El Banco de Previsión Social (BPS) suspenderá este mes el pago de 8.000 asignaciones familiares a personas que no acreditaron la inscripción de sus hijos en un centro educativo en 2023, informó a la diaria el vicepresidente del organismo, Daniel Graffigna. El jerarca indicó que “el problema mayor está radicado a nivel de Secundaria”: entre el 60% y 70% de los casos corresponden a liceales que se desconoce si continúan su trayecto educativo.
A inicios de junio, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) solicitó al BPS un relevamiento sobre la situación de las familias que reciben la prestación registradas en el organismo. De allí, surgió que unas 10.800 estaban en “infracción”. De ese total, sólo 2.500 personas regularizaron su situación, afirmó Graffigna. El plazo establecido venció el 31 de julio.
De todas formas, el jerarca remarcó que el trámite “se puede hacer en cualquier momento” y una vez que eso ocurra, “se restituye el pago” de la asignación. El mecanismo para hacerlo difiere entre la educación pública y privada, explicó el vicepresidente del organismo. En el caso de que el niño, niña o adolescente concurra a centro público, el adulto a cargo podrá presentar el documento que acredite la inscripción en cualquier local del BPS o lo puede enviar a través de la página web del organismo.
En cambio, las personas a cargo de estudiantes de educación privada, deberán comunicarse con las autoridades del establecimiento, quienes se encargarán de enviar la documentación pertinente al BPS a través de la web.
Graffigna explicó que anualmente, en conjunto con el Mides, se realizan dos controles. El primero, que es a mitad de año, que es el que tiene que ver con la matrícula, y el segundo, que es a fin de año, hace una valoración sobre la asistencia de cada alumno a los centros educativos.
El año pasado se llevó adelante el mismo control en junio y unos 11.000 niños y adolescentes fueron advertidos, de ese total unos 4.000 regularizaron su situación.