Con el paso de las horas de este jueves, la tribuna de la Cámara de Diputados se fue colmando de integrantes de la Federación de Funcionarios de OSE y de activistas socioambientales. Escucharon atentamente la interpelación a las autoridades de la empresa estatal que suministra agua potable a la población y del Ministerio de Ambiente (MA) por el proyecto Arazatí -conocido también como Neptuno-.

La instancia se produjo una semana después de que la licitación pública internacional para llevarlo adelante fuera adjudicada al Consorcio Aguas de Montevideo, integrado por las empresas privadas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast. Felipe Carballo, diputado del Frente Amplio, fue el encargado de presentar las consultas; en total, hizo 88 preguntas. La interpelación duró alrededor de 16 horas; finalizó a las 03.00.

El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, comenzó con un discurso que había plasmado en otras oportunidades. Hizo referencia a que Arazatí “viene a solucionar uno de los principales problemas que tenemos como país”, que a su entender es depender de una única fuente de abastecimiento, el río Santa Lucía. Si bien dijo valorar “el trabajo realizado en el período anterior”, indicó que el gobierno actual tiene “la legitimidad para plantear su estrategia con respecto a la provisión de agua para el sistema metropolitano y decide improvisar otra alternativa que se ajuste mejor al diagnóstico realizado”. Asimismo, reconoció que la “solución óptima” para mejorar el sistema actual tiene tres vertientes: la nueva planta potabilizadora; la presa de Casupá y el “abatimiento” de las pérdidas de agua. Recordemos que durante la distribución a la zona metropolitana se pierde la mitad del volumen de agua elevada. El jerarca afirmó que “las tres son importantes, pero es imposible llevarlas a cabo de forma simultánea”.

Bouvier detalló información sobre el contrato que se firmará con el consorcio de empresas. Manifestó que una de las causales para poder terminar de forma anticipada con el contrato radica en que por incumplimiento del contratista se “ponga en riesgo la vida humana o el medio ambiente”. También, según planteó, una de las responsabilidades que tendrán los privados será asegurar que la infraestructura cuente con “la capacidad de producir y transportar hasta el recargue de Melilla 200.000 metros cúbicos de agua potable con un nivel de salinidad menor a 450 miligramos por litro”. Y sumó: “Si los niveles de salinidad mayores a 450 miligramos por litro en el Río de la Plata persisten por más de 71 días corridos, el contratista no estará obligado a asegurar el abastecimiento de agua bruta por un plazo excedente, hasta que el nivel de salinidad vuelva a valores por debajo del límite mencionado”.

En este contexto, parece pertinente señalar que un informe elaborado por científicos del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y Física de los Océanos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República alertó que es esperable el registro de eventos de salinidad “extendidos por encima del umbral” de potabilidad en Arazatí .

A su vez, que los niveles de salinidad deban ser menores a 450 miligramos por litro abre un abanico de preguntas sobre qué implica. La norma UNIT 833 corregida en julio de 2010 -que establece los requisitos que debe cumplir el agua para que sea considerada potable- no hace referencia a los parámetros que debe cumplir la “salinidad”, aunque sí determina que el valor máximo permitido de sodio es de 200 miligramos por litro y, en el caso de los cloruros, de 250 miligramos por litro. Sin embargo, cabe resaltar que el director de la División de Evaluación de Impacto Ambiental y Licencias Ambientales, Luis Anastasía, afirmó durante su intervención que los parámetros del agua proveniente de la nueva planta “serán obligatoriamente los que están definidos en la norma UNIT”.

Algunas preguntas y respuestas

“¿No considera el ministro conveniente detener el proceso, abrir un espacio amplio de diálogo para analizar y resolver como un proyecto país y política de Estado la inversión a realizar para asegurar el abastecimiento de agua potable del área metropolitana para el corto y mediano plazo, con un amplio sustento técnico y político?” fue una de las preguntas realizadas por el miembro interpelante. “Pensamos que esta es una etapa de intercambio, pero no nos parece conveniente detener este proceso, dado que vamos a un ritmo conveniente. Me parece que el país nos está requiriendo una solución inmediata en cuanto a estas medidas que vamos a tomar, y pensamos seguir avanzando para poder llegar en un tiempo prudente a tener la solución que tanto esperamos”, respondió Bouvier.

Otra de las interrogantes que se puso sobre la mesa fue “¿por qué se elige este modelo de financiamiento y gestión siendo 300 millones de dólares más costoso que el modelo de gestión pública tradicional en el que OSE invierte y contrata solamente la construcción de las obras?”. El ministro apuntó que “es la única forma que tenemos de hacer esta obra de acuerdo a restricciones económicas”. “A su vez, este modelo no es algo novedoso, se empezó a usar en el gobierno anterior”, contraatacó.

Por otra parte, Gerardo Amarilla, subsecretario de la cartera ambiental, expresó que se “ha cumplido con lo que establece la Constitución en referencia a la participación de la ciudadanía, a la transparencia y a la información pública”. Su declaración contrasta con los sucesivos pedidos que han realizado las organizaciones sociales de contar con una “participación real” y vinculante en el ámbito de los Consejos Regionales y Comisiones de Cuenca.

¿Cómo sigue el proceso después de la adjudicación?

Rosario Lucas, gerenta del Área de Evaluación e Impacto Ambiental del MA, relató que el Informe de Viabilidad Ambiental de Localización presentado por OSE se trata de “una primera fase” de los procesos que deben seguir hasta conseguir la autorización. “El MA evalúa la potencialidad de los impactos ambientales previstos del proyecto y ha definido y elaborado los términos de referencia con los que se tiene que hacer un estudio de impacto ambiental. ¿Por qué recalco esto? Porque, en realidad, el proyecto ejecutivo todavía no está elaborado, se hace una vez firmado el contrato”, resaltó.

Lucas planteó que la cartera definirá “medidas adicionales, las que se requieran y sean necesarias”, y las trasladarán al “interesado”. “Después se iniciará otro proceso, en caso de que se otorgue la autorización. Luego de la admisibilidad del estudio de impacto ambiental, se pone de manifiesto público el informe resumen para que toda la ciudadanía pueda ver al avance del proyecto con las medidas de mitigación y compensación para consulta y recibir nuevas observaciones. Luego de ese informe ambiental, se convoca a una audiencia pública abierta a todos los interesados. Es difícil que hoy, que ni siquiera se ha presentado todavía la solicitud de autorización ambiental previa, que es la fase 2 del estudio de impacto ambiental, podamos estimar una fecha de audiencia pública, pero sí está prevista”, declaró. Asimismo, señaló que tienen algunas “preocupaciones” -como “la potencial afectación al acuífero Raigón- que están estudiando y harán énfasis para que se estudien a lo largo del proceso.

Bouvier: “La salinidad existe” y por eso “el proyecto tiene previsto un pólder que soluciona ese problema durante 71 días”

Durante el cuarto intermedio luego de las respuestas de las autoridades, la coalición de gobierno, encabezada por Bouvier, ofreció una conferencia de prensa, en la que insistió en que el cambio en el costo del proyecto se debe a “la variación que obedece a muchos aspectos”, de todas formas, marcó que “más significativa es la responsabilidad con la que este gobierno toma el tema del proyecto”.

“Sin duda, cambiaron algunos costos, pero eso lo que significó fue darle más seguridad a este proyecto para que fuera más contundente y solucionara de una vez por todas este problema”; a su vez, de acuerdo a Bouvier, “el instrumento que estamos usando es un instrumento que creó el gobierno anterior” a través del que “se hicieron muchas inversiones basadas en eso porque es lo que se puede hacer como país, es la responsabilidad de todos asumir financiamiento que el país pueda contraer”.

La diferencia, según el jerarca, es que “en gobiernos anteriores se endeudó el total de obra por 2.000 millones de dólares y van a pagar 6.500 millones de dólares, el ratio que da es que paga tres veces y medio”, en tanto, Arazatí “se va a hacer por el mismo sistema, pero el ratio que da es que se va a pagar dos veces 75”.

Consultado por los episodios de salinidad que tiene el Río de la Plata, concedió que “la salinidad existe” y es por eso que “el proyecto tiene previsto un pólder que soluciona ese problema durante 71 días”, por lo tanto, “es muy evidente, está contemplado en este proyecto y está con un margen adecuado a las estadísticas que tenemos desde hace muchísimos años”.

Bouvier “viene a leernos el índice del contrato, que lo podríamos haber leído en nuestras casas"

La conferencia de prensa de la oposición estuvo encabezada por el diputado Carballo, que se mostró molesto por no tener “una respuesta que sea mucho más clara”, puesto que “hasta el momento muchas de las consultas no han sido respondidas”; Carballo recordó que en su primera intervención, Bouvier “viene a leernos el índice del contrato, que lo podríamos haber leído en nuestras casas”.

“Ya lo había hecho en su momento en el ámbito de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, cuando nos leyó la exposición de motivos, y esto tengo la obligación de decirlo, porque entendemos que la ciudadanía de este país merece tener una respuesta a las enormes preocupaciones de lo que hemos planteado en el día de hoy”, además de entender que se trata de “un negocio que no le va a servir a Uruguay”.

Por un lado, “desde el punto de vista económico”, para el Frente Amplio (FA), quedó claro “que ya en el presupuesto que ha elaborado OSE del año 2024 al año 2028, se está hablando de un déficit de unos 186 millones de dólares”; por lo tanto, “lo que va a traer como consecuencia es que esta empresa pública, la OSE, se funda económicamente” entre este año y el 2045.

“Estamos hablando de un déficit de 450 millones de dólares” que va a “repercutir directamente en las inversiones que tiene esta empresa pública en el interior del país, en las obras, en materia de saneamiento, en materia de agua”. Es por eso que los legisladores frenteamplistas se mostraron “muy preocupados con relación a este tema”.

La interpelación permite, de acuerdo con Carballo, “plantear con mucha claridad qué cosas vemos nosotros de inconveniente para este país, y, a su vez, en una situación en la cual nos vamos con más interrogantes que certezas”.

Por otro lado, de acuerdo a Carballo, el FA entiende “que hay una acción de inconstitucionalidad porque la toma del agua del Río de la Plata, la planta, el pólder, todo eso, va a ser de propiedad del privado, y hay una violación clara al artículo 47 de la Constitución”.

En tanto, la diputada Martina Casás, que trabaja sobre temas ambientales, señaló que respecto del pólder, el gobierno se basa “en que no tienen muchos datos sobre períodos extendidos de salinidad”, cuando “los pocos datos que se han tomado” indican “que desde 2021 hasta ahora se han tenido incluso períodos de 90 días de salinidad alta por encima de los valores admitidos por la norma”, lo que implica que el pólder que se construya debería tener “agua suficiente para más de 90 días”.

“El pólder proyectado en este momento es de 15 hectómetros, lo que alcanzaría para 70 días, entonces, en caso de repetirse una crisis hídrica como la que tuvimos, esta planta no nos estaría dando agua de calidad”, explicó Casás, y aventuró que si bien una alternativa sería correr la planta “hacia el oeste”, donde “quizás la intrusión salina no llega”, cada vez que se corra la planta “cuesta un millón de dólares el kilómetro”.

Casás también recordó que “no está la evaluación de impacto ambiental” del proyecto, aunque “la viabilidad de localización identifica 96 impactos, de los cuales 27 pueden llegar a ser severos”, lo que requeriría “de ciertas mitigaciones”, puesto que además “pasa por áreas protegidas”.