Luego de que una mujer fue encarcelada en Punta del Diablo, Rocha, por vender marihuana, se generó un debate acerca de la dosimetría penal en delitos de microtráfico y al proceso penal del caso, ante lo cual la Fiscalía emitió un comunicado en el que plantearon que este es un debate legislativo y que la ley vigente debe aplicarse.

La Asociación de Defensores Públicos (Adepu) también emitió un comunicado en el que plantea varias cuestiones. Por un lado, habla sobre la exposición del caso. En esta línea, dicen que “la defensa pública -al igual que la defensa privada- se debe a su patrocinado o patrocinada. En este sentido, si un defendido o defendida manifiesta no querer exponer su caso en los medios de comunicación apoyaremos la decisión en el respeto de su intimidad y dignidad, más aún cuando existen menores hijos e hijas afectados por las decisiones judiciales en cuestión”.

A su vez, recuerdan que es un tema que ha sido central para Adepu: “Advertimos y trabajamos como asociación en visibilizar cómo el encarcelamiento por delitos no violentos vinculados a drogas en nuestro país afecta especialmente a mujeres”, indicaron. Acotaron que “hemos denunciado que las mismas son cuatro veces más aprisionadas, fenómeno que preocupa y ocupa a esta asociación, al punto que hemos conformado un grupo de trabajo al respecto y presentado propuestas legislativas para intentar paliar las duras consecuencias que se generan”.

Por otra parte, en el comunicado se aclara que, “en la mayoría de los casos relacionados con estupefacientes, el ejercicio de la defensa y las estrategias se encuentran limitadas, como consecuencia de reformas legislativas que implicaron un agravamiento de penas y establecieron limitaciones procesales que impiden contemplar los casos concretos o las particularidades contextuales que lo rodean, pero sobre todo impiden aplicar alternativas al encarcelamiento para los casos de menor entidad (Ley 19.007 del año 2012, ley 19.513 del año 2017 y finalmente la LUC 19.889 del año 2020)”.

Los magistrados manifiestan “el apoyo a nuestros colegas que integran la Defensa Pública Penal, que realizan la defensa de la mayoría de los casos del sistema penal, en especial las personas vulnerables como el caso en cuestión”. “Es necesario destacar que realizan un trabajo de calidad y con compromiso, a pesar de las grandes carencias que son de conocimiento público”, destacaron, y criticaron que “en oportunidades se ha juzgado su trabajo, cuando el problema radica en la rigidez normativa aplicable”.

Finalmente, exhortaron a “continuar trabajando en lograr modificaciones legislativas que atiendan esta problemática que tanto afecta a mujeres y sus hijos e hijas y a dotar de los recursos necesarios para el fortalecimiento de la defensa pública a efectos de mejorar el acceso a la justicia de todos y todas”.