Aunque la Constitución le daba un plazo de diez días, el presidente Luis Lacalle Pou no esperó ni 24 horas para vetar el artículo 72 de la nueva ley de medios que, a propuesta de Cabildo Abierto (CA), consagraba el derecho de los ciudadanos a recibir “una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada”. El artículo, aprobado de manera definitiva este miércoles en el Parlamento, también imponía a los medios de comunicación la obligación de dar información “imparcial” y “equilibrada” en “todos los programas y espacios que emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término”.

En el veto que envió este jueves a la Asamblea General, al que tuvo acceso la diaria, Lacalle Pou sostiene que el artículo “se observa por razones de constitucionalidad y conveniencia”. Desde Presidencia señalaron a la diaria que el presidente “lo tenía redactado hace un tiempo”.

Lacalle Pou argumenta que, “sin perjuicio de vulnerar la libertad de industria”, el texto en cuestión supone “una obligación incompatible con la libertad de expresión”, dado que, “no sólo obliga a los medios a cómo deben comunicar”, sino que además define “qué tipos de contenidos deben comunicarse”.

Lacalle Pou sostiene que del tratamiento parlamentario que tuvo la nueva ley de medios “no surgen las razones de interés general que se pretenden proteger”, así como tampoco “ninguna otra razón legítima que justifique las restricciones y las obligaciones que se establecieron a cargo, en general, de todos los servicios de difusión”.

En definitiva, el presidente sostiene que observar este artículo “resulta imprescindible en un Estado de derecho” para “salvaguardar el derecho y la garantía jurídica de la libertad de expresión como derecho humano que deriva de la forma republicana de gobierno”.

Domenech: “El presidente no cumple con la palabra empeñada”

“Pensé que no lo iba a hacer”, expresó en rueda de prensa el senador y líder de CA, Guido Manini Ríos, una vez que trascendió la resolución de Lacalle Pou. Manini Ríos dijo que el propósito del artículo era garantizar “la libertad del ciudadano”: “¿Qué libertad tiene un ciudadano de elegir [en las elecciones] en base a la caricatura que le hacen de un partido o de un candidato?”, preguntó.

Según Manini Ríos, el artículo “garantizaba esa libertad en la medida en que fuera respetado”, aunque aclaró que “no tenía ni sanción ni órgano de contralor”. El senador sostuvo que la nueva ley de medios “tiene aspectos que son mucho más polémicos” y advirtió que, sin el artículo, “en el futuro puede pasar que por la concentración de medios los tres o cuatro medios de comunicación decidan a quién le ponen el micrófono o no”. El planteo de CA, sostuvo, era “la garantía del ciudadano de a pie”.

De todos modos, Manini Ríos, que no habló con Lacalle Pou, dijo que la permanencia de CA en la coalición de gobierno “no está en discusión”, porque su partido “se ha caracterizado por mirar el monte y no el árbol”.

En diálogo con la diaria, el senador cabildante Guillermo Domenech lamentó que, “una vez más, el presidente no cumple con la palabra empeñada”, que fue “transmitida a través de sus senadores”, cuando el artículo se incluyó en la Cámara de Senadores. “Realmente es un comportamiento que no esperábamos”, resaltó.

Domenech aseguró que el texto en cuestión “para nada limitaba la libertad de opinión del periodismo”, sino que, por el contrario, “pretendía coadyuvar a la lucha contra las noticias falsas”. “No sólo es preocupante que se elimine una disposición de estas características, lo que parece legitimar que puede engañarse a la gente impunemente, sino que ahora se agrega que ha habido un compromiso que no se cumplió”, expresó.

Bianchi: “Lo que nos importaba era derogar la ley vigente”

La Constitución prevé la posibilidad de que el Parlamento levante el veto del Poder Ejecutivo, siempre y cuando la Asamblea General reúna una mayoría especial de tres quintos de los votos. Sin embargo, “esto está laudado”, aseguró a la diaria la senadora del Partido Nacional (PN) Graciela Bianchi, quien en su momento acordó con Manini Ríos la inclusión del artículo en el Senado.

Según Bianchi, “el Poder Ejecutivo no intervino en esas negociaciones” y el artículo se incluyó como un punto intermedio, ya que Manini Ríos “quería hacer algunas modificaciones que eran inllevables, [porque] prácticamente creaban otro consejo de control, como tiene la ley que derogamos ahora”. “Lo que nos importaba a nosotros era derogar la ley vigente, que era peligrosísima”, subrayó.

El diputado del PN Álvaro Viviano dijo a la diaria que el artículo “era declarativo” y que, a su entender, “no surtiría efectos mayores” en caso de mantenerse. “Teníamos sospechas fundadas sobre la verdadera eficacia del artículo”, afirmó. No obstante, valoró positivamente el veto de Lacalle Pou como una forma de “evitar cualquier tipo de sospecha de que existan limitaciones reales a los medios y, sobre todo, al derecho de expresión”.

En el Partido Colorado (PC), que había solicitado públicamente el veto presidencial, celebraron la decisión de Lacalle Pou. El diputado colorado Martín Melazzi, que trabajó en la redacción de la nueva ley de medios en la Comisión de Industria, dijo a la diaria que el presidente fue “consecuente con sus principios republicanos y democráticos”.

Melazzi dijo que aprobar este artículo en la Cámara de Diputados “fue un trago amargo”, porque su contenido “era nefasto”. El diputado recordó que la ley demoró en aprobarse justamente porque CA proponía “la incorporación de este artículo”.

Por otra parte, Melazzi consideró que “esto no tiene por qué implosionar a la coalición”, dado que no es la primera vez que Lacalle Pou observa parcial o totalmente leyes votadas por CA, en referencia al veto a la ley forestal y al proyecto para cubrir parte de las deudas de Casa de Galicia, “y, sin embargo, pudimos convivir de forma perfecta”.

El diputado del PC Conrado Rodríguez dijo a la diaria que Lacalle Pou “hace bien en vetar el artículo” porque “avasallaba principios que son sagrados para el ordenamiento jurídico uruguayo”. “De la forma como está redactado, cualquier gobierno puede interpretarlo y aplicarlo de la manera que, si no se cumple con informaciones ‘veraces’, puede haber una sanción para el comunicador o para el medio de comunicación, entonces, dejarle una herramienta de este estilo a cualquier gobierno contiene un peligro”, afirmó.

Olmos: “Está muy bien que el presidente lo haya vetado”

La oposición también evaluó de manera positiva el veto presidencial. El diputado del Frente Amplio (FA) Carlos Varela dijo a la diaria que “era la actitud que correspondía”. “Me alegro por la decisión del presidente, pero esto no quita que estamos ante una muy mala ley”, que “tiene una cantidad de elementos negativos que significan un enorme retroceso con relación a la legislación que teníamos”, afirmó en referencia a la ley aprobada en el gobierno de José Mujica y reglamentada en la segunda presidencia de Tabaré Vázquez.

A modo de ejemplo, Varela señaló el mecanismo de designación de las nuevas autoridades del sistema público de radio y televisión, que ya ha sido catalogado como inconstitucional por la División Jurídica de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo. “Es absolutamente inconveniente la creación de cargos que comprometen la gestión del próximo gobierno en materia de medios públicos; no deberían haberlo hecho a esta altura del año”, afirmó.

El diputado del FA Gustavo Olmos, en tanto, dijo a la diaria que el veto del Poder Ejecutivo “es una buena noticia” porque el artículo era “absolutamente antidemocrático y ponía en serio riesgo la libertad de prensa y el prestigio del país a nivel internacional”. Si bien puntualizó que la nueva ley de medios tiene “otras cosas que son discutibles”, afirmó que “ninguna tenía la gravedad que tenía este artículo”. “Está muy bien que el presidente lo haya vetado”, subrayó.