Este año se cumplen 15 años de un fallo histórico para los habitantes de algunos barrios y villas ubicados dentro de la cuenca comprendida por los arroyos Matanza y Riachuelo, que atraviesan la provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) del país vecino. Se trata del fallo Mendoza, denominado así por su impulsora, la asistente social Beatriz Mendoza.
Mendoza, junto con un grupo de vecinos del barrio Villa Inflamable, demandó al Estado argentino, así como a la provincia y a CABA, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) del país vecino en 2004. El objeto de la demanda era el reconocimiento de la responsabilidad respecto de los altos niveles de contaminación observados en la cuenca, producto de la actividad de 44 empresas, a las que también demandaron. Además, los vecinos de Villa Inflamable solicitaron una retribución económica, en concepto de daños y perjuicios a la población.
Villa Inflamable es un barrio de bajos recursos, inserto en el llamado Polo Petroquímico del Dock Sud, en los márgenes del ramal homónimo del Riachuelo. Como referencia, el barrio se encuentra a poco más de siete kilómetros del centro de CABA, si bien está por fuera de sus límites.
Una mirada a través de servicios de imagen satelital permite apreciar la realidad del barrio tan sólo unos años atrás: calles y caminos de tierra –en algunos casos barro, dada la falta de redes cloacales y de desagüe en ese momento– calan dentro de un tumulto de casas, construidas de forma irregular sobre terrenos inundables, ganados al río.
El alcance de los servicios también parecería ser, por lo menos, insuficiente: por nombrar un ejemplo, tan sólo hay un jardín de infantes y una escuela destinados a un total de 3.652 personas. Asimismo, quienes deseen continuar con su educación deben cruzar el río en dirección oeste, ya que la escuela secundaria más próxima se ubica a un kilómetro.
Además, el barrio se encuentra entre diferentes fábricas de gran porte que potencialmente contaminan el aire, así como cerca de un arroyo sobre el cual muchas otras vierten sus residuos. Es por eso que entre los motivos detrás de la denuncia se encontraban, entre otros, los altos niveles de contaminación observados en el territorio y en sus habitantes. Tal como Villa Inflamable, existen otros barrios dentro de la cuenca que sufren complejidades similares, cada uno de ellos con sus particularidades.
Es así que, el 8 de julio de 2008, la CSJN emitió un fallo que los medios locales caracterizaron como “histórico”, que encomendó a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), un organismo público autónomo e interjurisdiccional creado durante instancias previas del juicio, a elaborar y cumplir con un programa que tenga como objetivos la “mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca”. También “la recomposición del ambiente” y la “prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción”. De todas formas, la CSJN se declaró incompetente respecto del pago de daños y perjuicios producto de dicha contaminación.
Así, y a partir del fallo, durante los últimos 15 años Acumar ha avanzado en la construcción de infraestructura, el control y la reducción del daño ambiental, en el marco de un Plan Integral de Saneamiento Integral (PISA). Entre otras, destacan la construcción de un megacolector y emisario destinados al sistema del Riachuelo, financiados por fondos del BID. Además, se encuentran en ejecución la construcción de plantas de tratamiento cloacal y tratamiento de efluentes industriales, que se estima que finalizarán durante este año.
Mariel Acosta, integrante del Equipo de Trabajo Río Matanza Riachuelo (ETRMR) de la Defensoría General de la Nación (DGN) del país vecino, explicó a Habitar que la sentencia emitida por la CSJN en 2008 no contempla objetivos directamente vinculados al derecho a la vivienda, si bien se fueron “tejiendo con posterioridad”. Por ello, en su lugar, Acosta prefiere hablar de un proceso que trasciende el ámbito judicial, según explicó.
Trabajos de limpieza del río Matanza Riachuelo (archivo, agosto de 2023).
Foto: Enrique García Medina
En este sentido, la integrante del ETRMR apuntó a la concreción de un convenio con diferentes niveles del gobierno argentino en 2010 –el Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (Puvap)–, así como a la importancia de la participación activa de los habitantes de los barrios afectados como un hito que permitió trascender de una perspectiva de “erradicación” hacia una de reurbanización o relocalización de asentamientos precarios.
Junto a ese reconocimiento, Acosta enumeró otros, entre los que se encuentran el reconocimiento del derecho a la vivienda a lo largo del proceso, el derecho a acceso a servicios de agua potable y saneamiento, así como a “determinada calidad de infraestructura” y servicios como parte de los procesos de reurbanización o relocalización.
Según detalló Acosta, la participación comunitaria permitió la conformación de mesas de trabajo dentro de cada barrio, a las cuales asisten también “todos los responsables del cumplimiento del fallo”. Esto, a su vez, facilitó una “mayor comunicación entre el Estado y las poblaciones”, así como un seguimiento acorde a sus necesidades.
La integrante de la ETRMR detalló, por ejemplo, cómo esto permitió a los habitantes de Villa Inflamable optar por reurbanizar en lugar de ser desplazados. De acuerdo con Acosta, hoy en día el barrio cuenta con redes de saneamiento. Así, “la causa ha tenido consecuencias que, de alguna forma, han generado estándares importantes en lo que es el derecho a la vivienda”, notó.
Aun así, un informe compartido en julio por el Ministerio Público de la Defensa (MPD) del país vecino acusaba demoras en la ejecución del PFVAP. De acuerdo con información de Acumar, de un total de 17.771 unidades habitacionales, hoy en día se ha relocalizado tan sólo 38% (6.777).
Durante el segundo trimestre de 2023 se habían entregado 799, al tiempo que 2.854 se encuentran en construcción, 3.877 esperan por su financiamiento y 4.263 restan por ser formuladas. Esto lo vuelve uno de los objetivos más rezagados entre las acciones de cuyo seguimiento se encarga Acumar.
De esta manera, el informe del MPD acusa la existencia de múltiples factores por los cuales el cumplimiento del Puvap se ha visto demorado. Entre otros motivos, detalla que la ejecución de obras de viviendas sociales no depende del Estado sino de los municipios, que “muchas veces no cuentan con la capacidad técnica o la voluntad política para llevar adelante semejante compromiso con la celeridad necesaria”.
Asimismo, el documento menciona una “falta de continuidad y financiamiento producto de los cambios de gobierno en distintos niveles y las crisis económicas que afectaron los presupuestos de la obra pública”.
Acosta reconoció que si bien durante el período 2016-2019 las tareas de relocalización “quedaron totalmente paralizadas”, la labor se reinició “luego de la pandemia”, por lo que prefirió enfocarse en los avances logrados en materia habitacional a partir de ese momento.
De esta forma, la integrante de la ETRMR admitió que a 15 años de la sentencia, podría haber ocurrido “un avance más importante”. Aun así, explicó que desde el organismo evitan la aplicación de una “mirada binaria de éxito o fracaso”. En su lugar, explicó Acosta, es preferible “mirar los efectos de los procesos judiciales estructurales [...] como una interacción institucional que se despliega en el tiempo” y que “trasciende lo que es el expediente”.
“Encontramos en el proceso una riqueza analítica para pensar que la posibilidad de que el acceso a los derechos se haga efectivo no solamente se desprende de la sentencia tal como fue pensada y escrita, sino principalmente de las transformaciones que se dan a lo largo del tiempo a partir de la lucha e incidencia de las comunidades afectadas”, concluyó Acosta.
Esta nota fue publicada en el Suplemento Habitar.