Las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) comparecieron ante la comisión homónima de la cámara baja para dar explicaciones sobre la investigación administrativa que se llevó adelante en esa cartera por la adjudicación de viviendas a militantes de Cabildo Abierto (CA) de forma discrecional. El hecho derivó en la salida de Irene Moreira del ministerio a pedido del presidente, Luis Lacalle Pou, en mayo de 2023.
El ministro de Vivienda, Raúl Lozano, confirmó que los funcionarios públicos que eran pasibles de tener una observación finalmente no la tendrán. En rueda de prensa, Lozano indicó que definió no sancionarlos tras estudiar sus “descargos” y la “situación”: “Resolví no poner ningún tipo de sanción, lo que fue comunicado días pasados a esos funcionarios. Ninguno va a ser sancionado”, sostuvo.
Cuando se inició la investigación, Lozano había dicho que “hubo cierta responsabilidad” de algunos funcionarios, los cuales estaban sujetos a tener una observación. Esto generó malestar en la Asociación de Funcionarios del MVOT, que, en un comunicado, indicaron que los funcionarios actuaron conforme a los procedimientos establecidos por el entonces director de Vivienda, Jorge Ceretta.
En ese marco, el sindicato apuntó que los funcionarios se enteraron por la prensa de la resolución que dio a conocer el ministro en su momento, “sin haber sido previamente notificados y otorgada vista para articular su defensa, a pesar de que en la misma se establece que los funcionarios son pasibles de una determinada sanción”.
Este miércoles, tras su comparecencia, Lozano fue consultado por la “responsabilidad política” de la exministra y dijo que Moreira renunció, “por lo que ya no hay más que realizar”. De acuerdo al informe de la División de Jurídica, a cargo de Marcia Senattore, la conducta de Moreira “no se ajustó a derecho ni a la ética que debe seguir la actuación de las personas convocadas a ejercer un cargo de alta responsabilidad al servicio del Estado”.
Asimismo, en la investigación se indicó que con la tramitación de 12 solicitudes de viviendas de forma discrecional “hubo un apartamiento de los principios de la función pública” y que “se vulneraron los principios de imparcialidad e igualdad de oportunidades”. Finalmente, el ministro informó en la comisión que se designó una sola vivienda y, cuando asumió el cargo tras la salida de Moreira -algo que significó una crisis entre CA y Presidencia-, dio de baja las restantes designaciones que habían sido de forma directa.
Todo claro
Cecilia Cairo, diputada del Frente Amplio (FA) y presidenta de la Comisión de Vivienda, dijo a la diaria que queda “claro” que “por suerte sólo una [vivienda] fue entregada”. “Las otras 11 no se entregaron a tiempo; el ministro entrante entregó la información y, a su vez, informó que los funcionarios no van a ser sumariados ni observados, algo que a nosotros nos tenía preocupados”, expresó.
Según Cairo, la investigación administrativa es “bastante completa” y añadió que “hay varias cosas que nos parecen importantes, entre ellas, la arbitrariedad con la que se entregó la vivienda”. “Estamos evaluando cuáles son las acciones futuras porque consideramos que en definitiva el cargo político, que era la ministra, entregó viviendas”, indicó.
En tanto, Cairo reconoció que la investigación administrativa fue hecha “sin ninguna presión”. “Es obvio por lo que la funcionaria escribe y, a su vez, que no nos parece muy bien también que los funcionarios sean los culpables de una decisión jerárquica y un cargo político, así que le agradecimos”, añadió.
Asimismo, la legisladora resaltó que de la investigación surge que desde 2009 hasta 2020 no se entregó una vivienda de forma directa, tal como se planteó anteriormente desde el oficialismo. “Eso era bueno decirlo. Hay un reconocimiento de que durante el gobierno del FA nunca se entregó ninguna vivienda en esas condiciones”, sostuvo.
Por su parte, la diputada nacionalista Carmen Tort remarcó a la diaria que del expediente surge “claramente” que de 2009 a 2020 no hubo “ningún tipo de irregularidad” y que “se dieron estas otras situaciones con posterioridad”. “Cuando se tiene que investigar se investiga, y se pone en el informe y se transmite a las comisiones del legislativo tal cual surge el expediente”, apuntó.
Por último, dijo que el episodio de Moreira “afectó muchísimo a Cabildo, y si le afecta a un socio, obviamente afecta a la coalición”. “Se van, renuncian, hacemos que se bajen. Si hay que ir preso, hay que ir preso. No hacemos caravana ni aplaudimos cuando sale un legislador en situación complicada. Es totalmente diferente”, concluyó.