La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) presentó este martes un pedido de informes al Ministerio del Interior (MI), luego de que la diaria informara sobre la investigación en contra del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, orquestada por el exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano en conocimiento del presidente Luis Lacalle Pou.

La intención de los legisladores de la coalición de izquierda es tomar conocimiento de las personas, oficinas o áreas administrativas del MI que estuvieron involucradas en la investigación sobre un local comercial al que Astesiano quiso vincular con Abdala y si se realizó o no una solicitud a la Justicia “para hacer lo que hicieron, o posterior, a partir de lo que hicieron”, explicó a la diaria el senador frenteamplista José Carlos Mahía. Asimismo, el senador señaló que uno de los objetivos es obtener más información para esclarecer si se trata de un caso de espionaje en democracia o “algún tipo de exceso por parte del Poder Ejecutivo, un exceso no justificado sobre la situación que atravesó el presidente de la central sindical”.

Por otra parte, Mahía señaló que esta es la primera acción que se decidió tomar, porque “lo más importante es esclarecer los hechos” y “como nadie del Poder Ejecutivo salió a hacerlo de motu proprio, creo que hay que hacer que digan la verdad, a través de un pedido oficial como es un pedido de informes”. A partir de la información que se obtenga se definirán otras medidas, adelantó.

Con relación a las declaraciones que ha hecho el presidente sobre el tema, el senador de Asamblea Uruguay dijo que “el problema que nosotros vemos fundamentalmente es que él no se pronuncia sobre el hecho. Él simplemente dice que está informado”.

“Es muy habitual en el presidente de la República eludir las respuestas poniendo otros temas. Por ejemplo, cuando se habló de la situación de Yamandú Orsi, él dijo que era tan grave la acusación falsa como que se diga que hay responsabilidad de los partidos sobre el hecho, y nadie lo hizo. Y sobre el caso de Pablo Iturralde, dijo que estuvo bien Iturralde en renunciar, pero no se pronunció sobre las presiones al sistema de justicia y los fiscales”, analizó Mahía.

Las preguntas al Ministerio del Interior

En el pedido de informes, al que accedió la diaria, las y los senadores sostienen que en caso de confirmarse que existió una investigación sobre Abdala con uso de recursos del Estado y en conocimiento del presidente se “lesionaría de manera grosera y flagrante derechos humanos fundamentales de las personas consagrados en la Constitución de la República y Convenciones Internacionales de Derechos Humanos y Civiles aprobados y ratificados por la República, como, asimismo, el orden institucional”. En esa línea, solicitan el “detalle e información pormenorizada y precisa de las actividades cumplidas sobre el particular por personal que reviste en la cartera y en especial la estructura policial”.

En primer lugar, consultan “si la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas o alguna otra unidad de la Policía Nacional inició una investigación o seguimiento de los movimientos del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y sobre su concurrencia a un comercio donde presuntamente se comercializaban estupefacientes” y, si así fuera, “qué autoridad ordenó ese procedimiento”.

Luego apuntan que, en el caso de que el punto anterior sea afirmativo, se detalle a “qué autoridades del sistema de justicia (Fiscalía o Juzgado Penal) se le dio cuenta o se pidió anuencia para realizar esa investigación”.

En tercer lugar, preguntan si se dispuso y se realizó una investigación sobre un autoservicio ubicado en Juncal y Cerrito y en el cuarto punto consultan “cuál fue la razón o motivo para disponer la vigilancia, observación con cámaras de seguridad pública y cualquier otra actividad policial de investigación sobre dicho comercio. Indique qué autoridad la dispuso y sobre qué fundamentos”.

En los puntos siguientes, los senadores preguntan “si se cargaron las novedades de estos procedimientos en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública y se le dio número único de identificación criminal a las resultancias de esta investigación”, y si la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas designó a un oficial “a los efectos de que concurriera el día 10 de febrero de 2022 o en días posteriores a reunirse con el entonces jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, en la Residencia Presidencial de Suárez y Reyes por convocatoria de este”.

Por último, piden que se “informe cuál fue el resultado de la investigación, si se arribó a la conclusión por parte de los investigadores en el sentido de descartar la existencia de comercialización de estupefacientes en el comercio de marras y si esa investigación se levantó o quedó abierta”, y que “se especifique cuántos medios humanos y materiales policiales fueron afectados para la investigación y durante qué período de tiempo se abocaron a la misma”.