Informe de Serpaj advierte por “continuidades en el ejercicio desmesurado del poder punitivo”

Este miércoles el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) presentó su informe sobre la situación de los derechos humanos correspondiente a 2024, y menciona la peculiaridad del período al estar atravesado por el ciclo electoral. “Los discursos y actividades político-partidarias se desarrollaron en paralelo a una vida social, económica y política en el territorio que reproduce y profundiza las desigualdades, las violencias estructurales y estatales”, aseguró el documento.

Agregó en su introducción que el país se encuentra en un “contexto de inmensas fragilidades y debilitamiento de la estructura social que hace ver muy lejos un horizonte de cambio”. “Asombran y preocupan las exacerbadas situaciones y hechos de violencia institucional expresada en las muertes en 9 cárceles, y sus indignas e inhumanas condiciones. Indignan los procedimientos abusivos por parte de la Policía, cuya violencia letal ha impactado en casos resonantes de asesinato de adolescentes”, se recuerda.

También se puntualiza en las “violencias cotidianas” hacia las infancias y adolescencias, así como la existencia de una “emergencia nacional” en materia de violencia basada en género.

“El cambio en el signo del futuro gobierno da cuenta de una insatisfacción de la ciudadanía con un Estado ausente del territorio, lejano a sus necesidades y la responsabilidad de satisfacer derechos humanos básicos (como la salud, la educación o la seguridad alimentaria)”, recoge la reflexión inicial. “El contexto local y regional demanda construir alternativas para problemas profundos y estructurales, donde la repetición de recetas punitivas, mercantiles y extractivistas sólo ha profundizado sus efectos más nefastos”, concluyó.

Crímenes de lesa humanidad

A partir de un reporte de situación del Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF), el informe actualiza la situación relativa al trabajo realizado en la búsqueda de las personas desaparecidas como consecuencia de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en la última dictadura civil-militar. Identificando a 2024 como un año de “quehacer sostenido”, se marca como hito la identificación de restos de dos desaparecidos.

Todo comienza con un hallazgo algo anterior al comienzo del año, específicamente, realizado el 6 de junio de 2023 en el Batallón 14 y, a partir de entonces, la identificación de los restos de Amelia Sanjurjo mediante un complejo proceso que implicó el trabajo de distintas instituciones y organizaciones.

Paralelamente, ya desde principios de 2024 se continuó con las excavaciones en el Batallón 14. Finalmente, el 30 de julio se produjo un nuevo hallazgo, “ubicado 166 metros al noroeste” del de Sanjurjo. En este caso, la identidad se pudo anunciar poco tiempo después, el 24 de setiembre. Específicamente se reportó que se trataba de Luis Arigón.

Por otro carril, respecto de crímenes de lesa humanidad, 2024 dio lugar a algunas novedades judiciales. Concretamente, tuvieron lugar siete condenas y 14 procesamientos. También se presentó la acusación por los homicidios de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, en el marco de otras “graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el período 1974-1976 en Argentina y que refieren a cerca de 60 víctimas”. En estos casos, los imputados son Ricardo Arab, Jorge Silveira y Ricardo Medina.

A partir de datos del Observatorio Luz Ibarburu, en total se tiene registrado el nombre de un total de 105 procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Se detalla que si se resta a quienes fallecieron, “están sometidos a proceso judicial un total de 79 represores”.

Violencia policial

Un reporte realizado a partir del Espacio de Asesoramiento sobre Violencia Institucional de Serpaj indica que durante 2024 se dieron “continuidades en el ejercicio desmesurado del poder punitivo, registrándose también la intervención desmedida de las fuerzas policiales especializadas en protestas estudiantiles”. A su vez, se agregó que hechos similares tuvieron lugar en intervenciones realizadas en distintos barrios de Montevideo que “han sido objeto de la demonización mediática constante”.

En el análisis de esta situación se deja constancia de que “resulta desalentador y revictimizante” para las víctimas de este tipo de violencia “tener que trasladarse a las seccionales policiales a realizar denuncias, considerando que en muchas ocasiones esas sedes contienen a los elementos policiales denunciados por situaciones de abuso de funciones y otro tipo de maltratos”. En ese sentido, se señala que desde Serpaj se ha de “bucear en otras opciones de recepción de denuncias”, privilegiando “el canal de recepción” de la Institución Nacional de Derechos Humanos.

El sistema penitenciario

Parte del trabajo reporta la visión “desde la perspectiva de las familias” del sistema penitenciario. En ese proceso de reflexión se incorpora, por ejemplo, la Asociación Civil Familias Presentes. Se mencionan, en primera instancia, las dificultades con relación a las “condiciones materiales de detención, hacinamiento y violencia interna”. Se deja claro, en este sentido, que el país tiene “una de las tasas de prisionalización más elevadas a nivel mundial”, con un promedio de 458 privados de libertad por cada 100.000 habitantes.

En este sentido, se señala una “crisis constante de hacinamiento”, que repercute en las condiciones de vida de los reclusos, “especialmente en las unidades más grandes”. Se subraya que la “sobrepoblación” da lugar, en concreto, a “tensiones, problemas de convivencia, y promueve[n] un ambiente insalubre que afecta tanto a las personas recluidas como a los funcionarios penitenciarios”. Todo esto consolida una “violencia interna” que es “exacerbada” y lleva a una “tasa de homicidios carcelarios que supera a la de la sociedad en libertad”.

Por otra parte, en lo que respecta a las visitas y la comunicación con los privados de libertad, se hace referencia a la existencia de “múltiples obstáculos”. “Las condiciones de las visitas son deficientes, con filas largas a la intemperie, falta de infraestructura adecuada, y un proceso de revisión invasivo, especialmente en unidades sin escáner”, apunta el reporte. A su vez, se detalla que las salas de visitas, en muchos casos, no tienen baños ni mesas, lo que “dificulta el encuentro familiar”. En términos generales, se hace referencia también a una “falta de acceso a información clara y oportuna sobre los procedimientos y los derechos” de las personas privadas de libertad.

También se pone especial énfasis en las deficiencias relacionadas con la salud mental y el tratamiento de adicciones. “Aunque se han implementado algunas mejoras, como la creación de centros de cuidados de baja complejidad, la cobertura sigue siendo insuficiente, lo que impacta negativamente en la salud general”, explica el informe.

Por último, se detalla que el acceso a programas socioeducativos “es limitado, lo que complica las posibilidades de rehabilitación y reinserción social”. En esa línea, se detalla que “alrededor del 30% de los reclusos está involucrado en actividades educativas o participa en actividades laborales”. La falta de estas oportunidades “contribuye a la reincidencia y dificulta el desarrollo personal de los reclusos”, analiza el reporte.

“La prioridad del sistema está más orientada hacia la seguridad que hacia la rehabilitación, lo que afecta las posibilidades de reintegración en la sociedad una vez que la persona se encuentre libre”, se aclara por último.