“Hemos estado un fin de semana en una discusión de gente que está sentada, en distintos lugares de su confort, opinando con mala información”, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, este lunes durante una conferencia de prensa convocada para explicar los cambios en el cálculo del costo promedio equivalente (CPE) para el Seguro Nacional de Salud (SNS), que impactarán en la devolución de aportes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa). A instancias de la oposición, el ministro fue citado por este tema a la Comisión Permanente del Parlamento.

El asunto irrumpió en la agenda el viernes, cuando el presidente Yamandú Orsi lo comentó en una conversación informal con periodistas en la Torre Ejecutiva. En la noche del sábado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dedicó un hilo de X para explicar en qué consiste la nueva metodología de cálculo del CPE, que se decretará en los próximos días. “Esto no se puede explicar de manera sencilla. Nosotros tenemos la obligación de ser muy claros y muy transparentes con la ciudadanía porque esto es relevante, pero esto fácil y sencillo no es; si fuera sencillo y fuera fácil, no nos daría tanto trabajo explicarlo”, reconoció Oddone, que estuvo acompañado por el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba.

Tal como sostuvo Vallcorba en una entrevista con el programa En perspectiva este lunes, el ministro dijo que el cambio metodológico “era una recomendación formulada por los servicios técnicos del MEF hace mucho tiempo”, concretamente, desde 2019, que no fue tomada en cuenta por los gobiernos anteriores. “Nosotros sí creímos que, por distintas circunstancias, era importante considerarlo, porque, estrictamente, la metodología actual que está rigiendo está subestimando el costo promedio de los usuarios del sistema de salud”, afirmó el ministro.

“Puede haber circunstancias o momentos del tiempo que hayan obligado a las autoridades a no tomar esta decisión. Nosotros entendemos que no hay ninguna razón y ninguna circunstancia que en este momento impida tomar la decisión, porque es una decisión que va en la dirección correcta en relación con la gestión de los recursos públicos”, expresó Oddone.

El ministro admitió que es un tema “árido”, que además “afecta a intereses porque se trata de que hay personas que van a tener una menor devolución de la que tenían prevista o la que han tenido en los últimos años”. No obstante, sostuvo que para el gobierno este “es el camino que hay que recorrer para balancear las prestaciones con los costos que el sistema tiene”.

Consultado por la prensa sobre si la medida debería haberse anunciado en la campaña electoral, el ministro afirmó que el equipo económico lo tomó “como iniciativa hace algunos meses, bastante después de haber asumido”; de todos modos, consideró que era “bastante difícil que este tema hubiera podido entrar en campaña”, ya que “no hubiera tenido mucho sex appeal que digamos”.

Según informó el MEF, los cambios apuntan a corregir “dos errores de diseño”, permitiendo una “estimación más precisa, más ajustada a la relación de lo que se presta como servicio y lo que se paga por él, que genera estos efectos en la devolución”. El ministro sostuvo que las modificaciones “no requieren cambios legales” y agregó que “no introducen ningún cambio en el derecho de los usuarios a tener devolución”: “Eso no se modifica. La devolución sigue estando vigente, lo que simplemente ocurre es que hay un cambio en cómo se calcula el costo promedio, y en la medida en que el costo promedio integra el criterio de la devolución, afecta la devolución de los usuarios”.

Entre 60.000 y 70.000 trabajadores no recibirán una devolución en 2027

“Más allá de que naturalmente esto tiene un impacto fiscal”, complementó Vallcorba, “la motivación no tiene que ver con razones de naturaleza fiscal”, sino que surge “de los problemas de diseño que actualmente tiene el cálculo”.

Vallcorba fue el encargado de profundizar en el aspecto técnico de los cambios. El equipo económico estima que el cambio en la metodología del cálculo del CPE recaerá sobre 60.000 a 70.000 trabajadores, que no recibirán una devolución en 2027. La reducción en la devolución supondrá una recaudación del orden de los 70 u 80 millones de dólares, con lo cual disminuirá parcialmente el déficit del Fonasa, que en 2024 se ubicó en el entorno de los 820 millones de dólares.

El subsecretario del MEF dijo que el CPE, “esencialmente, lo que refleja es el costo que le genera al SNS la atención que le da a cada uno de los beneficiarios a lo largo de su vida”. El costo está dado por las cápitas que el Fonasa “les paga a las instituciones, a las mutualistas, a ASSE, las cuales varían según sexo y edad. A partir de enero de 2026, con los cambios introducidos, el valor del CPE será de 6.693 pesos; actualmente es de 4.828 pesos.

El CPE “se calcula desde el momento en que las personas nacen hasta que mueren, tomando en consideración la expectativa de vida de las personas”, 75 años en el caso de los hombres y 81 años en las mujeres, añadió. Dicha metodología, señaló Vallcorba, “subestima el valor del costo promedio equivalente, o sea, arroja un costo que termina siendo menor al que el seguro efectivamente enfrenta en la actualidad”.

En definitiva, Vallcorba señaló que “el CPE que se calcula termina siendo menor al costo que efectivamente asume el seguro para darnos la cobertura de salud. Los cambios introducidos por el actual gobierno reemplazan la expectativa de vida por las “curvas de supervivencia”, que reflejan “cómo se va distribuyendo la esperanza de vida específica de cada una de las personas que integran cada una de las generaciones”. Asimismo, en el cambio metodológico se establece que, en lugar de considerar el promedio de las cápitas desde el nacimiento, se hará sobre la base del promedio de los últimos 18 años.

Por otra parte, Oddone puntualizó que “los aportes mínimos que realizan los trabajadores no dependientes no van a verse afectados por este cambio”. Los aportes de estas personas al Fonasa están atados al CPE, y dado que “no es el propósito del gobierno que las personas que trabajan en relación de no dependencia hagan un mayor aporte”, el Poder Ejecutivo acordó con el Banco de Previsión Social “que, por ahora, los aportes van a seguir siendo exactamente los mismos” hasta que se apruebe una ley “que separe el concepto de CPE de los aportes mínimos”, indicó.

Vallcorba agregó que “no hay un fundamento” por el cual los aportes mínimos de los no dependientes tengan que estar atados al CPE. “Nos parece que es muy importante reafirmar que no existe ninguna modificación en los aportes mensuales que tiene que hacer ningún trabajador, ni dependiente ni no dependiente”, resaltó el subsecretario.

La oposición también convocará a Lustemberg al Parlamento

Por su parte, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, defendió este lunes durante una rueda de prensa los cambios sobre el cálculo de las devoluciones, los cuales permitirán “que tengamos más recursos para que más personas tengan la mejor calidad de atención”. La ministra remarcó que se trata de un sistema “solidario”, y apuntó que “en ningún país con un sistema nacional integrado, con cobertura universal, como lo tenemos nosotros, con un Fondo Nacional de Recursos que cubre patologías y fármacos de alto precio, se devuelve”.

Antes de la conferencia de prensa de Oddone y Vallcorba, el senador del Partido Nacional Javier García anunció que, además del equipo económico, la oposición citará a Lustemberg a la Comisión Permanente del Parlamento. “40% de aumento de aportes tiene que tener la explicación de los costos de atención. La ministra afirmó en campaña que no habría cambios de financiamiento. ¿Entonces?”, expresó en X el legislador nacionalista.