El 11 de diciembre, en el marco de la interpelación en el Senado a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, por la decisión del gobierno de rescindir el contrato con el astillero español Cardama por la construcción de dos patrulleras oceánicas y presentar una denuncia penal por presunto fraude o estafa en la expedición de la garantía del contrato, el semanario Búsqueda informó sobre los resultados de un peritaje realizado por Policía Científica del Ministerio del Interior al documento de renovación de la garantía enviado por Cardama.
El 22 de octubre, minutos antes de la conferencia de prensa encabezada por el presidente Yamandú Orsi para anunciar la voluntad del gobierno de rescindir el contrato, el astillero español envió un correo electrónico con la renovación de la garantía. El peritaje realizado a pedido del Poder Ejecutivo uruguayo concluyó que la firma y el sello del documento enviado por Cardama fueron copiados y pegados de la garantía original expedida por Eurocommerce Bank, una empresa en proceso de disolución y de la que se había proporcionado una dirección donde funcionaba una inmobiliaria y no una institución financiera, según constató el propio embajador uruguayo en Reino Unido, Luis Bermúdez.
Este martes, integrantes del área Jurídica de Presidencia de la República hicieron una segunda ampliación de la denuncia penal presentada el 24 de octubre, que consiste en el peritaje realizado a la renovación de la garantía, explicaron a la diaria desde Presidencia. Así lo había anunciado el 18 de diciembre el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, entrevistado por Arriba gente de Canal 10. Díaz había adelantado que se presentaría una pericia que señala que en el documento de la renovación de la garantía “no hay firma digital, que la firma no es original y que hay tres documentos que tienen la misma firma calcada”, que presumiblemente se copió y se pegó.
La primera ampliación de denuncia se había realizado el 28 de noviembre, cuando se remitió a la Justicia un informe del notario madrileño Ignacio Martínez-Gil que da cuenta de que las copias del acta que Cardama entregó al Ministerio de Defensa para avanzar en la concreción del contrato con el gobierno uruguayo son “absolutamente falsas” y que no fueron expedidas por un notario. Se indica además que la firma del notario español Luis Calabuig de Leyva fue falsificada en el acta de manifestación que Cardama presentó en noviembre de 2024 ante las autoridades del ministerio, con la garantía de fiel cumplimiento de Eurocommerce Bank.