El Frente Amplio (FA) publicó este jueves una declaración en la que expresa su rechazo a la aprobación de la nueva ley de medios en la Cámara de Diputados en la madrugada de este jueves.

La oposición sostiene que con los cambios promovidos en la nueva normativa “se genera mayor concentración de la propiedad de los medios”, “se habilita la extranjerización”, “se golpea a Antel” y además, “se cristaliza la situación actual de privilegios extendiendo automáticamente por 15 años más la duración de las licencias vigentes”.

“Las propuestas del gobierno de coalición atacan la libertad de expresión y de prensa introduciendo un mecanismo de censura previa en el artículo 72”, impulsado por Cabildo Abierto en la Cámara de Senadores, sostiene el texto, que finalmente vetó el presidente Luis Lacalle Pou.

El polémico aditivo de los cabildantes establecía que los servicios de difusión regulados por la ley “tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos”. Este artículo causó revuelo en la oposición, pero también en filas oficialistas, que pusieron en duda la aprobación de la ley en un momento.

Las repercusiones sobre este punto y la ley en sí misma, también llegaron desde otros ámbitos, por ejemplo, la Institución Nacional de Derechos Humanos. En el texto, el FA también recuerda otros organismos nacionales e internacionales que se expresaron en contra. Entre ellos, la Asociación de la Prensa Uruguaya, el PIT-CNT, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y Unesco, la Federación Internacional de Periodistas, y más.

“Estas modificaciones respondieron a un tratamiento sin discusión, con carácter de grave y urgente sin que se conociera la redacción al momento de votar. Esto constituye un antecedente de prácticas parlamentarias graves y peligrosas para la democracia”, señala la oposición. Asimismo, asegura que el fundamento de esta iniciativa responde a “un insistente y público reclamo de sectores empresariales ligados a los medios de comunicación”.

La coalición de izquierda reiteró que esta ley “supone un retroceso en la democratización del sistema de medios”, dado que se eliminan todas las instancias institucionales de participación de la sociedad para “garantizar la transparencia de las adjudicaciones de licencias volviendo a una discrecionalidad casi absoluta del Poder Ejecutivo en su otorgamiento”.

En particular sobre el impacto sobre Antel, el FA hace referencia a la “privatización de la transmisión de datos de internet” en detrimento de la empresa estatal. “En los artículos 13 y 73 limitan a Antel para competir con ellas, prohibiendo que pueda acceder a licencias para comercializar contenidos audiovisuales tanto en asociaciones con privados como en el sistema público”.

Por otra parte, la oposición se remite al informe de la División Jurídica de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo que concluyó que la aprobación de la ley antes de las elecciones de octubre es inconstitucional. El FA recuerda que el artículo 229 de la carta magna prohíbe de forma expresa que se creen cargos públicos en los 12 meses anteriores a las elecciones. “Es una iniciativa con elementos inconstitucionales. En el proceso de discusión de esta ley ya se cometieron ilegalidades para favorecer a los grandes medios de comunicación”, agrega.

“El proyecto de ley que se sanciona fue públicamente rechazado por el Frente Amplio e importantes organizaciones de la academia y expertos en libertad de expresión, por formas y contenidos”, concluye el comunicado.

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