La semana pasada, la Comisión Especial de Lavado de Activos de la Cámara de Diputados dio por finalizada la etapa de comparecencias en el marco del tratamiento del proyecto de ley para reformar la Ley Integral contra el Lavado de Activos (19.574). En total, pasaron por la comisión nueve delegaciones, desde el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, hasta el Colegio de Contadores, la Asociación de Escribanos y la especialista Claudia Olano. Los últimos en expresarse fueron los también especialistas Leonardo Costa y Alejandro Montesdeoca, el Colegio de Abogados y el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez. Todos ellos se pronunciaron sobre el contenido de la propuesta; algunos dejaron advertencias.

La iniciativa, que fue presentada por el Poder Ejecutivo en junio, ya tiene media sanción: fue aprobada casi por unanimidad (27 en 28) en la Cámara de Senadores el pasado 8 de octubre, 11 días después del atentado que sufrió en su domicilio Ferrero.

El principal propósito del proyecto es “fortalecer las herramientas del Estado para abordar el ciclo criminal”, con la visión de que la inseguridad “se manifiesta, en gran medida, a través de delitos cuyo origen y posterior consolidación económica se nutren, precisamente, de la falta de mecanismos robustos para detectar, prevenir y sancionar el lavado de activos”, según se sostiene en la exposición de motivos.

Para ello se propone un conjunto de modificaciones a la normativa vigente. Por ejemplo, la reducción del monto máximo permitido para las transacciones en efectivo, de 6.412.400 a 1.282.480 pesos, es decir, de unos 163.000 a 32.600 dólares. También se plantea la incorporación de nuevas actividades delictivas precedentes al delito de lavado de activos y mayores potestades para los organismos involucrados en la represión del lavado, entre otras cosas.

Según supo la diaria, el oficialismo y la oposición ya han definido modificar algunos aspectos del texto aprobado por la cámara alta. Si bien todavía no se han resuelto los detalles de la nueva redacción, se prevén cambios en los artículos vinculados a la supresión de la Fiscalía de Lavado de Activos; la posibilidad de incautar documentos sin necesidad de una orden judicial; el umbral para las operaciones en efectivo, la ampliación de los reportes a las permutas y la extensión del tiempo de mantenimiento de la información.

En principio, la comisión discutirá el proyecto el próximo lunes 8 de diciembre a las 14.00. En caso de aprobarse con modificaciones en la cámara baja, la iniciativa deberá volver a tratarse en el Senado, como tercera y última cámara.

“Si voy a ir por lavado, ¿para qué voy a pagar?”

La comparecencia de Costa, abogado tributarista y exprosecretario de Presidencia, estuvo marcada por un aviso sobre el nuevo límite que se propone fijar para la defraudación tributaria como delito precedente al lavado de activos. “Pasamos de seis millones de pesos a 600.000 pesos”, señaló.

“La gran pregunta que uno se formula es cómo va a hacer la administración tributaria cuando eventualmente haya un delito de defraudación para no realizar una doble denuncia, es decir, por lavado y por defraudación tributaria. Ahí van a tener que crear nuevas fiscalías, seguramente; no ya una especializada en lavado, sino varias, porque, en definitiva, el sistema va a colapsar”, alertó.

La preocupación de Costa es que, “en tanto y en cuanto pueda existir un indicio de defraudación, con estos umbrales, todo pasa a ser lavado”. Lo cual en la práctica implicaría una doble denuncia penal, dada la obligación de denunciar que tienen, por ser funcionarios públicos, los inspectores de la Dirección General Impositiva.

Según el especialista, el cambio propuesto tendría tres efectos: “atiborrar las fiscalías con estos umbrales; que todos los ciudadanos son pasibles de una eventual defraudación tributaria con lavado; y por otro lado atenta contra la recaudación, porque, en definitiva, si voy a ir por lavado, ¿para qué voy a pagar?”.

Para Costa, los umbrales actuales son “bastante adecuados”, dado que otorgan “cierta flexibilidad a la administración tributaria para gestionar la política criminal respecto de en qué casos correspondía o no realizar la denuncia penal”.

“Cuando hay interposición de documentos falsos, obviamente corresponde la denuncia, porque hay falsificación de documentos, estafa, etcétera. Pero conozco cientos de casos de contribuyentes que no son grandes contribuyentes, pero que, por diversas razones -ya sea por mal asesoramiento o por decisión propia- pueden incurrir en un delito de defraudación tributaria y, a la vez, en lavado”, agregó.

Costa dijo comprender el motivo de la modificación propuesta -esto es, “que haya más casos de lavado”-, pero sostuvo que, “a los efectos de tener mejores estadísticas, tampoco podemos pensar que los ciudadanos en general puedan caer en esta situación a mansalva”.

“Cualquier fiscalía del Uruguay puede investigar lavado de activos”

Por su parte, el fiscal especializado en Lavado de Activos cuestionó justamente la supresión de la Fiscalía de Lavado de Activos, incluida en el proyecto. La iniciativa faculta a la Fiscalía General de la Nación a realizar “las transformaciones y reasignaciones de competencias, cargos y partidas correspondientes”, así como a llevar a cabo “la redistribución de los asuntos que se encuentren bajo competencia de la fiscalía que se suprime”.

Durante su comparecencia, Rodríguez recordó que la Fiscalía de Lavado de Activos comenzó a funcionar en febrero de 2023, luego de su creación a través de la Rendición de Cuentas de 2022. Pero, “lamentablemente, arrancó renga”, señaló.

“En aquel momento, el Parlamento cumplió con creces sus deberes: creó la Fiscalía de Lavado, creó los cargos que le accedían, creó dos cargos de fiscal adscripto, uno de contador y dos de funcionarios administrativos. Lamentablemente, en dos años y medio nunca se llenaron esos cargos”, apuntó.

No obstante, Rodríguez destacó que desde febrero de 2023 a la fecha la Fiscalía de Lavado de Activos consiguió la condena de cuatro personas por asistencia al lavado de activos y de tres personas por lavado de activos. Mencionó que actualmente hay 63 casos en investigación. Y comentó que uno de ellos, el de Conexión Ganadera, “ha absorbido el 80 % del trabajo de la Fiscalía” en este año.

En cuanto a la eliminación de la Fiscalía de Lavado de Activos, Rodríguez precisó que en estos momentos “cualquier fiscalía del Uruguay puede investigar lavado de activos”. Por lo tanto, “lo que está proyectado como fundamento para eliminar la Fiscalía [de Lavado de Activos], es decir, que cualquier fiscalía puede investigar el lavado de activos, es lo que está hoy”, resaltó.

“Lo planteado no es nuevo ni determinante para que suprimamos la Fiscalía de Lavado de Activos a fin de darle competencia a las demás fiscalías de todo el país para que puedan imputar. Lo pueden hacer y lo están haciendo”, subrayó.

Rodríguez, quien se definió como un “ferviente defensor de que se mantenga la Fiscalía de Lavado de Activos”, añadió que, desde el punto de vista internacional, el hecho de no tener una fiscalía de este tipo “es una cosa importante”.

Por su parte, Montesdeoca, quien fue secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y participante del proceso de elaboración de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, consideró que el planteo de eliminar la Fiscalía de Lavado de Activos “es un tema complicado y polémico”.

Señaló que a nivel internacional la tendencia “va en el sentido, justamente, de que existan fiscales especializados, jurisdicciones especializadas en la investigación y el juzgamiento del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”.

De todos modos, Montesdeoca dijo que “la regla de principio debería ser ir hacia una especialización de los fiscales”, dado que “son temas especialmente complejos, sofisticados”. “Cuando estamos en un sistema en el cual los fiscales y los jueces tienen que atender un montón de causas penales de distinta naturaleza y diferente complejidad, es muy importante que para estos casos exista una especialización técnica”, resaltó. Apuntó, además, que “cualquier modelo puede ser bueno y ayudar a mejorar la efectividad, siempre y cuando se le asignen recursos”.

“Sostenemos que eso hay que limitarlo”

A su turno, el Colegio de Abogados apuntó contra las nuevas facultades que se otorgan en el proyecto a la Secretaría Nacional para la Lucha contra Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).

Gimena Ramírez, integrante de la delegación del Colegio de Abogados que concurrió a la comisión, señaló que el proyecto establece que se podrá exigir “a todos aquellos sujetos que hayan tenido participación directa o indirecta en la transacción o negocio que se esté fiscalizando o investigando”, es decir, no sólo a los sujetos obligados, “la exhibición de todo tipo de documentos, propios o ajenos”. “Nos parece que es muy amplio el concepto porque refiere a todos los sujetos que hayan participado en la transacción”, con lo cual, “se desdibuja un poco la figura del sujeto obligado”, afirmó.

Además, Ramírez llamó a tener en cuenta que “tanto en la profesión de abogado como de escribano o contador sucede que hay relaciones profesionales que, en general, uno tiene de toda la vida”. “Yo tengo mi escribano de toda la vida, mi contador de toda la vida; son profesionales de confianza. Entonces, estamos totalmente de acuerdo con que el profesional debe realizar la debida diligencia siempre que sea sujeto obligado, pero no en que se requiera cualquier tipo de información. Sostenemos que eso hay que limitarlo”, expresó.

Por otra parte, Ramírez cuestionó la posibilidad que se le otorga a la Senaclaft de “practicar inspecciones” en bienes muebles o inmuebles de los sujetos obligados y de “todos aquellos sujetos que hayan tenido participación directa o indirecta en la transacción o negocio que se esté fiscalizando o investigando pudiendo requerir y retirar documentación y/o respaldos informáticos”. “Esto nos parece muy amplio, realmente. No se limita. No va con el espíritu de la norma, que es, básicamente, perseguir y combatir el delito de lavado de activos”, afirmó.