A pocos días de que termine el año legislativo, la Comisión Especial de Lavado de Activos de la Cámara de Diputados aprobó este jueves casi por unanimidad el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para modificar la Ley Integral contra el Lavado de Activos (19.574). La iniciativa ya tiene media sanción: fue aprobada en el Senado en octubre. Este jueves en comisión el único voto en contra a la aprobación del proyecto en general fue el del diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle.

El principal propósito del proyecto es “fortalecer las herramientas del Estado para abordar el ciclo criminal”, con la visión de que la inseguridad “se manifiesta, en gran medida, a través de delitos cuyo origen y posterior consolidación económica se nutren, precisamente, de la falta de mecanismos robustos para detectar, prevenir y sancionar el lavado de activos”, según se sostiene en la exposición de motivos.

La comisión empezó el tratamiento de la iniciativa el 7 de noviembre, y desde esa fecha se han recibido nueve delegaciones. Este lunes, según consta en la versión taquigráfica de la sesión, los diputados nacionalistas y colorados solicitaron 48 horas para estudiar un poco más el proyecto y trabajar en modificaciones, lo cual fue aceptado por el oficialismo.

El diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala dijo a la diaria que hay algunos artículos que la oposición no acompañó en la comisión, y para los cuales presentó modificaciones. “Se desglosaron determinados artículos que eran los más polémicos”, explicó.

Los artículos que generaron mayor intercambio en la comisión fueron los vinculados a las mayores potestades que se le otorgan a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), la eliminación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos y la reducción del tope de las transacciones en efectivo.

El PN busca mantener la fiscalía especializada

Abdala presentó en la comisión un artículo aditivo, que no fue acompañado por el Frente Amplio (FA), pero sí por el Partido Colorado (PC), que define la autonomía técnica y los cometidos que tendrá la Senaclaft “en cuanto a realizar inspecciones, retirar documentación y soportes informáticos”.

El planteo del diputado nacionalista establece que el retiro de la documentación y los respaldos informáticos requerirá previa autorización judicial. Mientras que, en el caso de una “urgencia debidamente fundada”, la Senaclaft “podrá disponer dicho retiro de manera inmediata, debiendo comunicarlo al juez competente dentro del plazo de 24 horas a los efectos del control jurisdiccional correspondiente”. Se agrega que “en todos los casos se garantizará la integridad, custodia y reserva de los documentos y soportes retirados, así como la protección de información sujeta a secreto profesional o legal”.

En cuanto a la eliminación de la fiscalía especializada, Abdala sostuvo que en el PN siguen “firmes” en mantenerla, en línea con los argumentos que dio días atrás en la comisión el actual titular de dicha fiscalía, Enrique Rodríguez.

Por su parte, en su comparecencia ante la comisión, la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, dijo que “lo más preocupante” sobre la fiscalía especializada es que recibe “mucho dinero” y “no se tiene ningún caso para avanzar”. “Tengo una fiscalía que tiene un costo de 17 millones [de pesos] con un solo caso. Estamos todos locos”, expresó.

Consultado al respecto, Abdala dijo que Ferrero planteó el tema “desde una óptica más bien desde la administración del servicio que está gestionando”. “No es que no esté de acuerdo en que haya fiscalía especializada”, afirmó.

El lunes, la diputada del FA Cecilia Cairo dijo en la comisión que el oficialismo presentaría un artículo sustitutivo sobre la fiscalía especializada, que cambia la palabra “suprímase” por “transfórmese”, tal como “como había solicitado” Ferrero. Este cambio de redacción supone que las investigaciones en curso no sean reasignadas a otro fiscal.

El PC acompañará reducción del monto de las transacciones en efectivo

Con respecto a la disminución del límite de las transacciones en efectivo, que pasaría de 163.000 a 32.600 dólares, Abdala dijo que el PN e Identidad Soberana no acompañaron la modificación, pero sí lo votó el PC, junto con el FA. “Entendemos que esto fue laudado por la ciudadanía en el referéndum [en contra de la ley de urgente consideración, LUC] de 2022; entendemos que no hay razones suficientes para hacer modificaciones en ese ese sentido”, expresó el diputado nacionalista. El tope actual se fijó en el período pasado, a través de la LUC.

“No hay evidencia, lo han dicho varios expertos, de que poner el umbral más arriba o más abajo estimule o aliente que haya operaciones de lavado. No hay evidencia suficiente. No se han incrementado las operaciones de pago en efectivo durante estos tres o cuatro años de vigencia de esta disposición”, aseguró Abdala.

En diálogo con la diaria, el diputado colorado Conrado Rodríguez dijo que decidieron votar a favor de este artículo –que modificaría una disposición de la LUC– en vista de que el senador colorado Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley que “bajaba la cantidad de dinero en efectivo que se puede utilizar en determinadas transacciones, en un monto que era, a mi juicio, razonable”.

“Si bien el PN, con toda legitimidad de derecho, puede decir que se está cambiando lo que se definió en la LUC, en lo personal creo que también son temas que pueden ameritar modificaciones. Todo también evoluciona y las circunstancias también se van modificando, no es que esté escrito en piedra”, dijo Rodríguez.

La propuesta sobre los sindicatos

Rodríguez, por su parte, propuso incluir “de manera expresa” a los sindicatos entre los sujetos obligados por la ley, ya que “la formulación actual habla de organizaciones sin fines de lucro y habla de asociaciones civiles”, lo cual es “una formulación muy genérica”. “Han sucedido en el último tiempo casos donde el dinero de los trabajadores se ha desviado para otros asuntos, y eso ha generado implicancias en la órbita penal”, agregó.

Por lo tanto, para Rodríguez es importante que “los propios sindicatos tengan también herramientas para ejercer un sindicalismo bien entendido, para que los sindicatos protejan el dinero de sus aportantes y que lo utilicen para lo que está establecido en la ley”.

Si bien la propuesta no fue acompañada por el FA, Rodríguez la incluyó para que sea votada en el plenario de la cámara baja, donde el oficialismo no tiene mayoría. “Esto no es en contra de los sindicatos, sino que es a favor de los sindicatos que hacen las cosas bien”, afirmó.

Está previsto que el miércoles 17 de diciembre la iniciativa se ponga a consideración de la Cámara de Diputados como primer punto en el orden del día. Según Abdala, “la ley va a salir”. Sobre los cambios propuestos por la oposición, dijo que el FA “se comprometió a dar una respuesta en sala, eventualmente, porque son ajustes que no demandan una gran modificación del texto”.