La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) comenzó el lunes a preparar el tratamiento del presupuesto quinquenal aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados. A la mañana hubo una reunión con los diputados del FA que encabezaron la discusión del proyecto en la cámara baja, y en la tarde hubo una reunión con el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, en el Palacio Legislativo. En este encuentro también participó el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

Al término de la reunión, el senador del FA Sebastián Sabini, quien presidirá la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda que analizará el proyecto, brindó algunos detalles de la línea de base que tendrá el oficialismo para abordar el presupuesto. El legislador frenteamplista valoró el “trabajo muy arduo” realizado por el FA en la cámara baja y se refirió a la posibilidad de reincorporar al proyecto algunos artículos que no obtuvieron los apoyos suficientes al momento de la votación.

No obstante, Sabini puntualizó: “Vamos a ser muy cuidadosos en las modificaciones que hagamos aquí, de forma de no alterar el acuerdo que se realizó en Diputados”, dado que cualquier cambio implicaría el pasaje del presupuesto a la cámara baja, que sólo podrá aprobar o rechazar el proyecto. Sabini remarcó que, aunque el FA “no tiene que pedir permiso”, ya que tiene mayoría en el Senado, entiende que “es importante mantener la palabra empeñada”.

En ese marco, dijo que existe una “cierta fragilidad” de lo aprobado en la Cámara de Diputados, más allá de que estos acuerdos hicieron posible “que saliera el presupuesto” con el aumento de recursos previsto por el equipo económico, lo cual supone su “núcleo central”.

Las posibles reasignaciones

En cuanto a los cambios, Sabini dijo que el oficialismo pondrá el foco en educación, así como también en “justicia y género” —es decir, juzgados y fiscalías de género—, donde se entiende que hay “una demanda importante que no se ha podido cubrir”. El senador del FA apuntó que, teniendo en cuenta que los cambios asociados al Código del Proceso Penal les quitaron “algunas tareas” a los jueces, allí se podría “abrir un espacio” en materia de financiamiento.

De todas formas, Sabini dejó claro que “el margen es chico” e implica estudiar el origen de las reasignaciones, por ejemplo, para la ANEP. En esa línea, advirtió sobre la existencia de “algunas dificultades” que han surgido con determinados artículos que fueron aprobados solamente con los votos de la oposición, que “no tienen financiamiento”. “Se votaron sin financiamiento y eso evidentemente es un problema. Son 80 millones” de pesos, indicó, en referencia a la ANEP.

Uno de los artículos dispone en concreto una partida anual de 60 millones de pesos para “la formación de maestros de apoyo desde una perspectiva de derechos humanos, en coordinación con técnicos y expertos especializados en la materia”, a cargo de Rentas Generales, sin mayor especificación. Otro artículo establece una partida anual de 12 millones de pesos que busca la “realización de obras de accesibilidad en centros educativos bajo su órbita, con énfasis en escuelas primarias”.

Los artículos que quedaron por el camino

Dentro de los artículos originalmente presentados por el Poder Ejecutivo que no consiguieron el apoyo suficiente para su aprobación en la cámara baja, Sabini hizo referencia a la posibilidad de reincorporar en el Senado algunos artículos que “tienen que ver con mejorar la transparencia del sistema político”, así como otros relativos a la “transparencia del sistema financiero”.

Según supo la diaria, el oficialismo está analizando reincorporar en la discusión los cambios propuestos a la ley cristal, que regula el funcionamiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

Por último, Sabini marcó la importancia de “cumplir con ciertos cánones internacionales en materia de transparencia”, para lo que también será necesario rever el artículo sobre el levantamiento del secreto bancario a pedido de la Dirección General Impositiva (DGI).

Consultado sobre cómo se va a encarar este proceso, Sabini remarcó la importancia de “conversar particularmente con los diputados de la oposición que fueron quienes posibilitaron en definitiva aumentar los ingresos”, en referencia a los dos diputados de Cabildo Abierto, quienes votaron la mayoría de los cambios tributarios.

Pablo Abdala, el levantamiento del secreto bancario y la eficiencia recaudatoria de la DGI

De acuerdo a un informe elaborado por la oposición, al que tuvo acceso la diaria, unos 30 artículos del presupuesto fueron sometidos a votación en el plenario de la Cámara de Diputados sin el apoyo de ninguno de los legisladores de la oposición, por lo que terminaron siendo rechazados.

Estos artículos abarcan una amplia cantidad de temas: desde el cambio de nombre del director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, que el gobierno pretendía denominar como director de Prevención Integral del Delito y la Violencia, hasta el cambio relativo al levantamiento del secreto bancario a solicitud de la DGI.

En relación a esto, el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala, quien integró la comisión especial que analizó el presupuesto, sostuvo en X que la posición del gobierno sobre este tema “nunca fue clara”. “Una cosa es regular un procedimiento para cumplir los tratados de intercambio de información” y “otra muy distinta es darle el poder absoluto a la DGI para que acceda a las cuentas bancarias de todas las personas”, afirmó, en referencia a las recomendaciones que hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre la legislación uruguaya.

Asimismo, Abdala apuntó que “la eficiencia tributaria proclamada por el gobierno depende de la aprobación de ese superpoder”. El equipo económico ha señalado que la mitad de la consolidación fiscal estimada en el presupuesto proviene de los cambios tributarios, y la otra mitad, del aumento de la eficiencia recaudatoria de la DGI.

Según el diputado nacionalista, esto último “se buscará alcanzar con el levantamiento del secreto”. “No por casualidad la amenaza de la lista gris irrumpió con fuerza en pleno tratamiento del presupuesto. El gobierno entreveró los tantos y el Parlamento, sabiamente, dijo [que] no. Y que quede claro: la voluntad expresada en la Cámara [de Diputados] deberá respetarse en el Senado, de lo contrario, el gobierno podría poner en riesgo la aprobación del presupuesto”, advirtió.

También fue rechazado el artículo que incluía a la Dirección Nacional de Aduanas entre los organismos autorizados a acceder, en determinadas circunstancias, al secreto bancario. La oposición tampoco acompañó una decena de artículos que modificaban la carta orgánica del Banco Central con el propósito de adecuar el perímetro de la regulación financiera.