Con los votos del Frente Amplio (FA), el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC), la Cámara de Senadores aprobó el miércoles el proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo que introduce modificaciones a la Ley Integral contra el Lavado de Activos (19.574). El proyecto fue aprobado en general por 27 en 28 votos; el único senador presente en sala que votó en contra fue el colorado Gustavo Zubía. Algunos de los artículos de la iniciativa fueron aprobados únicamente con los votos del oficialismo, que tiene mayoría en la cámara alta; el proyecto deberá tratarse ahora en la Cámara de Diputados antes de transformarse en ley.

La senadora del FA Bettiana Díaz, miembro informante del proyecto, destacó al inicio de su intervención que a nivel parlamentario se trabajó “en generar los acuerdos necesarios” para poder aprobar la iniciativa con un amplio respaldo. “Entendemos que estamos frente a una situación de mucho riesgo como país y ante situaciones que hoy nos dejan muy expuestos como Estado uruguayo”, expresó.

A propósito, Díaz hizo mención al reciente ataque contra la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, que motivó el rápido tratamiento de la iniciativa. La legisladora frenteamplista dijo que el atentado contra Ferrero alerta sobre la “necesidad de poder tener estrategias de prevención y persecución del delito, pero además también de darle la garantía a los sujetos obligados, la garantía al sistema de justicia y a los funcionarios”.

Si bien desde un principio había acuerdo de aprobar en general el proyecto, también era previsible que en la discusión en el plenario existieran diferencias sobre algunos aspectos. En tal sentido, la senadora del PN Graciela Bianchi dijo que “resultó problemático” que la oposición tomara conocimiento recién el martes de los cambios propuestos por el FA y cuestionó que desde el oficialismo no se aceptase tener una semana más para el estudio de la iniciativa.

En la misma línea, el senador del PN Sergio Botana ironizó: “Seguramente, cuando termine esta tarde, en el día de mañana, van a aparecer los responsables del atentado de la fiscal Ferrero, porque esa es la magia que se nos asegura, [porque] se nos dice que esta es la herramienta que se necesita para atrapar a los responsables del atentado”.

Botana cuestionó el “simple apuro de hacer los mandados rápidos”, el cual “nos está demorando la buena solución”. El senador nacionalista consideró que la Comisión de Hacienda “venía trabajando bien, correctamente, sin perder el tiempo” y “escuchando a todos los que había que escuchar”. En ese sentido, lamentó que, por el “apuro”, se eliminara “una fiscalía sin tener el informe escrito de la propia fiscal de corte, que fue lo que acordamos”, en referencia a la eliminación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, algo incluido en el proyecto. “No debatimos entre nosotros, ni siquiera llegamos a asimilar los ricos aportes que se nos hicieron; y la verdad que así es difícil producir soluciones sabias”, subrayó Botana.

Las modificaciones propuestas por el Frente Amplio

Entre los principales cambios a la normativa vigente se encuentran la reducción del tope máximo para el uso de efectivo en transferencias y negocios jurídicos –de 1.000.000 a 270.000 unidades indexadas–, la inclusión de nuevos delitos precedentes al lavado y un conjunto de cambios en las potestades de los organismos involucrados en la represión del lavado.

Con respecto al rol de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), el proyecto la autoriza a exigir e incautar información o respaldos informáticos en el marco de inspecciones de inmuebles. Asimismo, se amplía la obligación de proporcionar información a personas de derecho público no estatal y sociedades con participación del Estado. La senadora Díaz explicó que el proyecto amplía las atribuciones de la Senaclaft, “en términos de supervisión, de potestad sancionatoria, de asistencia a las fiscalías y lo que hace es garantizar acceso a información clave”.

A su turno, el senador del PC Robert Silva planteó la necesidad de que la Senaclaft “se transforme en un servicio descentralizado para que tenga una mejor naturaleza jurídica, para que tenga mayor fortaleza institucional y para que pueda, desde ese lugar, combatir de mejor manera el lavado de activos”.

Uno de los últimos cambios propuestos por el FA al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo a principios de junio, a los que tuvo acceso la diaria, refiere a la extradición. En la redacción original se incorporaba la posibilidad de habilitar la extradición en casos de delitos o actividades delictivas precedentes al lavado, incluso cuando estos no estuvieran castigados con una pena mínima de dos años de privación de libertad. La bancada del FA planteó eliminar ese cambio.

Por otro lado, entre las últimas modificaciones también se mantuvo en la Senaclaft la competencia sobre el registro de “las personas físicas o jurídicas que, actuando desde el territorio nacional, presten servicios de administración, contabilidad o procesamiento de datos en apoyo a la gestión de negocios de personas físicas o jurídicas que, en forma profesional y habitual, desarrollen actividades financieras en el exterior”, una responsabilidad que el Poder Ejecutivo había propuesto trasladar al Banco Central del Uruguay.

Las críticas por las exigencias sobre los profesionales

El proyecto, sostuvo Díaz, “no es la única [medida] a la hora de combatir el crimen organizado”. En su intervención, la senadora frenteamplista resaltó el valor de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, basada en la Evaluación Nacional de Riesgo, durante la elaboración del proyecto que, por lo tanto, “no es una ocurrencia”.

Durante el tratamiento del proyecto en la Comisión de Hacienda, varias delegaciones de profesionales plantearon reparos en las últimas semanas, entre otras cosas, al considerar que el proyecto no resuelve el problema del narcotráfico, ya que las carencias no son normativas,sino operativas, principalmente por la falta de recursos.

Uno de los puntos más cuestionados por los profesionales —que fue traído el miércoles a la discusión por los senadores de la oposición— es el alcance de las responsabilidades que les cabe en su ejercicio. Botana sostuvo que el proyecto impone a los profesionales “tanta carga obligatoria, y con responsabilidades y amenazas a nuestros profesionales liberales, [que] los termina transformando en funcionarios públicos honorarios con unas obligaciones absolutamente discutibles”.

Entre otras cosas, el proyecto elimina la posibilidad de aplicar medidas simplificadas de debida diligencia únicamente por el hecho de que los fondos estén bancarizados. En cambio, establece que los sujetos obligados podrán aplicarlas sobre “aquellos clientes, productos u operaciones que comporten un riesgo reducido de lavado de activos o financiamiento del terrorismo”, independientemente de si intervienen o no instituciones financieras. Para Botana, este último cambio deja “todo a criterio del profesional”, cuando antes estaba “bien descrito” el criterio. “Va a ser lo que al profesional le salga. Seguramente, los honestos se van a complicar y van a complicar y trancar a todo el mundo”, mientras que otros “se van a descomplicar y van a aprovechar la rendija para escaparse del problema”, vaticinó.

Daniel Caggiani: también es “dar un mensaje a todos los uruguayos”

A su turno, el senador del FA Daniel Caggiani sostuvo que la media sanción al proyecto supone “dar un mensaje a todos los uruguayos, quizás uno más de los tantos que vamos a tener que dar, de que en Uruguay al crimen organizado y al narcotráfico se lo combate en serio”. “Yo no creo que en el Uruguay exista un narcoestado, ni una narcopolítica, pero sí creo que estamos a tiempo para avanzar en una de las tantas iniciativas que tenemos que tomar para tomar el toro por las guampas, porque lo que está claro es que lo que venimos haciendo no está dando los resultados esperados”, afirmó Caggiani.

Por su parte, Silva dijo que el PC acompañó en general el proyecto debido a “un ánimo absolutamente colaborativo, porque en la base estamos de acuerdo con lo que se quiere, que es luchar contra el lavado de activos y el crimen organizado y el terrorismo”. El senador colorado Pedro Bordaberry, en tanto, expresó en el plenario: esta ley “yo no la quiero, [porque] no me gusta, pero, ¿qué le vamos a hacer si los narcos andan lavando dinero? Tenemos que tratar de combatirlos”.

El senador del PN Sebastián da Silva definió el proyecto presentado por el gobierno como “una ley típica del voluntarismo estatista uruguayo”. Sin embargo, explicó que el PN votará a favor de la iniciativa “porque nadie nos va a acusar y decir 'ah, los blancos pillos no quieren [el combate a] el lavado de activos'”.