La Cámara de Diputados comenzó a votar, en la mañana de este lunes, el proyecto de Rendición de Cuentas correspondiente a 2022, en un contexto de incertidumbre sobre el apoyo de Cabildo Abierto (CA), dado que sus diputados amenazan con no votar –en general o los artículos con reasignaciones– si el resto de sus socios en la coalición no acompañan sus propuestas para incrementar los salarios militares, entre otros puntos. Esta decisión dejaría sin mayoría al oficialismo e impediría el avance de la iniciativa, por lo que se espera que la jornada transcurra entre negociaciones en el Parlamento.

“No votamos”, lanzó el diputado cabildante Álvaro Perrone ante la consulta de la diaria sobre la posición que adoptará su agrupación. Perrone habló en el programa Las cosas en su sitio de radio Sarandí sobre el proceso que se dio en la comisión y confirmó que el apoyo de su partido está atado a que “se dé un acuerdo político y que los temas económicos se pasen al Senado”. Mientras hablaba, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez leía el informe en mayoría en el plenario.

Su correligionario Martín Sodano amplió ante la consulta de la diaria: “No votaríamos la rendición si no llevan los pedidos de CA para los salarios de las Fuerzas Armadas, para Sanidad Militar y otros puntos que están planteados”. Consultado sobre si solicitarán un cuarto intermedio para negociar, Sodano respondió que están “viendo y evaluando”, y adelantó que probablemente la jornada de hoy “no va a terminar antes de las 22.00 o 23.00 horas”.

En rueda de prensa, el diputado nacionalista Sebastián Andújar dijo que la postura de CA “es una noticia que la tomamos recién a primera hora de la mañana, que la vino a comunicar el diputado Perrone”. Sobre cómo se desarrollará la jornada, indicó que “el plan se mantiene, se harán las exposiciones de los informes de mayoría y minoría”, hoy desde un punto de vista general, y mañana se comenzará con el articulado. “Con el correr de las horas, como estamos acostumbrados, alguna reivindicación [probablemente] se pueda consensuar y solucionar”, adelantó, en referencia a la negociación con los cabildantes.

“En estos procesos hay negociación hasta el último día y el último minuto. Tenemos un plazo constitucional que es el viernes a las 23.59, hasta ahí pueden haber cambios y pueden haber modificaciones”, apuntó Andújar.

Rodríguez comenzó su intervención en el plenario hablando sobre la responsabilidad que deben ostentar los legisladores a la hora de discutir este tipo de proyectos –esta rendición de cuentas es la última con incremento presupuestal del período–, y las dificultades que afrontaron durante el tratamiento en comisión. “Durante 30 y pico de días hemos trabajado procurando, si se me permite apelar a la jerga futbolística, remontar un partido complicado. Porque eso, precisamente, es lo que se hace cuando se distribuyen recursos limitados ante una lista extensa de temas a atender”, sostuvo el legislador herrerista.

“No todo está bien, y seguramente el proyecto que hemos aprobado en comisión pueda ser mejorado aún más, pero hemos trabajado para que muchas cosas estén mejor”, continuó Rodríguez, y señaló que el diálogo que mantuvieron los legisladores de la coalición con representantes del Poder Ejecutivo en los últimos días fue “en esa dirección”.

Reasignaciones

Entrando en el detalle de la propuesta presupuestaria, Rodríguez señaló que al monto inicial de 20 millones de dólares previstos para las instituciones públicas involucradas en el Plan de Salud Mental y Adicciones se sumaron tres millones más, ascendiendo a 23 millones, para incluir lo que solicitó el Hospital de Clínicas. En total, la comisión hizo reasignaciones por una suma de 466.607.172 pesos.

Las instituciones que se verán beneficiadas por las reasignaciones –si se aprueban en ambas cámaras– son, entre otras, la Universidad de la República, por un monto de 240.000.000 de pesos; la Universidad Tecnológica, a la que se le reasignaron ocho millones de pesos, y el Poder Judicial por 30.826.290 pesos. Asimismo, se autorizó a la Administración Nacional de Educación Pública a utilizar un monto de hasta 500 millones de pesos en 2024, e idéntica suma en 2025, de los “excedentes de inversiones de ejercicios anteriores a 2023” que “hayan sido volcados al Fondo de Infraestructura Pública-ANEP”, o sea, un fideicomiso propio de la institución.

Por último, Rodríguez recordó que se dispuso por única vez una partida del Instituto Nacional de Colonización para adquirir el terreno para la construcción de la represa de Casupá, decisión que fue cuestionada desde la oposición. El legislador blanco resaltó que, una vez finalizada la obra pública de la represa, OSE “deberá devolver la partida invertida al Instituto Nacional de Colonización”.

“Carnaval fiscal electoral”

La diputada Lilián Galán fue la encargada de leer el informe en minoría, en el que el Frente Amplio (FA) fundamentó su voto en contra en general. Allí, la oposición afirma que “esta Rendición de Cuentas no reconoce la realidad, de lo contrario debería advertir que nos encontramos frente al deterioro social de las grandes mayorías, consolidando situaciones de gran vulnerabilidad social y sectores con deterioro productivo”, y considera que, al acercarse al final del período de gobierno, esta inyección presupuestal se puede describir “más gráficamente como carnaval fiscal electoral”.

En particular, con respecto a la reforma del Estado, el FA afirma que “es sólo una intención de deseo, dado que, entre otras cosas, no cuenta con financiamiento y será un próximo gobierno el que deberá evaluar su viabilidad en todo sentido”, y sobre la inversión para llevar adelante el Plan de Salud Mental y Adicciones considera que se realiza “en forma desarticulada y sin información sobre el costo específico de cada acción, los recursos humanos que las llevarán adelante y los resultados esperados”. Por lo tanto, “el cambio de paradigma establecido en la Ley de Salud Mental permanece pendiente de aplicación”.

En cuanto a Desarrollo Social, el FA afirma que “en lo que va de este período de gobierno, el Mides ha tenido siempre una agenda protagónica pero cambiante” y que “el único elemento que podemos encontrar en común es el rotundo fracaso de sus objetivos”, a la vez que destaca los recientes datos que muestran un incremento de 48% de las personas en situación de intemperie.

Sobre la reasignación para la Udelar, el FA apunta que “no recibe recursos adicionales en esta Rendición de Cuentas” porque “la ejecución de 2022 continúa estando por debajo de la de 2019 en 32 millones de dólares, y el recorte acumulado en los recursos asignados entre 2020 y 2022 asciende a 74 millones de dólares”. “Sin partidas incrementales, el presupuesto de la Udelar registrará una reducción de un 2,6% para 2024, mientras que la matrícula estudiantil continúa creciendo y las horas docentes están estancadas”, concluye la fuerza política.