Tres días antes del Día Internacional de la Mujer, la bancada del Frente Amplio (FA) desarchivó este miércoles en la Cámara de Senadores tres proyectos de ley vinculados a la temática, que no prosperaron en la pasada legislatura. Según manifestó a la prensa la presidenta del Senado, Carolina Cosse, esto supone dar “un mensaje claro” sobre “los derechos humanos” y “la autonomía económica de las mujeres”. Los tres proyectos fueron remitidos a la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género.

El primer proyecto establece que los delitos sexuales previstos en el Código Penal (violación, abuso sexual, atentado violento al pudor, entre otros) serán imprescriptibles cuando “la víctima haya sido una niña, niño o adolescente”. Este proyecto fue presentado por el FA a mediados de 2020, pero no tuvo tratamiento alguno en la pasada legislatura.

En la exposición de motivos del proyecto se sostiene que “las especificidades de estos hechos delictivos son incompatibles con las reglas de la prescripción”, dado que en múltiples casos existe impunidad “por haber prescrito el delito al momento en que la víctima logra autonomía y puede transitar los procesos psicológicos internos imprescindibles para su acceso a la justicia”.

Consultado al respecto, el senador del Partido Colorado (PC) Andrés Ojeda consideró en una rueda de prensa que una modificación de este tipo debería encuadrarse en una reforma integral del Código Penal. “Dicen que no deberían prescribir los delitos sexuales, ¿y qué pasa con el homicidio? Les cuento que el homicidio es más grave que cualquier delito sexual, y prescribe, porque hoy la prescripción está atada a las penas; por eso lo que debemos discutir son reglas generales y no remiendos en particular”, expresó el abogado penalista.

El segundo proyecto desarchivado por el FA plantea subir de 16 a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio. En la exposición de motivos se argumenta que tanto el matrimonio infantil como las uniones tempranas de personas menores de edad “son fenómenos sociales complejos que comprometen el ejercicio pleno de los derechos de las niñas y adolescentes”. Cosse puntualizó que por este tema “Uruguay está observado por más de diez organizaciones internacionales”.

Luego de votar a favor de la moción para desarchivar los tres proyectos, la senadora del Partido Nacional (PN) Graciela Bianchi apuntó que este proyecto en particular debería tratarse en la Comisión de Constitución y Legislación, ya que “significa la modificación del Código Civil”. “Ya tuvimos la experiencia del período pasado, donde tuvimos que tratar de integrar las comisiones y funcionó muy mal”, añadió.

Durante el anterior período legislativo, este proyecto se trató en ambas comisiones. Una de las mayores resistencias que encontró fue la del senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech, quien en una de las sesiones consideró “absolutamente absurdo limitar a los jóvenes el derecho a contraer matrimonio” en aquellos casos en los que ya existe “una familia de hecho”. A su juicio, prevalecía “una mirada prejuiciosa sobre el matrimonio que, sabemos que de larga data, algunos sectores ideologizados han buscado derogar”.

El tercer proyecto que el FA pretende rediscutir dispone que todo empleador –público o privado– con una plantilla de más de 50 trabajadores deberá reportar semestralmente al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) el promedio salarial de sus empleados “sin discriminar por género”. Con estos datos, Inmujeres posteriormente “elaborará un indicador sobre brecha salarial de género, según rama de actividad, que se publicará semestralmente en su página web”. A diferencia de los otros dos proyectos, esta iniciativa llegó a aprobarse en la Cámara de Diputados a fines de 2023, pero luego no superó el Senado.

La senadora del FA Constanza Moreira aseguró en una rueda de prensa que estos proyectos desarchivados “irán acompañados de una nueva camada de proyectos” con perspectiva de género. De todos modos, Moreira abogó por el cumplimiento efectivo de la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género (19.580). “Yo quiero ver ahora cuando venga el presupuesto si estamos dispuestos, todos los que hablamos de esa ley, a otorgarle los recursos que esa ley necesita”, expresó.

Los desarchivos de la oposición

La nueva oposición también reflotará iniciativas de la pasada legislatura. Legisladores del PC, por ejemplo, ya presentaron nuevamente el proyecto para establecer el ingreso de funcionarios a los gobiernos departamentales “por concurso público y abierto”, así como el proyecto para modificar la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género.

Por su parte, el diputado del PC Conrado Rodríguez volverá a presentar en los próximos días el proyecto que plantea disminuir el mandato del fiscal de Corte de diez a seis años. Rodríguez había presentado este proyecto en setiembre del año pasado, ya en el marco de la campaña electoral, y no se trató.

En diálogo con la diaria, Rodríguez sostuvo que “la práctica ha demostrado que diez años de mandato para el fiscal de Corte es un exceso”. Mencionó que actualmente “no hay ningún organismo descentralizado que tenga diez años de mandato”.

En la exposición de motivos se sostiene que, tras la reforma del Código del Proceso Penal, la Fiscalía está en “permanente exposición en los medios de comunicación y, por lo tanto, más expuesta al debate público”. “El desempeño del cargo desgasta a la persona de su titular, su imagen, y se corre el riesgo de que los aciertos y errores de quienes lo desempeñan se asocien a la propia institución, máxime cuando se trata de un órgano de soporte unipersonal”, se señala.

Rodríguez planteó que el período de seis años se dispuso para que la designación del fiscal de Corte “no coincida con el proceso electoral” y “no esté teñida de discusiones político-partidarias”. Apuntó además que el proyecto “ha tenido buena recepción por parte del prosecretario de Presidencia” y exfiscal de Corte, Jorge Díaz, y también por parte de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay.

En el PN, en tanto, el senador Sergio Botana anunció este miércoles que desarchivará 14 proyectos, dos de ellos vinculados a la exmutualista Casa de Galicia. Uno autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Administración de los Servicios de Salud del Estado a efectuar los pagos pendientes de Casa de Galicia “sin la exigencia de requisito alguno”. El otro establece a texto expreso la obligación del Estado de “pagar la totalidad de los créditos laborales posconcursales [...] que no hayan podido ser cubiertos con el producido del concurso de dicha institución a todos los trabajadores”.

Por su parte, Bianchi dijo a la diaria que la bancada del PN aún no resolvió qué otros proyectos recuperará de la pasada legislatura. No obstante, a título personal, adelantó que solicitará el desarchivo de dos proyectos: el primero, de su autoría, propone la creación de un Instituto de Medicina Legal y Forense como servicio descentralizado; el segundo, presentado por el senador del FA Charles Carrera, plantea la creación de una Defensa Pública del Uruguay, también como servicio descentralizado. “Los hicimos a espejo con Charles Carrera; pienso pedir el desarchivo de los dos”, manifestó.