No fue un miércoles tranquilo para el Directorio de OSE. Mientras el presidente del sindicato del ente, Federico Kreimerman, declaraba junto a otros dos integrantes de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) ante la Fiscalía por haber prendido una bomba de humo el 13 de junio, y mientras las autoridades analizaban los pliegos licitatorios para el proyecto Arazatí, tras varias idas y vueltas, finalmente se adjudicó esa obra al consorcio Aguas de Montevideo. A la mañana, en tanto, se informaba sobre el fin de la emergencia hídrica dictado por el Poder Ejecutivo.
El conglomerado que salió seleccionado está conformado por las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast. OSE había recibido otra oferta, que finalmente no prosperó, que fue la del Grupo Arazatí, integrado por Teyma Uruguay y Compañía Electrónica Industrial. La planta potabilizadora se instalará en la zona de Arazatí, en San José.
Según la resolución, de la que informó Búsqueda y a la que tuvo acceso la diaria, la obra permitirá dotar al sistema metropolitano de una nueva fuente de abastecimiento de agua bruta, captando agua del Río de la Plata a la altura de Arazatí, “con una capacidad de toma de hasta 300.000 m³/día, una nueva planta de potabilización de capacidad de producción de hasta 200.000 m³/día, capaz de satisfacer hasta un 25% de la demanda máxima a fin del horizonte de proyecto –que es en 2045– y una nueva tubería de aducción de 1.200 mm de diámetro, para la conducción del agua potable desde la nueva Planta de Potabilización de Arazatí hasta el Recalque Melilla y de allí interconectarlo al Sistema y dotar de Servicios de Ruta a localidades del departamento de San José”.
Según lo planteado, se construirá una planta potabilizadora y una tubería de aducción de 80 kilómetros, a lo que ahora se agregará una reserva de emergencia ubicada a unos diez kilómetros de la costa, que abastecerá de agua dulce a la planta cuando existan eventos de salinidad.
El costo total contractual será de 5.377.271.690 unidades indexadas, que son más de 800 millones de dólares; el privado financiará cerca de 250 millones de dólares los primeros dos años y luego, en los siguientes 17 años y medio, OSE pagará un canon de más de 45 millones de dólares. En un principio, el gobierno había afirmado que el costo sería de 210 millones de dólares.
Edgardo Ortuño, director de OSE por el Frente Amplio (FA), fue crítico con la adjudicación. Al respecto publicó en la red social X –ex Twitter–: “La crisis hídrica demostró la necesidad de obras para embalsar el agua dulce que nos faltó (represas Casupá, Solís Chico, diques) asegurando el agua potable y para perder menos. El gobierno decide hacer Arazatí con gestión privada (US$ 300 millones más cara que gestión de OSE)”.
En ese sentido, afirmó que hay una lección que deja la crisis, y es que “el abastecimiento de agua potable no está asegurado, a 2045 y, ante sequías, se requieren un conjunto de obras, recursos y acuerdos nacionales que lo sustenten. ¡No será! El gobierno elige hacer Arazatí a un costo millonario, en soledad y debilitando OSE”.
En un reciente informe, que había dado a conocer a la Mesa Política y del que dio cuenta la diaria, Ortuño había informado que el proyecto Arazatí implicará una inversión de al menos 253 millones de dólares. En ese sentido, expresó que el modelo de negocio aprobado para su ejecución, en el que el privado es quien construirá, financiará y mantendrá la planta, no era el mejor, puesto que a OSE le hubiese costado, por año y según lo aprobado por el directorio, unos 52,7 millones, un total que superará los 850 millones de dólares en los 20 años de contrato.
Ortuño señaló en su informe que, si la gestión la tomara OSE, el costo anual se reduciría a la mitad, a 25 millones de dólares, por lo que, en 20 años, el proyecto costaría cerca de 480 millones de la moneda estadounidense. Señaló que esa alternativa existía porque “se podría considerar una combinación de fuentes de financiamiento que incluya fondos propios, préstamo con organismos multilaterales y la emisión de obligaciones por intermedio de un fideicomiso financiero”.
También había informado que el costo de la gestión privada del proyecto podrá aumentar “con el ajuste de precios resultante de las ofertas presentadas en la licitación, aunque podrá reducirse si el proyecto consigue exoneración de IVA, lo que no se concretó hasta el momento”.
Para FFOSE, en tanto, se trata de un “pésimo negocio” para el Estado uruguayo que representa el Proyecto Neptuno, puesto que “entrega más de 800 millones de dólares a un consorcio privado que desarrollará una obra claramente inconstitucional y perjudicial para la población”. La adjudicación se concretó a una semana de que el diputado por el FA Felipe Carballo interpelara en la cámara baja a las autoridades del Ministerio de Ambiente y de OSE.