El directorio de OSE firmó este jueves la habilitación para el comienzo de las obras del proyecto Neptuno, en la zona de Arazatí, en San José, por parte del consorcio Aguas de Montevideo -conformado por las empresas Ciemsa, Berkes, Saceem y Fast-, que implican el emplazamiento de una planta potabilizadora de agua del Río de la Plata para abastecer el área metropolitana. La firma tuvo lugar en la Torre Ejecutiva y, además de los integrantes del directorio del ente, estuvieron presentes representantes del consorcio y el ministro de Ambiente, Robert Bouvier.
Si bien las autoridades se retiraron sin brindar declaraciones, Presidencia de la República emitió un comunicado en el que celebró la concreción del acuerdo como “la inversión más grande de la historia del país en infraestructura para agua potable” y señaló que, una vez concretado, el proyecto permitirá “tener una fuente alternativa” de agua “ante problemas técnicos o fenómenos climáticos adversos”.
En el documento se afirma que “se cumplieron todos los pasos referidos” en lo que respecta a la “materia técnica y medioambiental”, y se agrega que “el contrato se firmó en los términos originales establecidos en la licitación”.
Sumado al contrato, OSE y Aguas de Montevideo consignaron un “memorándum de entendimiento” que permitirá “eventuales modificaciones que en un futuro se quieran realizar”, como posibles alternativas a la localización del pólder que está proyectado -en torno al que la futura administración manifestó su preocupación en repetidas oportunidades-, siempre que el consorcio esté de acuerdo. Esto fue criticado por el director de OSE en representación del FA, Diego Pastorín, quien en declaraciones a la diaria dijo que no conocía antecedentes de la firma de un contrato y un memorándum de entendimiento: “No tiene valor jurídico alguno, porque no genera obligaciones por las partes, sino que es una expresión de voluntad de las partes por una situación futura. Por lo tanto, no tiene valor jurídico alguno”.
Prsidencia remarca en el comunicado la “importancia y necesidad” de la obra como posible solución a problemas de abastecimiento, como ocurrió durante el transcurso de 2023. “El proyecto Arazatí garantiza un derecho básico a la población que reside en Montevideo y el área metropolitana”, afirma.
“La obra es un compromiso del gobierno para hacer frente a un problema que se arrastra hace décadas, relacionado con la ausencia de una segunda fuente para el suministro de agua potable, para abastecer a más del 60% de la población del país”, concluye el comunicado.
Ruibal: no hay que “magnificar” el impacto de la planta potabilizadora
Alejandro Ruibal, a la salida de Torre Ejecutiva.
Foto: Ernesto Ryan
Momentos después de concretado el acuerdo, el director general de Saceem, Alejandro Ruibal, expresó a la prensa su felicidad por haber podido firmar el contrato. Ruibal dijo que la obra llevaría aproximadamente 30 meses una vez comenzada, y tendría un costo que estimó en 294 millones de dólares, sumado al canon anual de 45 millones de dólares que OSE deberá pagar al consorcio por concepto de disponibilidad. Según comentó, su concreción significaría la apertura de 500 puestos de trabajo directo.
El empresario también dijo que el memorándum firmado junto con el contrato habilita a explorar “posibles soluciones alternativas” a puntos que ambos consignatarios entiendan pertinentes, aunque matizó que eso requiere “un análisis técnico previo”. “Nosotros somos empresas de ingeniería, estamos acostumbrados”, acotó Ruibal, y agregó que “lo importante es que se avanza”, por lo que llamó a “mirar hacia la conclusión de la obra”.
En esta línea, negó que la planta pueda ser reubicada -uno de los principales puntos de reclamo de los manifestantes- y, para contextualizar, dijo que la construcción planeada “es del orden de la cuarta parte” de la planta potabilizadora de Aguas Corrientes, por lo que tendría “poco impacto visual”. Así, resumió la construcción proyectada como “una planta industrial [...] con una toma subterránea”, y consideró que es inapropiado “magnificar” su potencial impacto.
El director de Saceem recordó que ya mantuvo conversaciones con las autoridades del próximo gobierno. “Todos más o menos nos conocemos y los que estamos en la industria tenemos diálogo con todos”, subrayó, y agregó: “Siempre estamos abiertos a conversar”.
Ruibal negó que el proyecto sea excluyente de los planes del gobierno entrante de construir una represa en Casupá, y dijo que ambas permitirían concretar “un sistema” similar a la aproximación “dual” de UTE a la generación de energía. “OSE tiene hoy en día una vulnerabilidad que es una única planta potabilizadora”, dijo, para luego resaltar la “posibilidad de redundancia” que representa el proyecto. “Cuando se termine el pago [...] va a tener un sistema de suministro de agua potable”, sintetizó.