de 2,7% del PIB a 3,3% para 2023. En menor medida, pero en la misma dirección, se revisaron las proyecciones para 2024 y 2025. Lo mismo ocurre al restringir el análisis al gobierno central-Banco de Previsión Social (BPS), dado que la proyección de 2023 pasó de 2,6% del PIB a 3,2%, y la del año que viene de 2,3% a 2,7% del PIB. En el caso de 2025, el déficit se ubicaría en torno a 2,4%, es decir, dos décimas por encima de lo previsto anteriormente.

Esto está en línea con el deterioro del resultado que se observa desde el año pasado, producto de la caída de la recaudación y del aumento del gasto. Concretamente, el déficit volvió a incrementarse en mayo, situándose ahora en el orden del 3,8% del PIB. En ese sentido, los impactos asociados a la sequía y las reducciones previstas para el IRPF y el IASS podrían generar desvíos adicionales, y en la misma dirección podrían operar otras cuestiones asociadas al ciclo electoral y a la economía política de las coaliciones.

El impacto fiscal de la reforma previsional

Sobre esta dimensión, el documento cuantifica los efectos para el BPS y el resto de los subsistemas. En el primer caso, a partir del incremento de la edad de retiro en 2033, “las jubilaciones muestran una disminución en relación al escenario base 1 cercana a 30.000 prestaciones en 2040 (5% menos que en el escenario base), alcanzaría a unas 50.000 sobre 2060 (-6,3%) y cerca de 80.000 sobre finales del siglo (-10%)”. A este respecto, los egresos por pasividades se ubicarían en torno a 9,1% del PIB hacia 2100, 2,5 puntos por debajo del escenario base.

En lo que hace a la Caja Militar, los egresos medidos en términos del PIB pasarían de 1,0% a 0,4% hacia finales del siglo, lo que supone una reducción de 0,5 puntos con relación al escenario base. Algo similar ocurre con los egresos de la Caja Policial.

“A partir del impacto proyectado en los egresos en cada uno de los regímenes presentados se puede observar que, a nivel agregado, la reforma aprobada permite estabilizar el gasto estatal en pasividades en el entorno de 10% del PIB”.

Con relación a los impactos distributivos de la reforma, el MEF argumenta que la nueva arquitectura del sistema habilitará “una mejor focalización de los subsidios implícitos en las jubilaciones del régimen de reparto” y que bajo el nuevo régimen “la jubilación promedio será similar a la que están obteniendo las personas que se están jubilando bajo el régimen actual. Dicho de otra forma, las personas cobrarán “en promedio” lo mismo, solamente que comenzarán a recibir el beneficio a mayor edad y lo harán por un menor tiempo”.

Asignaciones propuestas

Según indica el documento, el proyecto de ley propone asignaciones presupuestales incrementales por un total de 2.859 millones de pesos para el próximo año. En particular, se priorizaron los apoyos destinados a las personas que enfrentan problemas de salud mental y adicciones, por lo que se destinarían 800 millones de pesos para la prevención, promoción, tratamiento, inclusión y rehabilitación, todo en el marco del Plan Integral de Salud Mental y Adicciones. Desagregado por áreas, esto incluye 240 millones de pesos para la Administración de los Servicios de Salud del Estado, 240 millones para el Ministerio de Desarrollo Social, 120 para el Ministerio de Salud Pública y 80 asignados a diversos créditos (Junta Nacional de Drogas).

  1. Sin reforma. ↩