Por una gripe que lo aqueja desde hace unos días, el canciller Francisco Bustillo no pudo comparecer este martes ante la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la cámara baja donde se estudia la Rendición de Cuentas. En cambio, Nicolás Albertoni, el subsecretario de Relaciones Exteriores, fue quien lideró la comitiva que compareció para hablar sobre el único artículo relacionado la cancillería que hay en el proyecto, que implica una modificación para los funcionarios en el exterior con respecto a la salida a las misiones diplomáticas, pero también, a instancias del Frente Amplio, se habló sobre cómo avanzan las negociaciones con China, Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea.

Luego de la comparecencia, el diputado frenteamplista Nicolás Viera señaló que les “llamó la atención” que Albertoni planteara “en varias oportunidades” la necesidad de contar con más recursos. Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, Albertoni dijo que “cuando uno hace el comparativo histórico” se puede ver que en 1999 el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) ejecutó 57,4 millones de dólares de su presupuesto total, mientras que “en el año 2022, el presupuesto ejecutado en dólares de 1999 fue 48,9 millones de dólares, por lo cual en el año 1999 el gasto real fue 17,4% mayor al del año 2022”.

El año pasado el gasto de funcionamiento de la cancillería representó el 0,49% del gasto total del Estado y 0,13% del Producto Bruto Interno, continuó Albertoni, “disminuyendo su participación en ambos conceptos”. Asimismo, explicó que se ha ubicado 5% por debajo del gasto del año 2021 medido en dólares.

Según Hugo Caussade, director general para Asuntos Técnico-Administrativos de Cancillería, 98% del gasto de la cartera es en moneda extranjera y no en moneda nacional, por lo que “de repente en dólares el gasto no tuvo una significación importante de variación, pero expresado en pesos sí, por la diferencia de tipo de cambio”. “Ni hablemos este año: si vamos a medir el presupuesto en pesos, seguramente, la expresión se haya reducido más y eso no significa que nuestro gasto en dólares haya caído, que es un poco la moneda real para traducirlo”, indicó más adelante en la comparecencia.

En este marco, Viera preguntó: “¿Cómo es posible que se esté planteando preocupación por un recorte, por una caída, por una falta de inversión, de recursos, pero no se soliciten?”. Esto, según planteó en una rueda de prensa el legislador de la oposición, “es una complicación porque hace a la inserción comercial en el mundo de Uruguay” y “va a atado a lo que el FA entiende que ha sido la política de los anuncios”. En ese marco, enumeró: “Se anuncia un posible TLC [tratado de libre comercio] con China, un posible TLC con Turquía, lo mismo con Estados Unidos, al igual que con el Acuerdo Transpacífico, pero todo queda naufragando en los anuncios”.

La reestructura interna

Según la Rendición de Cuentas del gobierno, el MRREE cumplió con 19 de los 20 objetivos planteados para el pasado año. El punto que quedó por el camino refiere a la reestructura administrativa que, por “razones de tiempo”, no se pudo cumplir. Caussade señaló que la reestructura se retrasó por dos motivos: el principal es que las definiciones técnicas de cómo debería ejecutarse y llevarse a cabo la reestructura “recién salieron por decreto en octubre del año 2022”.

En ese sentido, aseguró que trabajan en ello desde 2019, en el que realizaron una “reestructura funcional” del ministerio “en todas las áreas no sustantivas” que dependen de la Dirección General para Asuntos Técnicos Administrativos, que son el Área Financiero Contable, el Área de Tecnología, el Área de Gestión y Desarrollo Humano, el Área Administrativa y el Área de Planificación.

Incluso, sostuvo, trabajaban en lo que estaba proponiendo en esta administración la Oficina Nacional del Servicio Civil, en alusión a la reforma del Estado. “Esto ya lo habíamos hecho en el año 2019, pero lo que nos quedaba pendiente era definir los cargos y las funciones. Eso no lo terminamos; queríamos finalizarlo en 2022, pero hasta octubre de 2022 no teníamos las definiciones técnicas”, apuntó.

Caussade reconoció que cuando se definen las pautas técnicas “estas son muy exigentes” en el aspecto de “cómo se va realizando todo el proceso de definiciones y las capacidades profesionales y de idoneidad que hay que tener para llevar adelante todos esos procesos”. Por ende, explicó que la fecha en que se aprueban esas definiciones técnicas y “no tener un referente” con Servicio Civil “no permitió concretar un indicador” que era aprobar la reestructura de cargos y funciones.