El ministro de Vivienda, Raúl Lozano, entregó este martes a la Comisión de Vivienda del Senado el informe de Jurídica del ministerio en el que se detalla la investigación administrativa realizada en torno al caso de la exministra Irene Moreira por la adjudicación irregular de viviendas a militantes y personas allegadas a Cabildo Abierto.

En rueda de prensa a la salida de la comparecencia de Lozano, el senador del Frente Amplio (FA) Sebastián Sabini señaló que su partido insistirá en que se investigue el procedimiento de “planillas abiertas”, en el que entienden que la investigación administrativa no profundiza y por el que se contactaba a personas que no cumplían con los requisitos necesarios para ser beneficiadas con la entrega de viviendas, con el fin de generar un informe que justificara la intervención y el beneficio.

“En la investigación se dice que cada 20 días se enviaba esa planilla, por lo que es pensable que haya más casos que no estaban integrados en esta investigación. Hay que profundizar en las planillas abiertas, parece un procedimiento paralelo y que no era legal”, dijo Sabini.

Antes de que sesionara la comisión, el legislador había adelantado a la diaria que la oposición insistiría en consultar las razones que llevaron a Lozano a no incluir a Moreira y al exdirector nacional de Vivienda Jorge Ceretta en la resolución que inició sumarios administrativos a otros funcionarios del ministerio. En su momento, el jerarca había puntualizado que Moreira no había cometido ningún acto ilícito, a pesar de que el informe de Jurídica establecía que había actuado con “abuso y exceso de poder”.

“Hubo grave apartamiento de las normas aplicables violentando los principios de legalidad, igualdad, buena administración, buena fe, transparencia, probidad e imparcialidad, privilegiando a ciertos ciudadanos por encima de otros que se encuentran en la misma situación”, señalaba el informe.

Para Sabini, hubo “arbitrariedad” en la selección de los beneficiarios y estos mantenían vínculos “privados, personales y políticos” con la ministra. “Se ha intentado minimizar y creo que hay más cosas de las que sabemos”, reflexionó el legislador del Movimiento de Participación Popular. En ese sentido, señaló que hablar de abuso de poder de parte de la exministra y el exdirector “puede significar un abuso de funciones”.

En definitiva, el senador adelantó que la fuerza política analizará este tema en bancada. “El expediente tiene 10.000 páginas y por lo tanto requerirá de un estudio en profundidad”, dijo. El FA analizará si existió, además de abuso de funciones, un delito de conjunción de interés público y privado. De todos modos, el legislador dio a entender que desde el FA no se avanzará en la presentación de una denuncia penal en este momento.

“Entiendo que aún hay instancias parlamentarias. Es una posibilidad (la denuncia penal), pero creo que todavía tenemos muchas preguntas en cuanto al procedimiento de las planillas abiertas”, declaró.

En diálogo con la diaria, el ministro señaló, como ha hecho en otras oportunidades, que en la investigación administrativa “no se sugiere ningún tipo de delito” y que hay “valoraciones” que hacen pensar que existió “abuso de poder”, mas no un “abuso de funciones”. “El abuso de poder es una falta desde el punto de vista administrativo, que puede ser considerado una falta importante, pero no es un delito”, recalcó Lozano. Para el ministro, Moreira tampoco incurrió en un delito de conjunción de intereses. “No lo entendemos así”, respondió ante el planteo de Sabini, y enfatizó que el ministerio da “por cerrado” el asunto. “Yo ya firmé una resolución ministerial en la cual se da por cerrado el tema en cuanto a los funcionarios que no fueron sancionados”, sentenció.