En el marco del anuncio del gobierno, que decidió iniciar acciones para rescindir el contrato de compra de las dos patrullas oceánicas al astillero español Cardama Shipyard, tras constatar “hechos que ameritan la comunicación por la gravedad que revisten”, este jueves la diaria Radio recibió al senador frenteamplista, integrante de la Comisión de Defensa Nacional, Nicolás Viera.

El legislador señaló que “lo que da más pena de este episodio es haber tenido razón”, con relación a que la bancada frenteamplista denunció “la situación de duda e irregularidad” desde que se anunció la compra en el período pasado. Puso la lupa en que “ha existido una desidia total respecto al contralor” en una adquisición millonaria y “una de las primeras acciones que celebró fue que la titular del MDN, Sandra Lazo, enviara militares a estar in situ para observar y hacer seguimiento”, ya que hay dos oficiales de la Armada en Vigo que remiten informes semanales sobre los avances: los capitanes de navío Ismael González y Héctor Cardozo.

Viera jerarquizó el rol del personal uruguayo en el astillero español y dijo que es un ámbito desde donde puede “surgir información” vinculada a “plazos, calidad de materiales, contralor y una serie de elementos sustanciales a la hora de analizar cómo se continúa”. Lazo, en su última visita al programa, dijo que los informes semanales que remiten a Uruguay hablan de un proceso de construcción “lento” y “dan alertas” sobre la seguridad de las embarcaciones.

Desde su rol, Viera, si bien no tuvo acceso a los informes y por el momento solamente “maneja la información pública”, sostuvo que “hubo falta de control desde el primer momento”; cuando se empezó a controlar “se encauzó”, pero aun así “no cree” que estén en condiciones de entregar el equipo en 2026.

“La garantía por 42 meses terminó siendo por 12; la lógica era que las OPV se construían en 30 y tenías un año como garantía por si fallaban”, refirió el legislador.

“Es increíble que desde Presidencia en dos días se sepa toda la información sobre esta garantía y que en 11 meses no se haya podido establecer, por parte del gobierno anterior, que evidentemente es una empresa de papel”, reafirmó respecto a la aseguradora Eurocommerce Limitada. En ese sentido, dijo que “hasta duda” de que el ciudadano ruso que figuraba como director realmente exista.

También se refirió al senador nacionalista y exministro de Defensa Nacional Javier García, quien estuvo al frente de la cartera durante el gobierno del expresidente blanco Luis Lacalle Pou y fue quien anunció la incorporación del nuevo equipo. En este nuevo panorama, García publicó en X que la decisión que tomó Orsi “expone a Uruguay a demandas” y se trata de una “maniobra de la peor especie” que “le ganó al presidente”, además de clasificar el hecho como “política menor”. “Nunca quisieron las patrullas por razones políticas”, remató en su escrito.

En línea con lo anterior, Viera cuestionó el término “política menor” y dijo que “hay 90 millones de dólares en juego de todos los ciudadanos uruguayos”. Además, apuntó a que “los militares de la Armada habían puesto a Cardama en el último renglón de prioridad a la hora de contratar” y que “una empresa china era la que tenía la ventaja técnica, pero hubo presiones de Norteamérica para que no se contratara”.

El legislador se refirió a China Shipbuilding Trading Co. (CSTC), una empresa estatal de la potencia asiática que cuestionó el proceso de compra de los buques en una carta a Lazo, la entonces presidenta de la Comisión de Defensa Nacional. “Pasamos de un pliego de 89 folios a recibir los requisitos por teléfono o por una nota de menos de media carilla”, consignó la misiva de CSTC en 2023.

Dijo que las pruebas de la presión estadounidense se encuentran en “cartas enviadas por autoridades norteamericanas donde se pone en cuestión que se le adjudique la compra a la empresa china. ¿Por qué no habla García de eso?”, se preguntó.

Viera dijo que “el único paso posible del gobierno” era “ejecutar la garantía del 5%”, porque “estamos fuera de plazo y encima aparece Cardama a decir que se olvidó de remitir el nuevo aval, cuando tiene un negocio con 90 millones de dólares en juego”, aseguró.

Además, respecto al informe aprobado por mayoría en la Junta de Oficiales Almirantes, insumo que García consideró al momento de inclinarse por Cardama, Viera valoró que “seguramente haya tensiones internas en la Armada”, y algunas “son públicas”, pero “lo cierto” es que “el que realizó el primer informe para clasificar a las posibles empresas, [el exjefe del Estado Mayor General de la Armada, Gustavo] Musso, renunció por no estar de acuerdo con lo que finalmente decidió el ministerio”. “En el ranking de Musso, Cardama estaba última”, complementó.

Por último, Viera listó los “posibles caminos” que puede adoptar la Cámara de Senadores o la Comisión de Defensa Nacional de cara a su actuación parlamentaria, espacios que “no van a amputarse ninguna discusión ni forma”. “Puede ser un llamado a sala o a comisión a Lazo para que nos informe desde el punto de vista técnico sobre el proceso; puede ser una comisión preinvestigadora e investigadora que apunte a analizar el caso concreto; pueden ser comparecencias desde el punto de vista técnico y político o se puede convocar a las autoridades anteriores”, enumeró.

“Hay un camino largo, pero hay que ir hasta el hueso. Estoy abierto a todo lo que sea posible”, concretó.