En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, este viernes 3 de mayo, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) publicó su décimo informe, que pone el foco en las vulneraciones a la libertad de expresión o restricciones al trabajo de las y los periodistas que fueron identificadas durante el último año en el país.

Según el informe, entre el 1° de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024, la organización registró 59 amenazas o restricciones a la libertad de expresión de periodistas, lo que marca un descenso de estos casos por tercer año consecutivo: en 2022 se consignaron 69 episodios y en 2023, 66.

A pesar de esta leve caída, Cainfo llama la atención sobre el “significativo incremento” de la cantidad de “agresiones y ataques” hacia periodistas, que se duplicó respecto del informe anterior y alcanzó los 13 episodios. “Es el número más alto para este indicador desde el inicio del relevamiento, en 2014, lo cual marca un elemento especial de preocupación”, sostiene la organización.

Muchas de estas situaciones “fueron perpetradas por personas no identificadas, por medios electrónicos, lo cual hace muy difícil su investigación y garantiza su impunidad. Además, nuevamente se registran episodios vinculados a personas involucradas en actividades del crimen organizado, lo cual vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de discutir la aprobación de un Mecanismo de Protección de Periodistas, como existe en varios países de la región”, agrega Cainfo.

Dentro de las categorías que distingue la organización por las que se coarta la libertad de expresión o se interfiere en el trabajo de los periodistas, también se registró un crecimiento de los casos de “uso abusivo del poder estatal” (se pasó de uno a cinco casos) y en la referida al “Marco Jurídico contrario a estándares internacionales de libertad de expresión y prensa” (pasó de dos a cuatro casos).

Al igual que en informes anteriores, la restricción al acceso a la información pública es la principal dificultad, con 18 casos, que enfrentan las y los periodistas en Uruguay. Si bien se registró un caso menos que en el informe anterior, los periodistas aún se encuentran con la omisión del cumplimiento de normas que favorezcan la transparencia de parte del Estado, como la Ley 18.381, que garantiza el derecho de acceso a la información pública. Cainfo también menciona que en este último año se registraron casos en los que se impidió la formulación de preguntas en convocatorias de prensa.

La organización también detectó un descenso de los casos de “discurso estigmatizante”, que se refiere a “los ataques verbales que buscan desprestigiar o desacreditar al periodista”. En total, se contabilizaron diez casos, cuando en 2023 se habían detectado 19 situaciones. Por otra parte, los procesos judiciales iniciados contra periodistas se redujeron a seis.

Con relación a los responsables de las restricciones y amenazas, la mayoría proviene del Estado (38), seguido por personas o grupos no identificados (11) y luego por la categoría “no estatal” (10).

La mayoría de los casos se concentraron en Montevideo (46), seguido de dos casos en Artigas, Florida y Salto, y un caso en Cerro Largo, Colonia y Tacuarembó. Asimismo, 22 de las víctimas fueron varones, diez mujeres y en 27 de los casos fueron “grupos de periodistas o medios de comunicación”, apunta el informe.

Agresiones y ataques

Las agresiones y ataques refieren a “acciones violentas, intimidantes o limitantes, que pueden ser físicas o verbales, implementadas con el objetivo de impedir o limitar la libertad de expresión, obstaculizar el trabajo de la prensa y el acceso a la información pública o hechos noticiosos” como ataques a la integridad física, allanamientos, destrucción o confiscación de equipos y materiales periodísticos durante una cobertura, amenazas explícitas, implícitas o simbólicas, y amedrentamiento, acoso, asedio, hostigamiento, espionaje e intimidación, entre otras.

De acuerdo al informe, en el último año hubo “una gran cantidad de casos de ataques y estigmatizaciones a periodistas que informan sobre distintas áreas del accionar estatal, denunciando en muchos casos prácticas irregulares o de apariencia ilegal”. Y continúa: “Se observa cómo algunos legisladores de la coalición de gobierno acusan a los periodistas de operar contra el país en el marco de sus coberturas periodísticas, sin que exista en ninguno de los casos alguna prueba que fundamente sus acusaciones”.

A estas situaciones, Cainfo suma los cuestionamientos a periodistas de parte de la exfiscal Gabriela Fossati, que estuvo a cargo del caso Astesiano y luego se adhirió al Partido Nacional. Asimismo, la organización vuelve a mencionar los ataques de parte de la senadora nacionalista Graciela Bianchi, quien además “ha incurrido en amenazas con el inicio de demandas judiciales a un periodista por una pregunta que no le agradó”.

Entre los casos registrados, Cainfo menciona la denuncia de más de un periodista deportivo por “agravios y amenazas de muerte” luego del partido entre Peñarol y Cerro en abril de 2023, el caso de un equipo de VTV noticias que fue amenazado por una persona que intentó romper los instrumentos de trabajo del canal durante el desalojo del centro educativo IAVA que estaba ocupado por estudiantes, también en abril de 2023, la vandalización de la radio CW 33 de Florida y la denuncia de la periodista deportiva Ana Inés Martínez a gerentes de Canal 10 por acoso sexual y laboral.

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