Autoridades del oficialismo y la oposición en la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) coinciden en que el proyecto de ley de medios aprobado el martes en la Cámara de Senadores, cuya redacción ya no puede ser modificada si bien falta la sanción definitiva en Diputados, no establece con claridad qué organismo público sería el encargado de controlar el cumplimiento del artículo aditivo propuesto por Cabildo Abierto (CA) –y, eventualmente, fijar sanciones–.

El artículo consagra, por un lado, “el derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada” y, por otro, les adjudica a los medios de comunicación de radio y televisión “el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos”.

El aditivo de CA, que fue aprobado con los votos de la coalición de gobierno, pero que es cuestionado desde esas filas, detalla que dicha obligación “comprende a todos los programas y espacios que emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término, incluyendo contenidos de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo, administrativo, partidario, jurídico, académico y electoral”.

La preocupación de CA por el acceso a información “imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada” ya había quedado plasmada a principios del año pasado en un anteproyecto de ley que, a diferencia del texto aprobado recientemente en el Senado, disponía la creación de una “Junta de Garantías en Comunicación Política”, que tendría entre sus funciones “la observación de los programas y espacios” y la fiscalización de los medios de comunicación.

Fuentes del oficialismo en la Ursec señalaron a la diaria que la nueva ley de medios “no dice en ningún lugar cuál sería el organismo que estaría a cargo de la fiscalización teórica de esa disposición”. “No hay ningún organismo al que se le haya atribuido eso”, subrayaron.

El artículo 62 del proyecto aprobado en el Senado establece que el Estado será el responsable, “a través del Poder Ejecutivo o de la Ursec”, de llevar a cabo “el control, la supervisión, el ejercicio de la potestad sancionatoria, y la imposición de las obligaciones previstas de conformidad con lo dispuesto en la presente ley”. No obstante, desde la Ursec aseguraron que a la unidad reguladora “no le correspondería” controlar el cumplimiento del artículo de CA, “salvo que se le asignara en la reglamentación de la ley”, en referencia al decreto regulatorio que eventualmente emitirá el Poder Ejecutivo si el proyecto se aprueba definitivamente –aunque esto tampoco es seguro, porque “ese artículo no dice que tenga que tener reglamentación”–.

En cualquier caso, desde el directorio aseguraron que “no es viable” que la Ursec controle el cumplimiento del aditivo, que “es declarativo” y no tiene “una sanción asociada”.

Siris: “Una suerte de espada de Damocles sobre los medios”

En diálogo con la diaria, Pablo Siris, director de la Ursec en representación del Frente Amplio (FA), señaló que, en principio, la unidad reguladora es el “organismo encargado de aplicar la ley en su conjunto”, en base a “un esquema de sanciones que pueden ser leves, graves o muy graves”. A su entender, el artículo de CA podría ubicarse dentro de ese esquema, “pero estoy haciendo una interpretación porque el decreto reglamentario que acompaña esta ley debería establecer cuáles son las competencias y los procedimientos para estas situaciones”, aclaró.

Siris estimó que, si el artículo en cuestión entra en vigencia, “las sanciones o expedientes se plantearían, imagino yo, a denuncia de parte”, lo cual, sostuvo, supone “una suerte de espada de Damocles sobre los medios, porque es casi imposible de controlar”.

Según Siris, el concepto del aditivo de CA “es tan amplio que, en definitiva, se convierte en una cuestión discrecional”. “Es imposible llevar un control efectivo de esto y, al mismo tiempo, se genera una suerte de espada de Damocles” porque “cualquier día cualquier periodista o cualquier medio puede ser denunciado por incumplir la norma”, expresó.

Por último, Siris lamentó que en su segundo pasaje por la Cámara de Representantes, los diputados “no van a poder darle claridad a esto”, dado que, como ya fue aprobado por la cámara baja y posteriormente tuvo cambios en la cámara alta, el proyecto sólo puede ser aprobado o rechazado por la Cámara de Representantes, pero no modificado.

Sánchez: “se está confabulando” la “intención de este Poder Ejecutivo de perpetuarse en la televisión pública”

“Acá se está aplastando a la minoría”, manifestó el martes durante la votación de la nueva ley de medios el senador del FA Alejandro Sánchez, quien cuestionó especialmente el capítulo referido al sistema público de radio y televisión nacional. A partir del artículo 74, el proyecto dispone la creación y detalla los cometidos del Sistema Público de Radio y Televisión Nacional (Sipraten) como un servicio descentralizado encargado de “administrar, dirigir y operar servicios de radiodifusión de radio y de televisión públicos estatales”.

El proyecto prevé que el directorio del Sipraten –integrado por un presidente, un vicepresidente y un vocal– será designado conforme al artículo 187 de la Constitución, es decir, será designado por el presidente de la República, “previa venia de la Cámara de Senadores”. El proyecto agrega que, “para asegurar la independencia del Poder Ejecutivo”, las designaciones en el directorio del Sipraten “serán escalonadas cada dos años”.

Sin embargo, Sánchez señaló que el primer presidente del Sipraten será designado por un período de seis años. Según el proyecto, esto es “para asegurar el mencionado escalonamiento”. Para Sánchez, esto “quiere decir que en todo el [próximo] período de gobierno, el que va a elegir la ciudadanía en octubre o en noviembre, el Poder Ejecutivo no podrá nombrar” a sus autoridades.

“Acá está, entre otras cosas, por qué quieren votar esto rapidito; acá se está confabulando por todos los partidos políticos la intención de este Poder Ejecutivo de perpetuarse en la televisión pública en el próximo gobierno”, manifestó Sánchez.

Quien respondió en sala a la acusación del senador frenteamplista fue la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi, quien afirmó que el próximo presidente, “se llame como se llame”, tendrá la posibilidad de “destituir cuando quiera” al titular del Sipraten. “El próximo presidente puede tener toda la libertad de hacer lo que tenga que hacer”, aseguró.