A diferencia de lo que pasó en el Senado, que por unanimidad condenó el “asalto perpetrado” a la embajada de México el pasado viernes en Ecuador y manifestó que “no existe justificación alguna” para que un país “utilice su fuerza para irrumpir” en la sede diplomática de otro, la Cámara de Representantes no logró un consenso en el plenario de este martes. Oficialismo y oposición presentaron dos mociones distintas, con énfasis diferentes, que fueron derivadas a la Comisión de Asuntos Internacionales de la cámara baja para su posterior tratamiento.
El proyecto de resolución de la coalición de gobierno propone al cuerpo legislativo declarar “su absoluta condena a la inaceptable irrupción de las fuerzas de seguridad” de Ecuador en la embajada mexicana en Quito, la capital ecuatoriana. Asimismo, reivindica el asilo diplomático como “un instrumento fundamental del derecho internacional” y exhorta a “todos los gobiernos a reafirmar las obligaciones suscritas en la Convención de Viena”.
Por otra parte, convoca a los gobiernos de Ecuador y México, que rompieron relaciones diplomáticas tras el incidente, “a que resuelvan este diferendo a través de un diálogo constructivo que asegure la normalidad de sus relaciones de amistad”, en acuerdo con “las normas y principios del derecho internacional”, e invita a “la comunidad internacional” a proceder a “la revisión y actualización de las normas sobre derecho de asilo, en modo tal que reflejen las previsiones de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada”.
Si bien los legisladores de la coalición subrayan en la exposición de motivos que la “irrupción” de la Policía de Ecuador en la embajada de México “desconoció la inviolabilidad de toda sede diplomática”, al mismo tiempo señalan que el propósito de dicha irrupción “era dar captura al exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas Espinel, quien en diciembre de 2017 fue condenado a ocho años de prisión por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht”. Y agrega que a fines del año pasado Glas “fue citado nuevamente por la Justicia para responder por otro caso de corrupción, asociado al manejo de fondos tras el terremoto que había ocurrido en la provincia de Manabí siete años antes, y desde entonces se encontraba prófugo de la Justicia ecuatoriana, refugiado en la embajada mexicana”.
El proyecto de resolución afirma que, “sin valorar la situación jurídica y procesal” de Glas, quien había sido “condenado y encarcelado por hechos de corrupción vinculados con las operaciones de Odebrecht”, el Estado mexicano igualmente “le otorgó asilo político”. “No es novedad que en reiteradas ocasiones el gobierno de México interviene en los asuntos internos ecuatorianos, al declarar su presidente [Andrés Manuel López Obrador] que el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien denunciase a Jorge Glas Espinel ante la fiscalía general del Estado, perjudicó a la entonces candidata presidencial del movimiento Revolución Ciudadana”, añade el texto del oficialismo, con referencia a Luisa González, la candidata del correísmo en las elecciones de 2023.
El planteo del Frente Amplio
La propuesta que presentó el Frente Amplio (FA) en la Cámara de Representantes no aborda la actuación del gobierno mexicano antes del ingreso por la fuerza de la Policía ecuatoriana a la sede diplomática. El texto, al que tuvo acceso la diaria, propone que la Cámara de Diputados exprese “su más profunda condena a la actitud del gobierno de Ecuador”, cuya reciente actuación “constituye una grave violación del derecho internacional, especialmente de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención Americana sobre Asilo Diplomático”.
“Manifestamos nuestra solidaridad con el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, afectado por esta gravísima medida del gobierno ecuatoriano, que sienta un preocupante antecedente en las relaciones internacionales de la región”, señala el proyecto de resolución del FA. Asimismo, asegura que actualmente existe un “progresivo deterioro de las relaciones de paz, amistad y cooperación entre las naciones latinoamericanas”, y por eso hace “un llamamiento al diálogo como vía de solución para restaurar los vínculos diplomáticos entre México y Ecuador”.
Por último, la bancada de diputados del FA sostiene que el gobierno uruguayo tiene “el deber” de “colaborar a una solución acordada entre ambos países, ateniéndose a los lineamientos internacionales y a la enérgica defensa de la convivencia democrática”.