Este miércoles la Comisión de Lavado de Activos de la Cámara de Representantes comenzó a tratar el proyecto de ley que introduce modificaciones a la Ley Integral contra el Lavado de Activos (19.574), que recibió media sanción del Senado a comienzos de mes, por casi unanimidad (27 votos a favor en 28), aunque de todos modos fue objeto de un amplio debate sobre algunos de sus aspectos principales.

En la sesión se acordó citar para el próximo jueves 6 de noviembre al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y al conjunto de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que él preside. Al respecto, en una rueda de prensa, el diputado nacionalista Pablo Abdala manifestó: “Queremos tener una presentación por parte del Poder Ejecutivo con relación a un tema que es de enorme importancia”. Adelantó que en torno al proyecto existen “niveles de acuerdo y de consenso en el sistema político importantes –como se registró en el Senado–, pero hay algunos contenidos que a nosotros no nos gustan mucho, en los que queremos profundizar”.

En diálogo con la diaria, el diputado colorado Juan Martín Jorge sostuvo que “más allá del trabajo arduo de [la Cámara de] Senadores, a esta ley le faltan muchas cosas todavía”, por ejemplo, aspectos jurídicos “a corregir, ajustar y discutir”. “Hay artículos que son compartibles, hay artículos que no son compartibles, hay artículos que son innecesarios, y eso es lo que tenemos que trabajar en la comisión”, afirmó.

La diputada frenteamplista Ana Olivera dijo a la diaria que hay consenso en que “queremos culminar el año con la ley aprobada”, es decir, antes del 15 de diciembre, fecha en la que terminará este año de la legislatura. Para eso, la comisión adoptará un funcionamiento “intenso”, con sesiones extraordinarias, a fin de darle celeridad al tratamiento y recibir a las delegaciones. Las convocatorias que seguirán a la de Díaz y la Comisión Coordinadora aún no están definidas, pero es probable que asistan –como lo hicieron ante la Comisión de Hacienda del Senado– el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, el Colegio de Abogados del Uruguay y la Asociación de Escribanos del Uruguay, dijo a este medio Abdala, quien, además, propuso que se cite al consultor Alejandro Montesdeoca, quien participó en la elaboración de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos.

Si bien hay consenso para la votación en general del proyecto, los cuestionamientos a algunos artículos podrían dar lugar a modificaciones respecto de lo aprobado por el Senado, que a su vez había introducido cambios al proyecto original del Poder Ejecutivo. Jorge considera que es una posibilidad, principalmente, porque, a su entender, “hay muchísimas cosas para corregir” y el oficialismo, que no tiene mayoría en Diputados, “va a tener que negociar un mejor proyecto”.

Olivera sostuvo que, en los artículos específicos en los que haya disconformidad, “se dará el debate”. Con respecto a eventuales modificaciones, dijo que estas deberán evaluarse y subrayó que lo esencial es que el proyecto sea aprobado. Por su parte, Abdala consideró que las modificaciones no apuntan a aspectos sobre los que “no podamos hacer todos un esfuerzo para encontrar una mejor redacción o un mejor resultado legislativo”. Además, reconoció que la oposición no está “totalmente alineada” sobre el tratamiento de los distintos artículos en particular, por lo que, señaló, “creo que va a quedar más librado a la sensibilidad de los legisladores y de los distintos sectores”.

Cuestionamientos al rol de la Senaclaft, la reducción del tope para el uso de efectivo y eliminación de las fiscalías especializadas

Entre los aspectos que, según Abdala, quieren “ver la posibilidad de mejorar”, mencionó la ampliación de las facultades de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft), la cual, una vez aprobado el proyecto, podrá exigir e incautar información o respaldos informáticos en el marco de inspecciones de inmuebles. El diputado dijo a la diaria que, aunque no se opone a priori, “habría que ponerle un límite, una autorización previa o un control posterior, o una comunicación a la Justicia, por un tema de garantías”.

Jorge señaló que no es “aceptable” la modificación porque el Código del Proceso Penal (CPP) ya regula la incautación de documentos o respaldos informáticos. “Entonces, yo tengo toda una garantía en el CPP y tengo una garantía judicial de cómo puede venir alguien a retirar de mi oficina la documentación, y con esta ley se está haciendo un régimen diferente, donde un funcionario administrativo, en este caso de la Senacraft, puede venir y retirar todo”, cuestionó el diputado colorado, quien consideró que esto podría violentar el derecho al trabajo, al secreto profesional y a la intimidad.

Por otro lado, el legislador colorado apuntó que, con la reducción del tope máximo para el uso de efectivo en transferencias y negocios jurídicos a 270.000 unidades indexadas (UI) –que la ley de urgente consideración (LUC) amplió a 1.000.000 de UI, equivalentes hoy a unos 145.000 dólares–, “se está demonizando o se está entendiendo que manejar dinero contado sería una ilegalidad, y no es así”.

“Tenemos que partir de la base de que no es ilegal manejar dinero contado, que podemos, de repente, delimitarlo”, dijo Jorge. El diputado prevé retomar en la comisión una propuesta del líder de su sector, Vamos Uruguay, el senador Pedro Bordaberry, para permitir que “un 5% del valor total de la operación, siempre que no supere las 450.000 UI, pueda manejarse contado”. En ese sentido, expresó que no se opone a reducir el tope, pero “dando cierta flexibilidad en los negocios notariales, con un límite o un umbral en función del monto del negocio”, para que “se le permita al escribano poder trabajar con libertad.

Sobre ese punto, Abdala planteó dos reparos. Por un lado, en cuanto a “la legitimidad del Poder Legislativo para modificar algo que tan recientemente la ciudadanía ratificó con el voto” en el referéndum contra 135 artículos de la LUC. Por otro lado, en función de opiniones de especialistas, sostuvo que “no hay evidencia” de que el aumento del tope haya fomentado el lavado de activos.

Con respecto a la eliminación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, Abdala consideró que significaría un retroceso, en tanto “no se prevé ninguna formación o capacitación especial de los fiscales en el tema”. En lo personal, preferiría “darle una nueva oportunidad a la fiscalía especializada y, en tal caso, dotarla de recursos técnicos que hoy no tiene”.

En una rueda de prensa, el senador frenteamplista Eduardo Brenta defendió la propuesta de eliminar la fiscalía especializada, dado que, según entiende el oficialismo, no ha tenido “un rol significativo” en la materia y, por lo tanto, “no tiene sentido mantenerla”. Con respecto al rol de la Senaclaft, consideró que fortalecerlo “es una herramienta clave en la estrategia de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”. En tanto, señaló que “el debilitamiento del rol de los organismos de contralor hizo a Uruguay pasible de ser un país donde era más fácil lavar dinero que en otros”, por lo que sería “contradictorio” anunciar “la necesidad de tener medidas potentes en esta materia y reducir las potestades del organismo que tiene el rol de controlarla”.

Comisión de Seguridad recibirá a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, por atentado en su contra

El jueves 6, la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes recibirá a la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, para consultarle sobre el atentado que sufrió en su domicilio a fines de setiembre. Para tratar el mismo tema, se citó para la sesión del jueves 20 al ministro del Interior, Carlos Negro.

El lunes siguiente al hecho, la comisión pasó a sesión permanente. Desde entonces, señaló el diputado Abdala, que la preside, “la situación ha ido decantando y se han producido ya formalizaciones”, por lo que se buscará hablar en profundidad “del episodio, de qué ha ocurrido desde entonces, de la seguridad de los fiscales”.

Adelantó que la custodia de los fiscales será “un tema central para hablar con las dos partes: con la fiscalía y con el ministerio, que tiene que cuidar a los fiscales”. Consideró que el Parlamento “puede jugar un papel de acercamiento” para que, “cuando los fiscales denuncian una situación de desprotección, no la pasemos por alto” y el ministerio “nos ayude a darle respuesta a esa situación”. Sostuvo que “no se puede alegar razones presupuestales” y que "el ministerio está en condiciones de reforzar la seguridad de los fiscales y es lo que le vamos a pedir”.