En el departamento de Treinta y Tres los vínculos laborales con el Estado suponen 23% de la población ocupada. Dicho de otro modo, cada cuatro trabajadores olimareños hay prácticamente un empleado público. A su vez, en el departamento de Río Negro los funcionarios municipales representan 31% de los trabajadores del sector público. De acuerdo al último informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), correspondiente a 2023, en Uruguay existen en total 310.322 vínculos laborales con el Estado, lo cual, en una población ocupada de 1.697.572 personas, determina una proporción de 18%. ¿Y esto es mucho, poco, lo normal para un Estado como el uruguayo?

Para el secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), José Lorenzo López, “en comparación con otros países, Uruguay está en un número adecuado en la cantidad de funcionarios públicos que tiene”. El dirigente sindical señaló a la diaria que la cifra absoluta de 310.000 vínculos laborales “incluye a todos los trabajadores estatales del país”, no sólo a la administración central, es decir, “ahí están todos los gobiernos municipales, la educación, los policías y los militares”.

“Tenés mucho militar y policía”, señaló a la diaria Conrado Ramos, exdirector de la ONSC (2020-2023) y actual secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. En cuanto a las Fuerzas Armadas, dijo que “la cantidad de efectivos que tenés para la población del país es una enormidad y no se reduce”. El informe de la ONSC marca que, al cierre del año pasado, había 28.601 vínculos laborales en el Ministerio de Defensa y 34.992 en el Ministerio del Interior; juntos, los dos ministerios suponen 20% de los puestos en el sector público.

Ramos señaló que, al margen de la cantidad de militares y policías, el Estado uruguayo tiene “un welfare intensivo en mano de obra”, a diferencia de otros países que “son más de transferencias”. “Acá salud y educación las contratás directamente, más que hacerle transferencias a la gente. El Estado alemán es mucho más chico, porque hace transferencias y no provee; [en cambio] los escandinavos proveen servicios directamente, entonces, depende de qué tipo de Estado de bienestar tengas”, explicó.

Por eso, Ramos afirmó que “el número absoluto dice poco”. El exdirector de la ONSC lamentó que, por lo general, “se discuten números absolutos sin sentido ninguno”, sin incorporar parámetros tales como la productividad o la calidad del servicio. Esto, sostuvo, “es un no-tema en Uruguay”.

El peso del sector público por departamento

El último informe de la ONSC marca que el departamento que tiene un mayor peso de los empleados estatales dentro de la población ocupada es Treinta y Tres, con 23,5%. En segundo lugar se ubican los departamentos de Durazno y Rocha con 22,5%; les siguen Artigas (22,4%) y Montevideo (22,2%).

En el otro extremo, los departamentos que tienen una menor proporción de vínculos laborales con el Estado con relación a la población ocupada, que es estimada por el Instituto Nacional de Estadística, son Canelones (10%), Maldonado (12,6%), San José (13,8%), Colonia (14,9%) y Salto (16,1%).

Asimismo, el documento de la ONSC revela que a nivel departamental existen diferencias en cuanto a la cantidad de funcionarios municipales con relación al número de empleados estatales. En Montevideo, por ejemplo, los funcionarios de la intendencia capitalina suponen apenas 6,3% de los trabajadores públicos del departamento; se trata del porcentaje más bajo del país. A Montevideo le siguen desde esta perspectiva San José (12,5%), Rivera (14,2%), Canelones (15,3%) y Colonia (16,3%).

En el otro lado se sitúan las intendencias de Río Negro, cuyos trabajadores representan 30,7% de los vínculos laborales del Estado en el departamento, Treinta y Tres (25%), Lavalleja (24,9%), Soriano (24,5%) y Maldonado (24%). En total, la ONSC contabiliza 39.481 funcionarios municipales, que, en un universo de 310.322 empleados estatales, supone una proporción de 12,7%.

Ramos mencionó otro elemento importante para la discusión sobre el tamaño del Estado: la calidad del servicio público. Dijo que hay que evaluar si quienes desempeñan estas tareas “son profesionales altamente capacitados”. “La estimación que tenemos nosotros es que un tercio de los funcionarios son administrativos… En una era digital y de inteligencia artificial”, apuntó.

Ramos mencionó el reciente llamado que dispuso el Poder Legislativo para ocupar 19 cargos administrativos con un salario de 108.000 pesos por mes. “Es un disparate”, afirmó; y sostuvo que, en términos generales, “las profesiones poco calificadas están pagadas muy por encima del mercado” por parte del Estado uruguayo; mientras que, al mismo tiempo, en las profesiones altamente calificadas “no competís con el mercado”. “Ahí tenés un problema de calidad más que de cantidad, que siempre es relativa”, resaltó.

Ganadores y perdedores en el gobierno de la coalición

La administración del presidente Luis Lacalle Pou asumió con 312.878 vínculos laborales con el Estado. Luego de una década y media en el gobierno, el Frente Amplio había dejado 71.153 empleados estatales (presupuestados y no presupuestados) más en comparación a cuando asumió por primera vez en 2005.

En este escenario, la coalición de gobierno prometía en el “Compromiso por el país” identificar y aprovechar “oportunidades de ahorro en el gasto público”, recortar cargos de confianza y también “humanizar la función pública”. A diferencia del programa de gobierno del candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, que plantea una reducción de 15.000 vínculos laborales con el Estado en el transcurso del quinquenio, en el “Compromiso por el país” no había un número específico, pero entre 2019 y 2023 la ONSC registró una disminución de 2.556 vínculos laborales con el Estado.

En el desglose, las únicas áreas del Estado que aumentaron su plantilla en este período de gobierno fueron Salud Pública, que incorporó 2.496 trabajadores, Seguridad, Defensa, Servicios sociales y Educación, cultura y deporte. El resto de las reparticiones del Estado perdió personal, algunas proporcionalmente más, como Transporte y obras públicas (-18,3%), y otras proporcionalmente menos, como el Poder Legislativo (-2,8%).

Consultado al respecto, el secretario general de COFE señaló que en estos cuatro años de gobierno de la coalición hubo un aumento presupuestal para policías y militares, lo que, a su entender, “es un dato relevante”, porque “el aparato represivo del Estado tuvo una compensación desde el punto de vista de la masa salarial y del crecimiento del salario” que no tuvo el resto de la administración central. Si bien puntualizó que en algunos casos esto está justificado, “porque eran vergonzosos los salarios que cobraba la tropa militar, y siguen siendo vergonzosos”, López sostuvo que en la administración central hay “sectores enteros que no llegaron ni a recuperar el salario que perdieron en la pandemia”.

Por otra parte, López cuestionó la caricatura del “típico funcionario administrativo atrás del mostrador que atiende al público tomando el té”, como si fuese un “sketch de Gasalla”. Esto, sostuvo, se utiliza “para justificar los planteos que hace Delgado de que hay que reducir 15.000 funcionarios públicos”, y aseguró que actualmente “los propios ministros de este gobierno están pidiendo que ingrese personal porque no tienen para cubrir los puestos de trabajo”.