El proyecto de ley de garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia, impulsado por la diputada del Frente Amplio (FA) Cristina Lustemberg, fue aprobado en octubre de 2023 en la Cámara de Diputados por todos los partidos políticos, con 76 votos en 86. Pero todavía no fue aprobado en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la cámara alta, y el tiempo apremia porque a mitad de setiembre empieza el receso parlamentario –más temprano de lo habitual por ser año electoral–.

El senador del FA José Nunes, integrante de la comisión, señaló a la diaria que no se postergó el tratamiento del proyecto, sino que “no se adoptó resolución”, y que en la sesión de este miércoles se trató “sumariamente”. Agregó que el oficialismo pidió la comparecencia de catedráticos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República para que informen sobre los alcances de “eventuales marcos institucionales que se crean a través de la ley”. Asimismo, el oficialismo planteó tener un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) sobre el tema.

De cualquier manera, Nunes subrayó que el FA considera “importante darle aprobación al proyecto” y a priori la idea que tenía la oposición era que se vote en los mismos términos en los que fue aprobado en la Cámara de Representantes, “dados los escasos plazos parlamentarios”. “Dada la importancia que todos los partidos políticos le asignan al problema de la pobreza infantil, y visto que el proyecto tiene una aprobación por gente de todos los partidos políticos en la Cámara de Representantes, nuestro objetivo era ese”, insistió.

Nunes dijo que “no está claro” si el oficialismo va a votar o no el proyecto, por lo tanto, en el FA tienen “temor” sobre el futuro de la iniciativa. “No estamos seguros de que se vaya a aprobar”, insistió. De todos modos, agregó que si bien el receso parlamentario empieza el 15 de setiembre, también es cierto que cabe la posibilidad de realizar sesiones extraordinarias. “Nosotros valoramos que es importante que se apruebe. Tuvo un examen significativo en la Cámara de Diputados, y no aprobarlo en el Senado sería matarlo”, finalizó.

Por su parte, el senador nacionalista Juan Straneo, integrante de la comisión, señaló a la diaria que en el proyecto se encontraron “algunas inconsistencias” con base en un informe de la División Jurídica del Palacio Legislativo, en el sentido de que algunos aspectos del proyecto “requieren iniciativa del Poder Ejecutivo, porque se crea nueva institucionalidad, pero sobre todo porque hay carga presupuestal”. Por lo tanto, Straneo subrayó que esos aspectos requerirían “iniciativa del Poder Ejecutivo” para asegurarse de que la norma no sea “inconstitucional”.

“Entonces, con esas observaciones, pareció prudente llamar a la cátedra de Derecho Constitucional y la de Derecho Administrativo, para por lo menos evacuar ciertas dudas, y los convocamos para la sesión que viene. Porque ya no es solamente infancia sí, infancia no, ni solamente el mensaje, sino si vamos a sacar una norma inconstitucional o no”, señaló. Straneo aclaró que la dilación del tratamiento del proyecto no es por “falta de voluntad” sino para conocer “si la norma es constitucional o no”.

Lustemberg: “La pobreza estructural sigue estando concentrada”

En tanto, en diálogo con la diaria, la diputada Lustemberg dijo que ha conversado con los senadores sobre el tema porque “sería muy duro” que no se lograra avanzar en la votación del proyecto de ley, ya que pone en el centro “el rediseño de las políticas que impactan en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes”. Subrayó que los indicadores hoy “son incontrastables”, en el sentido de que “lo que estamos haciendo no está bien, desde hace décadas”.

“Han mejorado los indicadores de pobreza en los gobiernos del FA, pero la pobreza estructural sigue estando concentrada, siendo diez veces más en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Y por más que se hayan asignado 50 millones de dólares por año [a la primera infancia], el nivel de ejecución ha sido muy bajo y los niveles de pobreza han aumentado con respecto a 2019”, subrayó.

La diputada sostuvo que hay muchos “indicadores puros” que muestran que “la calidad de vida de los niños en este país está impactada por la insuficiencia de prestaciones, que están dispersas”, por eso, “en algún momento hay que unificarlas”. Además, “hay que mejorar el régimen de licencias parentales y la oferta de cuidados en centros de educación inicial y primera infancia”, con el objetivo de que “la oferta del Estado sea mayor para no tener diferencias de quintiles”. La diputada subrayó que más allá de que se quiera “firmar acuerdos, diciendo que los niños son importantes”, hay que “destinar los recursos necesarios”.

Lustemberg subrayó que el proyecto logra “reorganizar en forma multidimensional” las políticas sobre la infancia, y agregó que si se piensa que los temas de infancia se van a resolver “con proyectitos aislados”, seguirá imperando “la lógica de la desigualdad”. “Y no hay cosa más dura que admitir que los niños que nacen en hogares con mejores ingresos y privilegios podrán acceder a una educación y cuidados de calidad, y las mujeres de hogares con menos recursos van a seguir con la carga de cuidados y no podrán vincularse al mundo del trabajo porque el Estado no tiene políticas activas como sí tienen los [países] nórdicos”, indicó.

La diputada del FA dijo que también tiene “temor” de que la iniciativa no salga adelante en este período, por eso desde la oposición van a insistir con que se vote. Y si el proyecto no prospera, “será un hecho dramático para Uruguay” que no se legisle sobre “uno de los temas más importantes”. Por último, la diputada preguntó, teniendo en cuenta que el oficialismo trató como “grave y urgente” la ley de medios, si este tema “no es grave y urgente”.