Una delegación de Amnistía Internacional de Uruguay participó la semana pasada en una sesión previa del Examen Periódico Universal en Ginebra, Suiza, que es uno de los mecanismos que tiene el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que los países se sometan a revisión sobre el estado de situación de los derechos humanos. La organización denunció como temas principales las restricciones a la libertad de expresión y las condiciones del sistema carcelario del país.
Lucía Pérez Chabaneau, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Uruguay, explicó a la diaria que este mecanismo implica una revisión entre pares y que también se tienen en cuenta informes con las contribuciones de la sociedad civil y de la Institución Nacional de Derechos Humanos.
“Se evalúan así los avances y los desafíos que todavía permanecen en ese proceso”, expresó Pérez. El examen oficial entre los países va a tener lugar el 1° de mayo, también en Ginebra. El “ejercicio” es que los distintos países analicen la información disponible y le hagan recomendaciones u observaciones al país para que las tenga en cuenta. “Después hay un proceso en el que el país las acepta o no. En ese sentido, de alguna manera, se compromete a atender esos asuntos”, expresó.
Desde Amnistía Internacional de Uruguay se reunieron con embajadas de distintos países y debatieron sobre los temas que habían abordado los países en recomendaciones anteriores. “Fuimos a reforzar conversaciones con esos países que habían hecho indicaciones justamente sobre, por ejemplo, el sistema penitenciario, acercándoles información actualizada de cuál es la realidad y cómo ha empeorado y que, a pesar de las recomendaciones, y que Uruguay las ha aceptado, tiene un problema estructural que, lejos de revertirse, empeora cada vez más”, ejemplificó.
Las principales preocupaciones
Amnistía Internacional manifestó su preocupación por las “limitaciones” a la libertad de prensa y al derecho de acceso a la información pública, que “tienen un fuerte impacto en la transparencia del Estado”. En ese sentido, recordaron que Uruguay cayó 26 puestos en la lista de países del Ranking de Reporteros sin Fronteras. “En julio de 2022, el Comité de Derechos Humanos de la ONU señaló con preocupación el aumento de la persecución penal y las amenazas a periodistas”, recordaron.
Al respecto, Pérez indicó que hay un “clima más de amenazas o de interpelar las cuestiones que tienen que ver con el ejercicio del periodismo, sobre todo de parte de autoridades, entonces también instamos a los países a que pudieran hacer las recomendaciones a Uruguay, en un tema que, a priori, en general, no se identifica”.
Según el documento de Amnistía Internacional, es “preocupante” que, a 15 años de la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, se siga incumpliendo con “los plazos de respuesta” o que haya “respuestas incompletas o el silencio positivo por parte de los sujetos obligados”. A modo de ejemplo, expresaron que durante la emergencia hídrica que afectó el área metropolitana del país en el primer semestre de 2023 la organización identificó “obstáculos para acceder a información clara y precisa sobre la gestión de la crisis y la calidad del agua potable y cómo esto afectaba la salud de las personas”.
En ese marco, pidieron al gobierno que “garantice” que los periodistas puedan ejercer su derecho a la libertad de prensa “sin restricciones” y que se respete el libre ejercicio de la labor periodística. Además, planteó que el país debe establecer procedimientos para el acceso efectivo y oportuno a la información, y proporcionar proactivamente información de interés público.
Por otra parte, pidieron a los países “buenas prácticas” y “recomendaciones más precisas” que puedan ayudar a Uruguay a construir el “camino de imaginarse” qué va a pasar con el sistema penitenciario como un asunto de seguridad pública “más amplio”. Sin embargo, Pérez expresó que muchos países señalaron con “preocupación” que varias de las recomendaciones sobre “las que insistimos ya habían sido realizadas en ciclos anteriores, preguntándose cuáles eran los avances reales”.
Para la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, es “interesante” el planteo porque, “de alguna manera, evidencia que hay un problema ahí que no termina de abordarse completamente y con buenos resultados”. En ese sentido, en el documento que elevaron en la presesión señalaron que el sistema penitenciario “sufre una elevada densidad de hacinamiento, que ha alcanzado 120% desde el último examen”.
En ese marco, la organización pidió al gobierno adoptar las medidas adecuadas para “reducir el hacinamiento en las prisiones y garantizar el acceso a oportunidades de rehabilitación e integración para las personas privadas de libertad, de acuerdo con las recomendaciones formuladas por organizaciones nacionales e internacionales”.
Por otra parte, en cuanto a la violencia de género, manifestaron que sigue “intensificándose, con un aumento del número de feminicidios y asesinatos de niños”.