El canciller Omar Paganini mencionó ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas las dificultades de Uruguay para solucionar el hacinamiento en cárceles y sostuvo que la aplicación de programas que favorezcan la reinserción social y disminuyan la reincidencia es “prácticamente imposible”. Asimismo, el jerarca admitió los problemas para mitigar las desigualdades y situaciones de violencia basada en género en Uruguay y planteó la necesidad de medidas “más profundas”.
Paganini participó este miércoles, junto a una delegación del gobierno uruguayo, en el Cuarto Ciclo de revisión del Examen Periódico Universal sobre la situación de los derechos humanos en Uruguay. Al inicio de su disertación, el canciller destacó las acciones del gobierno para enfrentar la pandemia, destacó la recuperación económica del país, el aumento del empleo y el salario real.
A su vez, comentó la “ambiciosa” reforma de la seguridad social que impulsó el gobierno, el “incremento” de recursos para atender a la primera infancia y la inversión para regularizar los asentamientos irregulares, así como la aprobación del primer Plan Nacional de Derechos Humanos del Uruguay, entre otras medidas.
El ministro de Relaciones Exteriores centró su discurso en distintos temas que fueron objeto de recomendaciones del organismo internacional para Uruguay. Entre ellos, el sistema penitenciario, la violencia basada en género y la impunidad de los crímenes de lesa humanidad en la última dictadura, que también aparecen en el último informe de Amnistía Internacional, en el capítulo ampliado para Uruguay.
Con relación al sistema carcelario, Paganini sostuvo que tiene una “realidad heterogénea”, pero más allá de eso destacó que el país cuenta con “cárceles de buen diseño, con variedad de actividades educativas, programas de capacitación y rehabilitación en varias unidades penitenciarias del país”. Sin embargo, estas condiciones no han permitido superar el hacinamiento, principalmente en grandes centros penales del área metropolitana, apuntó.
Paganini dijo que los problemas que genera la superpoblación en cárceles “son evidentes”: “en esas grandes estructuras edilicias el ocio y la mala convivencia son habituales”, dijo, y agregó que en esos centros “la implementación de actividades y programas que mejoren sustantivamente la reinserción social y disminuyan la reincidencia delictiva son extremadamente difíciles, si no prácticamente imposibles”.
Sobre la igualdad de género y las violencias que atraviesan las mujeres uruguayas, el canciller resaltó algunos avances, pero marcó que es necesario “ajustar” las políticas públicas en esta materia y adoptar medidas “más profundas” que permitan “atacar las causas, a la vez que mejoren la prevención y persecución de este delito”.
Asimismo, en materia de género, Paganini reconoció los efectos negativos del artículo 74 de la ley de urgente consideración (LUC) que “generó un aumento desproporcionado del número de mujeres condenadas por el llamado microtráfico de estupefacientes”. “Atendiendo este efecto no deseado de la ley, ya se ha modificado el artículo mitigando sus efectos, que afectaban a una población especialmente vulnerable”, señaló el jerarca.
El canciller también hizo una mención a los crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. “En los últimos años se han aumentado sensiblemente las investigaciones, juzgamientos y procesamientos por crímenes de lesa humanidad”, sostuvo, y apuntó que en este tema es “estricta” la separación de poderes y que cada uno ha llevado adelante las acciones que le corresponden. Paganini reconoció que a impulso de la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad, el Poder Judicial ha dictado sentencias de condena por desaparición forzada, tipificación que hace poco tiempo no era admitida.