En la antesala del plenario de la Cámara de Senadores de este miércoles, donde se tratarán varios proyectos con el objetivo de tener una resolución antes de que ingrese el presupuesto, en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial se aprobó uno de los proyectos de ley presentados por el Frente Amplio en la anterior legislatura para disminuir la cantidad de viviendas vacías.

Por unanimidad, los senadores aprobaron la iniciativa que pretende agilizar el trámite expropiatorio de bienes inmuebles con deuda compensable, mecanismo usado generalmente por las intendencias. El texto establece que no será necesario el nombramiento de perito cada vez que el organismo expropiante invoque la compensación prevista, y también que se acredite de manera fehaciente la deuda que el inmueble sostiene con el Estado.

En otras palabras, el senador del FA y presidente de la comisión, Óscar Andrade, dijo a la diaria que el proyecto permite “utilizar la vía administrativa en el caso de inmuebles vacíos y degradados que estén en riesgo edilicio sanitario”, así como poder desburocratizar los procedimientos de expropiación.

Apuntó que el instrumento de deuda compensable “tiene una escasa utilización” y que, si bien las intendencias “tienen algún mapeo de deuda”, este “no está cruzado con el mapeo de las viviendas vacías, por lo que, en ese marco, “hay que generar una capacidad institucional”, que podría ser con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Congreso de Intendentes y la Dirección de Ordenamiento Territorial, “a los efectos de una cuestión más agresiva”.

Andrade afirmó que “hay dos patas” para resolver la segregación territorial: suelo urbano y presupuesto. En este caso, este proyecto “resuelve una pata que es suelo urbano”.

Asimismo, destacó la importancia de que la ley aprobada en comisión “dialogue con las demás leyes y (con) capacidad de gestión”. “Este proyecto aislado no joroba a nadie; este proyecto en medio de una estrategia de suelo urbano puede generar una reforma urbana que sea un avance extraordinario contra la desigualdad”, afirmó.

El otro proyecto que la comisión discutió este martes es el vinculado al desestímulo a las viviendas vacías por períodos prolongados, que propone duplicar los valores de los inmuebles vacíos para el cálculo del impuesto al patrimonio, cuando hayan estado desocupados por un plazo no menor a 24 meses continuos.

Andrade dijo que este no se votó por dos razones: en primer lugar, porque la Intendencia de Montevideo “está discutiendo un tributo progresional a los efectos del inmueble vacío”, por lo que los legisladores quieren analizar una posibilidad en ese sentido; en segundo lugar, el senador dijo que tienen que conversar sobre el proyecto con los ministerios de Vivienda y Ordenamiento Territorial y de Economía y Finanzas, cartera a la que ya se lo presentaron y esperan por devoluciones.

Secretario general de la Intendencia de Canelones señaló que la iniciativa da herramientas que antes no estaban

Antes de votar, la comisión recibió a representantes de las intendencias de Montevideo y de Canelones para que dieran su opinión sobre los proyectos. A la salida, el secretario general de la comuna canaria, Pedro Irigoin, dijo a la diaria que para el gobierno departamental la aprobación del proyecto referido a la expropiación es “favorable” y se trata de una herramienta que entienden útil.

“Hay una serie de normas que van en el mismo sentido, que tienen algo de historia en nuestro país, que no han tenido las mejores aplicaciones; creemos que esta es una herramienta que impulsa inclusive los otros procesos legislativos que fueron aprobados”, detalló y agregó que en las intendencias hay información que es útil para la implementación.

Consultado sobre en qué se diferencia este proyecto con la legislación ya vigente en cuanto a la implementación, Irigoin dijo que esta iniciativa le da “herramientas de ejecución” a las intendencias que antes no estaban, ya que se recaba información y hay “más elementos para ejecutar e implementar los proyectos anteriores”.

A su vez, consideró que se le da herramientas al gobierno nacional para “ser utilizado de buena manera junto con las intendencias y los municipios”.

“La situación que describe el proyecto de ley es real: las fincas, las viviendas en ese estado de situación existen, ni que hablar de que la necesidad existe, por lo cual, si esto ayuda a juntar las partes, estamos de acuerdo”, expresó.