Este lunes de mañana sesionó el directorio del Partido Nacional (PN) y recibió un informe sobre seguridad pública elaborado por los delegados blancos que formaron parte de los diálogos sobre seguridad –el exintendente de Maldonado Enrique Antía y el exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana Matías Terra– que organizó el Ministerio del Interior. Luego de la sesión, en conferencia de prensa, el presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, recordó que han sido muy críticos “de la poca importancia política” que la cartera le dio a ese ámbito, porque “los referentes políticos del Ministerio del Interior no han participado” como hubiera querido la oposición.

“Pero somos un partido responsable y la seguridad pública es el tema más importante en Uruguay. Hoy [por este lunes] amanecimos con cuatro homicidios, y este partido no puede estar ajeno. Más allá de criticar la falta de política de seguridad de este gobierno, queremos proponer porque queremos que el tema se solucione”, subrayó Delgado. Agregó que en la elaboración del documento también trabajó el grupo interno del PN sobre seguridad, integrado por exjerarcas del MI y “gente que está vinculada al área”.

Delgado señaló que en los próximos días Antía y Terra le van a entregar el documento que elaboraron al MI, y esperarán “la devolución del gobierno” a sus propuestas, que creen que son “necesarias para tratar de encauzar el principal problema que tiene la sociedad y la carencia más importante del gobierno, que son las políticas de seguridad”.

Rincón del vago

En el documento, el PN señala que “la experiencia de estos primeros meses de gobierno ha demostrado que muchas de las políticas y cambios normativos” aplicados durante el gobierno pasado, como los establecidos en la ley de urgente consideración, “se sostienen y se vienen ejecutando con normalidad”, e “incluso muchos de los responsables de diferentes áreas continúan al mando en tareas de responsabilidad”.

“Consideramos que el tratamiento del problema debe estribar en respaldar de manera clara y sostenida a la Policía, fortalecer su legitimidad operativa y dotarla de herramientas efectivas”, se señala al principio del texto, así como que resulta “imprescindible avanzar hacia una nueva institucionalidad penitenciaria capaz de recuperar el control, profesionalizar la gestión, reducir la reincidencia y garantizar que las cárceles vuelvan a ser un eslabón efectivo en la política de seguridad”.

Entre los cambios normativos propuestos, el PN señala que “es imprescindible” que en 2026 “se encare y se resuelva una reforma” del Código del Proceso Penal, “consensuada entre el proyecto que el Poder Ejecutivo anunció presentar, el Partido Nacional y el resto de los partidos en la Asamblea General”. Se agrega que, en el transcurso de 2026, “es necesario y urgente tratar, discutir y resolver un número importante de proyectos de ley presentado por legisladores del Partido Nacional”.

Entre esos proyectos se encuentra el “combate a las organizaciones criminales con fuerte aumento de las penas”, el combate al fentanilo, “con un fuerte castigo” de “una pena de ocho a 15 años”, así como una modificación en el Código Penal con la tipificación “de la tenencia e ingreso, no autorizado, de elementos tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior”.

El PN también plantea que se modifique el segundo artículo de la Ley 10.071, de 1941 (hoy llamada de “medidas de seguridad”, pero antes conocida coloquialmente como “ley de vagancia”), que establezca la “prohibición de pernoctar o acampar en espacios públicos o entradas de lugares privados, con sanción de trabajos comunitarios”.

Además, los blancos plantean “reclusión perpetua revisable para determinados casos de homicidios”, así como que se agregue pena para la “conducción temeraria y picadas de vehículos automotores”, la “sanción con inhabilitación de la libreta, por la conducción de vehículos hurtados o clonados”, y la “deportación de delincuentes extranjeros por delitos graves”.

A su vez, el PN propone realizar un “blindaje de fronteras con sistema de radares móviles y fijos, para detectar avionetas y tráfico de drogas”, y destaca que el gobierno anterior, “en acuerdo con el actual, dejó iniciado el proceso para la adquisición de radares para ese cometido”.

Por último, los nacionalistas proponen “combatir la mendicidad hostil, la ebriedad pública, la limpieza forzada de parabrisas, el vandalismo, los intrusos, los grafitos, la creación de basurales, la concreción de ocupaciones y la vagancia, mejorando y actualizando la Ley 10.071”.