Todo inició en junio de 2023 cuando la Suprema Corte de Justicia (SCJ) emitió una sentencia en la que declaró inconstitucional la tasa de inflamables, que implicaba el pago de un equivalente a 0,22% del precio de venta de nafta súper y a 0,33% en el litro de gasoil. Este ingreso a la Intendencia de Montevideo (IM) tenía como fundamento el traslado de material peligroso y era pagado por la Distribuidora Uruguaya de Combustibles (Ducsa), subsidiaria de Ancap.
Ducsa presentó el recurso ante la SCJ en setiembre de 2021, y luego de la sentencia, notificó administrativamente a la IM sobre la pretensión de obtener un cobro retroactivo por lo abonado.
Según informó El Observador lo reclamado asciende a 1.095,9 millones de pesos, actualmente unos 28 millones de dólares. Esta cifra, según confirmó a Subrayado el vicepresidente de Ancap, Diego Durand, fue establecida en la sentencia, la cual “recoge que se debe pagar retroactivamente cuatro años” desde que se derogó la tasa.
La comuna no se ha manifestado respecto a la sentencia, por lo cual Ducsa hizo un pedido de audiencia de conciliación ante la Justicia. “Se le envió la documentación a la intendencia en forma administrativa primero y en forma paralela también iniciamos el proceso judicial”, detalló Durand.
El jerarca señaló que la audiencia de conciliación será en marzo y que lo que se puede acordar son “las formas de pago”, pero no se puede “cobrar menos” de lo que dispuso la SCJ.